Panorama
Esposa e hijas Abinader entre firmantes que rechazan el nuevo Código Penal
Más de 1,000 personas firmaron una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader, entre ellas su esposa Raquel Arbaje y sus hijas Graciela, Esther y Adriana, en la que advierten sobre los «graves retrocesos» en derechos humanos que implica la aprobación del nuevo Código Penal en su versión actual.
El documento, suscrito por activistas, profesionales, organizaciones sociales, académicos, periodistas, juristas y ciudadanos comprometidos, exige un marco legal que proteja efectivamente la vida, la dignidad y la justicia, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
La carta sostiene que no se trata de un «simple cambio legislativo», sino de una «decisión que marcará el rumbo ético y social de República Dominicana».
Entre los puntos más preocupantes, señala una tipificación limitada del feminicidio, restringida a solo tres circunstancias, lo que deja sin reconocimiento cientos de c
También denuncia barreras probatorias en los casos de violencia intrafamiliar, que invisibilizan agresiones graves y contradicen los estándares internacionales de protección.
Otro aspecto crítico es la prescripción de delitos sexuales, incluso en situaciones de incesto o violación a niñas, priorizando el silencio y la impunidad sobre la justicia.
Además, condena la criminalización absoluta del aborto, al excluir las tres causales mínimas: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación o incesto.
Según la carta, esta postura legislativa expone a miles de mujeres y niñas a la muerte, el sufrimiento innecesario o la cárcel.
“Eliminar estas protecciones no es neutralidad: es legislar desde el privilegio y el desconocimiento de la realidad que viven muchas dominicanas”, afirma el documento.
Recuerda que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país y que un enfoque punitivo perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.
El mensaje es: sí a una reforma del Código Penal, pero no a costa de «los derechos fundamentales».
Panorama
DGII dice no hay fallos con facturación electrónica tras denuncia de Carlos Durán
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) se pronunció tras la denuncia realizada por el influencer Carlos Durán sobre los retrasos e inconvenientes que, según él, ha generado el sistema de facturación electrónica en su negocio.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución aseguró que sus sistemas no han presentado interferencias ni afectaciones en dichos servicios, incluyendo la recepción, validación y procesamiento de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF).
‘‘En ese sentido, las situaciones recientemente señaladas por un establecimiento comercial no corresponden a fallas ni incidencias en los sistemas o la infraestructura tecnológica de la Administración Tributaria’’.
Durán denunció los inconvenientes y retrasos que le ha causado el sistema de facturación electrónica en su negocio.
Carlos Durán denuncia retrasos en su negocio por la facturación electrónica
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Asimismo reiteró que sus servicios se mantienen operando con normalidad, ofreciendo la calidad y el respaldo que requieren los contribuyentes.
‘‘La DGII mantiene sus plataformas tecnológicas estables y disponibles, garantizando la continuidad de sus servicios digitales’’, agregó
La denuncia de Carlos Durán
El influencer manifestó su descontento con el sistema de facturación electrónica mediante un video en sus redes sociales alrededor de las 3:15 de la madrugada.
En el audiovisual se podía observar una larga fila de personas en espera de ser atendidas debido a retrasos en el proceso de pago con tarjeta, según denunció Durán.
Ante esta situación, el creador de contenido cuestionó el obligatorio uso de dicho sistema en los establecimientos comerciales del país, señalando que, si la DGII exige su implementación, también tiene la responsabilidad de garantizar su correcto funcionamiento.
Vía Listín Diario
Panorama
Dictan coerción a joven por amenazar en redes sociales a embajador Bartolomé Pujals
A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso medidas de coerción contra un hombre investigado por amenazar a través de perfiles falsos en redes sociales a Bartolomé Pujals, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La jueza Cecilia Toribio dispuso que el imputado, identificado como Marvin Dariel Acosta, de 24 años, cumpla con el pago de una garantía económica de RD$25,000 mediante contrato de fianza, además de presentación periódica durante seis meses ante el órgano investigador.
Rastreo digital y amenazas
Acosta fue identificado tras una labor conjunta entre la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI).
Durante las pesquisas, las autoridades documentaron los mensajes hostiles dirigidos al embajador Pujals desde cuentas falsas, entre los que figuran expresiones como: “¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!” y “¡Ya le llegó su hora!”.
El joven fue arrestado en su residencia, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, en ejecución de la orden judicial núm. 2026-AJ0083675. Sobre las motivaciones del hecho, el investigado declaró que no conocía personalmente al diplomático.
Calificación jurídica
Previo a la decisión del tribunal, el Ministerio Público había solicitado la imposición de las medidas establecidas en el artículo 226 (numerales 1, 3 y 4), que contemplan garantía económica, sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y presentación periódica.
De manera provisional, el órgano persecutor otorgó al expediente la calificación jurídica de violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifica la suplantación de identidad, así como a los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano, que sancionan el delito de amenaza.
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