Panorama
Nuevo sistema de licencias de conducir garantiza más seguridad, cobertura y beneficios para los ciudadanos
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó los beneficios del nuevo sistema de emisión y renovación de licencias de conducir en la República Dominicana, un modelo que fortalece la seguridad vial, amplía la cobertura y ofrece mayor protección a los ciudadanos bajo estándares internacionales.
El anuncio se realizó en el marco de una rueda de prensa que reunió a periodistas, comunicadores, líderes de opinión, académicos y representantes del sector transporte, donde el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, explicó que el nuevo modelo “no es solo un cambio administrativo, sino una transformación integral que devuelve soberanía de los datos al Estado, asegura transparencia total y moderniza el sistema con estándares internacionales”.
Morrison subrayó que, a diferencia del contrato anterior que genera un déficit al Estado Dominicano (no beneficios), este nuevo esquema no generará un déficit al estado sino que generará beneficios. Mantendrá las mismas tarifas para los ciudadanos y proyecta ganancias muchos mayores a RD$1,000 millones para beneficio del Estado dominicano.
Además, por primera vez, el software y el código fuente del sistema serán propiedad exclusiva del Estado dominicano, garantizando soberanía tecnológica y control absoluto sobre los datos de los ciudadanos.
El contrato fue adjudicado al consorcio Mobility ID, integrado por G.E.T Secuere ID Corp., Consorcio STC, S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos LTDA y Midas Dominicana S.A.
Licencias más seguras y duraderas
Las nuevas licencias estarán fabricadas en policarbonato de última generación, con una durabilidad mínima de 7 años frente a los 5 años de las anteriores en PVC/PET. Incorporan grabado láser, estructuras lenticulares, hologramas, ventanas transparentes, QR dinámico y tecnología PKI, cumpliendo con el estándar ISO/IEC 7810:2019, lo que refuerza la protección contra falsificaciones .
El sistema también introduce la licencia digital (mDL) bajo el estándar ISO/IEC 18013-5:2021, que en su primera etapa abarcará el 10 % de los usuarios, representando un paso hacia la digitalización de servicios y la movilidad segura.
Más cobertura y acceso equitativo
El servicio de emisión de licencias pasa de ser ofrecido en 14 provincias y 5 ciudades en el extranjero a estar disponible en las 31 provincias, el Distrito Nacional y 10 ciudades internacionales: Nueva York, Orlando, Miami, Madrid, Filadelfia, Puerto Rico, New Jersey, Boston, Barcelona y Bruselas. Es decir, el doble de cobertura nacional e internacional.
Esto permitirá que los dominicanos tanto en el territorio nacional como en la diáspora tengan un acceso más ágil y equitativo a sus licencias.
Evaluaciones médicas, sistema de puntos y digitalización de multas
El nuevo modelo incorpora por primera vez evaluaciones médicas completas: visión, audición y pruebas psicológicas, bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública.
Asimismo, se activará el sistema de puntos de la Ley 63-17, con un software especializado cuyo código fuente será del Estado, consolidando la independencia tecnológica y fortaleciendo la fiscalización en las vías.
Otra de las innovaciones clave es la integración del código QR en las licencias para fines de interoperabilidad, lo que permitirá a la DIGESETT digitalizar y gestionar las multas de manera más ágil y transparente a través de una aplicación móvil.
Este avance moderniza la fiscalización, reduce los procesos manuales y fortalece la trazabilidad en el registro de infracciones.
Transparencia y acompañamiento institucional
El proceso estuvo acompañado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), apoyo en consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las aprobaciones y veeduría del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CODINTRANT), el Consejo de Expresidentes del Colegio Dominicano de Abogados, y otros veedores como las universidades INTEC y UNPHU, el director del periódico Acento, el urbanista y sociólogo César Perez, así como juristas independientes y una veeduría ciudadana, lo que garantizó un proceso transparente y abierto desde su inicio hasta su adjudicación .
El miembro del CODINTRANT Y viceministro de Interior y Policía, Edwin Félix, valoró la transparencia del proceso, y la
Integridad cómo se manejó el mismo por parte del INTRANT que mantuvo al tanto a dicho órgano, así como el traspaso del control de los datos como un tema de seguridad nacional.
El abogado y expresidente del Colegio de Abogados, Miguel de la Rosa, en representación de todos los expresidentes del colegio de abogados, resaltó la solidez legal del contrato y el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad.
