El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, un hombre arrestado en Mao, Valverde, por falsificar documentos públicos y registrar defunciones de personas con las que tenía deudas económicas.
El imputado fue detenido en un allanamiento a su vivienda, luego de que las autoridades establecieran que se dedicaba a falsificar y usar fraudulentamente documentos para cometer sus crímenes.
Según la investigación, Mendoza, quien cometió los hechos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, utilizaba información falsa para registrar las muertes ante unidades médicas y oficinas de la Junta Central Electoral (JCE).
Hasta el momento, se han identificado seis víctimas, a quienes declaraba muertas para evitar pagar préstamos que les había concedido. Cinco de estas víctimas fueron declaradas fallecidas en Salud Pública y luego en la JCE, mientras que una sexta fue registrada solo en el Ministerio de Salud.
Estafas con préstamos y vulnerabilidad
Una de las maniobras del imputado consistía en ofrecer préstamos de entre RD5,000yRD15,000 a personas en situación de vulnerabilidad económica, que recibían beneficios mensuales de RD$2,100 a través de programas de asistencia social. Mendoza retenía las tarjetas de asistencia de sus víctimas como garantía.
Cuando no podía cobrar el dinero, se presentaba en diferentes Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, fingiendo ser familiar directo (primo, tío o esposo) de las víctimas, para declarar sus fallecimientos. Para ello, fingía estados de aflicción emocional y vulnerabilidad.
Falsificación y uso de médicos sin exequátur
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantía y sin el exequátur necesario para ejercer su profesión, a quienes Mendoza solicitaba el servicio en diferentes turnos.
Colaboración interinstitucional y solicitud de complejidad
La conducta de Mendoza constituye una violación al Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos, además de una violación a la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, que se refiere a la falsedad.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, ha solicitado que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos y el uso de documentos públicos falsificados.
Las autoridades cuentan con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la audiencia para el próximo viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, tras acoger una solicitud de la defensa del imputado.
