La jueza Licelot Casado denegó la solicitud de libertad condicional interpuesta por Pablo Ross, condenado a 10 años de prisión por violación a la Ley 136-03, sobre el Sistema de Protección Integral de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, consistente en agresión sexual agravada.

“Es criterio de esta juzgadora que el tiempo de la pena cumplido por el interno no ha sido suficiente en lo concerniente al desagravio social por la infracción que originó su condenación, como resarcimiento a la sociedad y ejemplarización a la misma, no ha existido por parte del interno un arrepentimiento; unido además con garante que no garantizada la idoneidad que resultan sumamente atendibles en el ámbito social donde fue ejecutado el hecho”, consideró la magistrada.

La magistrada, interina de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, tuvo entre sus motivaciones que “el garante del interno no pudo probar su solvencia”, ya que se presentó alegando tener una compañía con 14 años de constituida y durante la audiencia no presentó las pruebas de la existencia de su empresa, lo que lo hace una persona que la norma no le permite ser garante.

Además, manifestó que sale del país constantemente, por lo que el tribunal entendió que esta persona no podría supervisar al interno.

“Este garante no ha cumplido con los requisitos que establece la norma, en cuanto a la idoneidad y no ha demostrado con evidencia lo que ha manifestado en sus declaraciones en el plenario”, establece la decisión.

Otra de las motivaciones de la jueza Casado estuvo sustentada en las declaraciones de los padres de la menor, constituidos como víctimas, quienes alegaron no ha habido un resarcimiento real tanto a su familia como a la sociedad, lo que fue acogido por el tribunal.

Por otro lado, la defensa del condenado aportó documentaciones del estado de salud del interno, pero dicho informe no fue enviado a las demás partes del proceso, por lo que desistieron de los mismos, mientras que si fue presentada la certificación del centro penitenciario estableciendo “un buen estado de salud”.

Los abogados de Pablo Ross podrán solicitar nuevamente la libertad condicional en un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de la decisión.