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Exrector del ITLA niega acusaciones en su contra; solicitó revisión técnica de su gestión

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El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, hizo pública este lunes una carta abierta dirigida a la ciudadanía, negando las acusaciones en su contra.

Féliz García, destituido de su cargo en el ITLA el pasado viernes por el presidente Luis Abinader, mantuvo la disposición a que su gestión y su situación patrimonial sean examinadas por los órganos competentes del Estado.

Asimismo, en la referida carta, detalló aspectos relacionados con su trayectoria familiar, profesional y académica, así como con operaciones financieras personales debidamente respaldadas por entidades bancarias.

En ese sentido, el también exministro de Juventud informó que el pasado lunes 19 de enero solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica de los procedimientos institucionales del ITLA, proceso que —según indicó— está en marcha con «total colaboración» de su parte.

Sobre las acusaciones en su contra, el exfuncionario aseguró que no exigía ni condicionaba el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de colaboradores del ITLA a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de ningún movimiento o estructura política.

Acerca del aumento de su patrimonio desde su integración a los Gobiernos de Luis Abinader, Féliz García dijo que tiene un apartamento adquirido en 2023, valorado en poco más de RD$ 10.7 millones, el cual fu financiado a través de un préstamo, que actualmente cuenta con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años.

Igualmente negó que este inmueble sea un penthouse, afirmando que se trata de un «modesto» apartamento de una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a una azotea.

«Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación», leía parte de su misiva.

También hizo referencia a un vehículo al que se le vinculaba, indicando que este también fue financiado y luego lo vendió el año pasado.

A continuación, la carta pública de Féliz García:

Santo Domingo, República Dominicana

26 de enero de 2026

Carta a la ciudadanía: Por el honor de mi familia, el compromiso con el servicio público y el respeto al país.

A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.

Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.

1.⁠ ⁠Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.

Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.

2.⁠ ⁠En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.

En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial.

Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.

Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.

3.⁠ ⁠En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.

4.⁠ ⁠De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.

En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios.

Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar.

Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.

Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.

Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.

Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.

Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.

“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará.

Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”

Salmos 37:5–6

Rafael Jesús Féliz García.

 

Vía Listín Diario

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Dictan un año de prisión preventiva a peruano por falsa alarma de bomba en el AILA

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La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva contra Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero.

La medida, solicitada por el Ministerio Público, deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras tras la investigación ser declarada compleja.

El fiscal Andrés Mena indicó que la jueza Karen Minyeti acogió las pruebas presentadas al tratarse de una amenaza de bomba que resultó ser falsa y activó los protocolos de seguridad aérea de alcance nacional e internacional.

“El juez determinó que existen elementos suficientes que vinculan al imputado con los hechos y que justifican la imposición de la prisión preventiva”, indicó el representante del Ministerio Público.

Entre las pruebas presentadas figura el teléfono celular desde el cual se realizó la llamada que generó el aviso, evidencia que fue ocupada e incorporada al expediente acusatorio.

La investigación permanece abierta para establecer las circunstancias que rodearon el hecho.

Ángel del Pino Cuya, acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el AILA, a su llegada al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)
Tras venir al país a pasar unas vacaciones, Angel del Pino decidió quedarse en el país, y ya lleva dos años y medio residiendo en República Dominicana.

Además laboraba en el entorno de aeropuertos, manifestó el fiscal.

Defensa rechaza medida

Por su parte, el abogado Rafael Lalane, defensa de Del Pino Cuya, calificó como desproporcionada la decisión del tribunal de imponer un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.

“Desproporcionada apostando a la buena justicia y presunción de inocencia. La investigación puede continuar sin una medida tan agraviosa”, expresó.

Calificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como una violación a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y a la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan penas de tres a 40 años de prisión, al tratarse de una conducta que afecta infraestructura crítica y la seguridad nacional.

Según la solicitud de coerción, el hecho ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando el imputado realizó una llamada a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, que ya se encontraba en el aire con pasajeros y tripulación.

La advertencia obligó al retorno de la aeronave, a una inspección de seguridad y al desvío de otros vuelos hacia diferentes terminales del país, provocando la interrupción temporal de las operaciones del AILA.

El imputado fue arrestado el pasado 22 de enero en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, aunque con impacto directo en la operatividad aeroportuaria y la seguridad del transporte aéreo.

Vía Diario Libre

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Santiago Hazim y a otros seis acusados en el caso Senasa seguirán en prisión

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Foto DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINIC

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación presentada por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, por lo que continuarán cumpliendo prisión preventiva.

Todos cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos.

«Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados», dice la sentencia que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 a.m.

El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los motivos que dieron origen a la decisión adoptada previamentepor el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Al analizar el peligro de fuga, la corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley.

DL

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