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Ex empleado privado robó RD$60 millones a cuentas de clientes de un banco en el país
Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un ex empleado privado, acusado de robar 60 millones de pesos mediante la modalidad de intervenir varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba, para luego transferir el dinero a sus cuentas personales y después distribuirlo entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero a cambio de un porcentaje.
Una nota de prensa del Poder Judicial dice que Juan Luis Valdez Cascante «logró realizar múltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego las distribuyó entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero la mayoría de veces a cambio de un porcentaje».
El nombre de la entidad bancaria no fue suministrado.
Las autoridades indicaron que el imputado utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, una práctica que consiste en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evitar alertas y controles bancarios.
Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó junto a otros implicados aún bajo investigación, quienes también habrían resultado beneficiados de las operaciones fraudulentas.
El ex empleado enfrenta acusaciones por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Según las autoridades, el imputado se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos.
Vía Diario Libre
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Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada
La Policía Nacional informó este jueves sobre la muerte de una madre y su hijo, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que una tercera persona, fue encontrada en el lugar y permanece ingresada en un centro de salud.
El hecho ocurrió en la torre Arpel.
Dijo que los fallecidos fueron identificados como Raiza Mendoza, de 50 años de edad, y su hijo Yadin Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que Caroline Milagros Pérez, de 22 años de edad, es la joven que está ingresada.
Pesqueira explicó al periódico Diario Libre que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Caso bajo investigación
Pesqueira explicó que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Una fuente informó a Diario Libre que una de las hipótesis que se investigan es una posible intoxicación alimentaria.
La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas, incluyendo la identificación de las víctimas.
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Condenan a La Tora a un año de prisión por difamación a diputado Gory Moya
La jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a Claudia Pérez, conocida popularmente como “La Tora”, tras ser hallada culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).
La magistrada Octavia Carolina Fernández Curi, además de la pena privativa de libertad, condenó a «La Tora» al pago de una indemnización de 5 millones de pesos por los daños morales ocasionados al legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como al pago de las costas penales del proceso.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la imputada deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
Fundamentos del fallo
La magistrada Fernández Curi determinó en su dictamen que Pérez incurrió en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El tribunal concluyó que la procesada utilizó plataformas telemáticas y de telecomunicación para difundir declaraciones injuriosas que afectaron directamente el honor del congresista.
Por otro lado, la demanda civil interpuesta por la defensa legal del diputado, asistido en el proceso por los abogados José Altagracia Fis Batista y Enmanuel Martínez Acevedo, fue declarada buena y válida en cuanto a la forma por el tribunal.
A su salida del tribunal La Tora vociferaba las acusaciones que le había hecho a Gory Moya y por lo cual fue condenada.
Con información del Listín Diario
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