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Exrector del ITLA niega acusaciones en su contra; solicitó revisión técnica de su gestión
El exrector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Jesús Féliz García, hizo pública este lunes una carta abierta dirigida a la ciudadanía, negando las acusaciones en su contra.
Féliz García, destituido de su cargo en el ITLA el pasado viernes por el presidente Luis Abinader, mantuvo la disposición a que su gestión y su situación patrimonial sean examinadas por los órganos competentes del Estado.
Asimismo, en la referida carta, detalló aspectos relacionados con su trayectoria familiar, profesional y académica, así como con operaciones financieras personales debidamente respaldadas por entidades bancarias.
En ese sentido, el también exministro de Juventud informó que el pasado lunes 19 de enero solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica de los procedimientos institucionales del ITLA, proceso que —según indicó— está en marcha con «total colaboración» de su parte.
Sobre las acusaciones en su contra, el exfuncionario aseguró que no exigía ni condicionaba el nombramiento, permanencia, ascensos o beneficios de colaboradores del ITLA a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de ningún movimiento o estructura política.
Acerca del aumento de su patrimonio desde su integración a los Gobiernos de Luis Abinader, Féliz García dijo que tiene un apartamento adquirido en 2023, valorado en poco más de RD$ 10.7 millones, el cual fu financiado a través de un préstamo, que actualmente cuenta con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años.
Igualmente negó que este inmueble sea un penthouse, afirmando que se trata de un «modesto» apartamento de una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a una azotea.
«Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación», leía parte de su misiva.
También hizo referencia a un vehículo al que se le vinculaba, indicando que este también fue financiado y luego lo vendió el año pasado.
A continuación, la carta pública de Féliz García:
Santo Domingo, República Dominicana
26 de enero de 2026
Carta a la ciudadanía: Por el honor de mi familia, el compromiso con el servicio público y el respeto al país.
A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.
Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.
1. Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.
Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.
2. En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.
En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial.
Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.
Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.
3. En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.
4. De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.
En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios.
Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar.
Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.
Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.
Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.
Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.
Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.
“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará.
Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”
Salmos 37:5–6
Rafael Jesús Féliz García.
Vía Listín Diario
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Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no irán a juicio
Un giro radical sacudió anoche el panorama judicial cuando la jueza Altagracia Ramírez limpió de culpa a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al dictar un “no ha lugar”, sentenciando que la Fiscalía no llevó pruebas que sirvieran para abrirles un juicio por corrupción.
Ambos exfuncionarios respiran libres tras defender a capa y espada que sus gestiones fueron transparentes y que el caso era puro “aire”.
Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina,quien no pudo esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.
Indica Listín Diario que ante esto, la barra de la defensa de Guerrero cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que las pruebas de la Contraloría General poseen vicios de origen, y que la acción penal contra su cliente ya se encuentra prescrita.
Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribuanl a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.
A su salida del tribunal, Gonzalo Castillo proclamó ante la prensa: “Voy con tó’ “.
Todo sobre el fallo
Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.
El tribunal dictaminó el no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
De acuerdo con la resolución del tribunal, las pruebas aportadas por la parte acusadora resultaron insuficientes para dictar un auto de apertura a juicio en contra de los imputados mencionados.
En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.
En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez),
Emilio Manuel, la razón social Alexis Rodríguez y Asociados (Firma de Abogados Asociados).
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.
Hechos antes del fallo
Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había convocado a las partes de manera formal para las 3:00 de la tarde para dar a conocer su decisión.
Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la magistrada todavía se encuentra encerrada en su despacho de la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ponderando la decisión de si enviaba a juicio de fondo a los acusados del sonado caso.
Ante la larga espera, el escenario en el tribunal reflejaba el agotamiento y los nervios de los presentes.
Mientras algunos implicados permanecian dentro de la sala de audiencias, otros, junto a sus consejos de defensa, caminan de un lado a otro por los pasillos del Palacio de Justicia, atentos a cualquier movimiento del personal del tribunal que anticipe la llegada de la jueza.
A medida que pasaban las horas de la noche, la expectativa crecía en el tribunal.
La magistrada Ramírez debía decidir si envíaba a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), quienes encabezan la lista de los acusados en este presunto entramado de corrupción.
Junto a ellos, también esperan la resolución el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
Tanto el órgano acusador como los abogados del Estado dominicano han solicitado de manera formal un auto de apertura a juicio.
Por el contrario, los equipos de defensa han pedido al tribunal rechazar el pedimento del Ministerio Público y dictar, en su lugar, un auto de “no ha lugar”, alegando la inocencia de sus representados.
Cabe destacar que, más temprano, a las 9:00 de la mañana, estaba prevista la lectura de la decisión respecto al exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso había sido separado provisionalmente por motivos de salud. La lectura del fallo fue fijada para el 19 de junio.
Un proceso de cinco años bajo la lupa
Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021.
A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
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Aplazan para el martes coerción contra empresario chino por presunta violencia de género
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes el conocimiento de medida de coerción contra el empresario chino Po Xie, acusado de presuntamente agredir a su compañera sentimental dentro de su residencia.
Durante la audiencia se informó que el hijo menor de la víctima, identificada como Tania Iris Naomi Valdez Sánchez, será evaluado el lunes en una cámara Gesell, debido a que habría sido testigo del presunto hecho violento.
El proceso judicial contra el propietario de la tienda Mudan ha generado atención pública luego de que fuera arrestado por la Fiscalía de Violencia de Género tras una intervención de agentes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
Según las informaciones preliminares, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar la situación ocurrida en la vivienda, lo que permitió la detención del empresario.
Po Xie permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso y se prepara para solicitar las medidas coercitivas correspondientes ante el tribunal.
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