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Prisión domiciliaria y garantía económica a sacerdote acusado de violación en Villa Los Almácigos

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La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez impuso este jueves medidas de coerción contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de haber agredido sexualmente a una menor hace más de 20 años en el municipio Villa Los Almácigos.

La jueza dispuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de 500,000 pesos que deberá hacerse efectiva a través de una compañía aseguradora.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra el religioso en atención a las denuncias públicas presentadas por varias víctimas; entre ellas figuran dos hermanas que aseguraron haber sido agredidas desde los 12 y 14 años, hechos que, según los relatos, se prolongaron durante varios años.

Una de las denunciantes formalizó la querella el 12 de septiembre de 2025, cuando hizo la exposición ante la Fiscalía local.

En la audiencia, la magistrada rechazó además la solicitud de extinción del proceso como medida de protección a las presuntas víctimas, por lo que el caso seguirá su curso en el sistema judicial.

El Ministerio Público informó que las conductas atribuidas al imputado han sido calificadas provisionalmente con artículos del Código Penal que sancionan la agresión y violación, así como normas del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Diócesis de Mao–Montecristi confirmó que el padre Peña Sánchez fue suspendido del ejercicio público de su ministerio “para fines de investigación” y ofreció acompañamiento espiritual y psicológico a las presuntas víctimas, además de reiterar su disposición a cooperar con las autoridades. En un comunicado oficial la diócesis afirmó que “en la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”.

Fuentes fiscales señalaron que la orden de arresto fue tramitada por la jueza Anabel Rodríguez Peralta y que la pesquisa continúa ampliando la toma de testimonios, que podrían incluir a otras personas que han denunciado públicamente al imputado o se han acercado a la Fiscalía.

Mientras tanto, la decisión de imponer prisión domiciliaria y la garantía económica —en lugar de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía— podría ser recurrida por el órgano persecutor.

El caso ha provocado reacciones en la comunidad local y en redes sociales, donde varias víctimas y testigos han publicado denuncias y relatos que, según la Fiscalía, han servido como punto de partida para ampliar las investigaciones. Por ahora, el sacerdote permanece bajo las medidas ordenadas por el tribunal mientras se desarrolla el proceso judicial.

Vía Listín Diario

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Los senadores aprueban préstamos por US$465 millones en única sesión

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El Senado aprobó este viernes dos contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de 465.5 millones de dólares, menos de 24 horas después de recibir las iniciativas desde la Cámara de Diputados y sin que fueran enviadas al estudio habitual de comisión.

Apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el domingo, los financiamientos fueron conocidos y sancionados en una única sesión, con lo que completaron su trámite legislativo tras haber sido aprobados ayer por la Cámara de Diputados.

El primero de los empréstitos asciende a 200 millones de dólares y será destinado al financiamiento del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial en la República Dominicana, que ejecutarán el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con el contrato, el programa busca mejorar las condiciones para «una movilidad segura» mediante intervenciones en infraestructura vial y la implementación de medidas regulatorias prioritarias.

Entre sus objetivos figuran aumentar la seguridad en la red vial principal del país, intervenir los entornos escolares y fortalecer la gestión, fiscalización, educación y atención a víctimas de accidentes de tránsito.

Segundo préstamo
El segundo préstamo, por 265.5 millones de dólares, financiará el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, cuya ejecución estará a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna, mediante el fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico, la reducción de los riesgos por inundaciones, la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, la adopción de tecnologías agropecuarias sostenibles y la rehabilitación de infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones.

Trámite exprés
Con la aprobación del Senado, ambos contratos de préstamo quedaron listos para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Aunque en la Cámara de Diputados los préstamos tardaron semanas en aprobarse y fueron revisados por la Comisión de Hacienda, el Senado ignoró el trámite de estudio y decidió aprobarlos el mismo día que los recibió.

Durante el conocimiento de los endeudamientos en la Cámara de Diputados, ambos contratos fueron criticados por horas por los legisladores de la oposición, pero en el Senado pasaron en un trámite exprés y sin ninguna discusión.

Los únicos que votaron contra los préstamos fueron los senadores de la Fuerza del PuebloOmar FernándezEdward Espiritusanto y Félix Bautista.

FUENTE: Diario Libre

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Tribunal de Ocoa condena a joven a 6 meses de prisión por robo de 32 aguacates

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El tribunal colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa condenó a 6 meses de prisión a un hombre hallado culpable del robo de 32 aguacates en la finca del empresario agrícola Midiam Calderón, ubicada en la calle Duarte en San José de Ocoa.

Los jueces que integran el tribunal colegiado Alfis Brandeli Castillo Castillo, Víctor G. Cuevas Cruz y David A. Santos Merán sentenciaron a Juan Alcántara Martínez, conocido como “Último”. Este joven deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Baní.

Reseña Listín Diario que Midiam Calderón, quien tiene su finca de aguacates en el lugar conocido como ´Vengan a ver´ desde 1981, dijo que Juan Alcántara Martínez le ha acabado con los aguacates y pidió que fuera condenado.

Calderón indicó que debido a varios robos que ha sufrido en su finca, ya le puso un «se vende».

Durante el desarrollo del juicio de fondo, la Defensa Pública que asistió al imputado pidió sentencia absolutoria por entender que no se rompió la inocencia de este.

El imputado también fue condenado además a una multa de 500 pesos.

El tribunal que entendió, además, que había elementos suficientes que demostraron la responsabilidad penal.

Asimismo, en el juicio de fondo, el segundo teniente policial, Julio Sánchez, quien fue testigo del caso, dijo que al imputado se le ocupó un arma blanca tipo machete, la cual fue presentada al tribunal.

 

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