De su lado, el vicerrector del INTEC, Arturo del Villar calificó el nuevo sistema como un ejemplo de transparencia, gobernanza pública moderna, mientras que el representante de la UNPHU José Antonio Constanzo, afirmó que este proceso “fortalece la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.
Finalmente, Morrison puntualizó que este nuevo sistema de licencias no es solo un servicio más eficiente; es un modelo de Estado moderno que pone en el centro a los ciudadanos, garantiza transparencia, seguridad y de obtención de beneficios para el Estado dominicano.
Panorama
Efemérides Patrias califica de “rastrera” la campaña contra el Escudo Nacional en la nueva cédula
El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, aseguró que el Escudo Nacional que luce el nuevo formato de la cédula de identidad fue revisado y aprobado por las instituciones correspondientes.
Esta declaración surge en respuesta a las recientes quejas, dudas y rumores que han circulado en redes sociales sobre el diseño del emblema patrio oficial de República Dominicana.
A través de un comunicado, Uribe calificó a esta campaña contra el Escudo de “rastrera, pérfida, maliciosa, vil y antinacional contra un documento clave para la institucionalidad y la nacionalidad como la cédula de identidad y electoral”.
Aseguró que el símbolo patrio está de forma correcta.
“Todos los que de manera perversa se han involucrado en esa campaña mentirosa saben perfectamente que el Escudo Nacional colocado en la cédula es absolutamente correcto y que, además, se ve reforzado por la utilización por primera vez en la historia dominicana de la figura de Juan Pablo Duarte en la misma, además de otros elementos simbólicos de carácter patriótico”, sostuvo Juan Pablo Uribe.
A estas aseveraciones también se suma el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, quien aclaró los supuestos cuestionamientos sobre la nueva presentación del documento electoral.
Consideró que el diseño incluye de forma correcta el lema nacional «Dios, Patria y Libertad», así como la Biblia abierta en el pasaje bíblico que manda la ley.
Asimismo, alegó que la imagen del patricio Juan Pablo Duarte cuenta con la certificación oficial de lugar.
Vía Listín Diario
Panorama
Instituciones públicas no podrán exigir documentos que otra entidad del Estado ya tenga
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 403-26, mediante el cual crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información entre las instituciones del Estado y agilizar la prestación de los servicios públicos.
La medida busca que las entidades gubernamentales puedan compartir datos, documentos electrónicos y otros registros de forma segura, estandarizada y oportuna, reduciendo la burocracia y evitando que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentos que ya reposan en otra institución estatal.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Administración Pública (MAP) será el órgano rector de la iniciativa y tendrá a su cargo la elaboración de los lineamientos, normas y estándares de interoperabilidad, además de supervisar su cumplimiento y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) será responsable de la operación técnica del sistema y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, que servirá como infraestructura para el intercambio de información entre las instituciones públicas.
Obligaciones para las instituciones
El decreto dispone que los organismos del Estado deberán priorizar el intercambio de información entre entidades antes de requerir a ciudadanos o empresas documentos que ya existan en otra dependencia pública.
Asimismo, cada institución tendrá la responsabilidad de mantener actualizados sus registros de datos para facilitar su localización e intercambio, sin perder la titularidad ni el control sobre la información bajo su administración.
La normativa será de cumplimiento obligatorio para los órganos de la Administración pública central, descentralizada, desconcentrada y autónoma, así como para las instituciones de la seguridad social y demás entidades estatales que administren registros, sistemas de información o servicios digitales.
Coordinación con la Junta Central Electoral
El decreto también establece que los procesos y servicios públicos que requieran verificar la identidad de una persona deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las atribuciones constitucionales de ese organismo.
En ese sentido, el MAP y la JCE impulsarán mecanismos de colaboración para facilitar la validación de identidad y la consulta de información del Registro Civil cuando sea necesario para la prestación de servicios públicos.
La disposición precisa que los datos obtenidos mediante la interoperabilidad con el Registro Civil solo podrán utilizarse para fines legítimos y compatibles con las competencias de la institución solicitante, con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales y la confianza en los servicios digitales del Estado.
Con la entrada en vigor del decreto 403-26 queda derogado el decreto 92-22, emitido en febrero de 2022, que regulaba el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad.
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