El presidente Luis Abinader confirmó anoche que su gobierno impulsa una serie de correcciones al nuevo Código Penal y que la meta es aprobarlas antes de que la ley empiece a regir.

“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, dijo el mandatario durante una entrevista exclusiva con José Monegro y Edith Febles, miembros del Grupo de Medios Corripio.

Abinader situó el proyecto aprobado como un “punto de partida” que posteriormente, antes de su entrada en vigencia, se prestaba para modificaciones. “El Código se aprobó hace unos once meses después de quince años dando vueltas en el Congreso, y al promulgarse se le fijó una vacatio legis o lo que los abogados llaman la vacación legal de un año, precisamente para corregir cualquier situación antes de que la ley cobrara efecto”, recordó.

Ese plazo es el que ahora corre. Sobre esa base, el Poder Ejecutivo depositó recientemente en el Congreso un texto que, según el mandatario, fue consensuado con las modificaciones, y los legisladores dejaron abierta la puerta hasta el miércoles siguiente para que cualquier otro sector lleve sus sugerencias.

Dentro de los cambios que se promueven, el mandatario dijo se han puesto de acuerdo en aquellos que más ruido han hecho: los temas de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, aclaró que no es lo único.

El presidente añadió que había otras áreas que también requerían ajustes “en términos de forma y algunas también de fondo”, y que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ya había advertido sobre varios de esos puntos, los cuales eran conscientes que debían consensuarlos para modificarlos desde hacía algunos meses atrás.

El presidente no rehuyó la autocrítica por los tiempos. Admitió que la discusión de las correcciones llegó tarde: “En eso hacemos mea culpa”, dijo, y repartió esa responsabilidad tanto el Gobierno como la sociedad civil “debieron sentarse a revisar la norma apenas fue aprobada, y no dejarlo para el tramo final”.

Aun así, defendió que el proceso no se improvisó. Señaló que los contactos con distintos sectores llevaban alrededor de dos meses, que las conversaciones sobre las modificaciones se extendieron unas cinco semanas y que desde hacía unas dos semanas venía hablando directamente con los principales comunicadores del país. En esas modificaciones, aseguró, “todos estamos de acuerdo”.

La ley “mordaza”

Entre los temas que también trató el mandatario estuvo lo que se ha esparcido como la “Ley mordaza”, es decir, disposiciones que limitan la libertad de expresión. Abinader recordó que en su momento se le puso el mismo calificativo al viejo proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento, una iniciativa que llevaba años pendiente de modificarse.

De aquella otra pieza Abinader recordó que la entregó a la Sociedad Dominicana de Diarios y a un grupo de comunicadores, directores y especialistas, y que el acuerdo salió de ellos sin que él metiera mano: “un consenso donde yo no le puse ni una coma”, repitió. Y de todos modos, dijo, la atacaron y la bautizaron.

Preguntado sobre si al Poder Ejecutivo le interesa una mordaza, el mandatario se defendió llevando el asunto a una ideología personal: “si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, afirmó, y citó como prueba la reforma constitucional que impulsó “para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”.

No obstante, reveló que en las redes él y su familia reciben calumnias a diario y que ha aprendido a convivir con eso “nosotros tenemos que poner una piel de cocodrilo”. A pesar de esto, entiende que prohibirlo, a su juicio, sería peor que aguantarlo.

”Me ayudan las críticas”

Abinader reivindicó incluso a quienes lo cuestionan: “lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, las que exponen un problema o denuncian corrupción. La fórmula que ahora se discute, según él, busca un punto medio que proteja a la vez la libre expresión y el honor de las personas, y recalcó su propio interés en el asunto: poder expresarse libremente cuando salga del gobierno, en el 2028.

El presidente insistió en que la controversia actual no estaba en el radar cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, señaló, y recordó que durante la aprobación nadie levantó la voz por estos temas: “los puntos calientes de entonces eran otros, los más polémicos de siempre”, señalando por ejemplo las tres causales para la interrupción del embarazo no deseado.

Abinader destacó lo que a su juicio justificó el respaldo amplio que recibió la aprobación. Se aumentaron las penas contra la delincuencia y el crimen organizado, también se elevaron las sanciones contra la corrupción de los funcionarios públicos y a eso sumó los “muchísimos vacíos” que, según él, arrastraba el viejo código y que la nueva pieza vino a llenar, motivo por el cual “casi todo el mundo terminó de acuerdo con ella”.

En lo económico, Abinader defendió el llamado plan anticrisis, que calificó de “progresivo”. Recordó que entre sus medidas se elimina el anticipo mensual para las pymes a partir de enero, se quitó el impuesto a las nuevas empresas, el impuesto sucesoral bajó de 27% a 3% y se retiró el gravamen a los seguros de vida contratados en el exterior.

Aseguró que los aumentos recayeron sobre las empresas que venden más de mil millones y sobre quienes ganan por encima de 400 mil pesos, mientras que los salarios menores tendrán indexación.

Sobre una reforma fiscal integral fue tajante: “Aquí no hay condiciones para hacer una reforma fiscal integral”, repitió. Recordó que le tocó gobernar en medio de la pandemia del Covid-19, luego con la guerra en Ucrania y con la situación en Haití, y que a pesar de esto el país mantiene un crecimiento superior al 4%, solo por debajo de Guyana.

El combustible dio para otra explicación extensa. El presidente negó haberlos subido con fuerza: “nosotros no subimos el combustible”, aseguró, sino que lo movieron un 16% cuando el crudo internacional trepó un 80%.

Reconoció que el subsidio proyectado para todo el año “se agotó en mayo”, y que el país importa cerca del 70% de los líquidos porque la refinería solo procesa un 35%, de modo que esos precios no bajan al mismo ritmo que el petróleo. El mandatario anunció que se publicará “la fórmula” para que la gente la entienda y reiteró que hace dos semanas vienen bajando la gasolina, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP).

Vía Listín Diario 

El Senado de la República recibió este viernes 18 propuestas que buscan modificar el nuevo Código Penal, las cuales fueron elaboradas por el equipo del presidente Luis Abinader.

Aunque contempla variaciones para otras tipificaciones penales, la pieza centra una de sus partes en los artículos que versan sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Reseña el Listín Diario que una de las peticiones realizadas por diversos sectores de la sociedad, como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), es eliminar el castigo penal.

No obstante, el Gobierno optó por mantenerlas.

¿Cuáles fueron las modificaciones?
El proyecto de ley depositado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca alterar el contenido del artículo 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento.

La intención del Poder Ejecutivo es especificar que la comisión de este hecho solo será sancionada cuando se comete en el ámbito privado o cuando haya una expectativa razonable de discrecionalidad.

En cuanto a la sanción, amplía la pena menor hasta quince días, la cual está en el modelo actual en seis meses. La máxima continúa en hasta un año de prisión.

Además, busca eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos cuando el contenido falso sea elaborado por medio de montajes.

El artículo 207, referente al perjurio, recibiría una reducción de la pena, llevándola de cinco a diez años de prisión a entre dos y cinco años.

La pena actual del artículo 208 sobre la difamación es de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, el Gobierno sugiere disminuirla de uno a dos años de prisión.

Además, aclara que no será sancionada si se registra en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio.

Dentro del artículo 211 agregaron una disposición para asegurar que no sean consideradas actos de difamación o injuriosos “las expresiones, opiniones y críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público”.

No obstante, aclara que las declaraciones serán permitidas solo cuando estas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.

Desaparece el bullying
El artículo 121, que incluía la tipificación del bullying, cambia completamente el concepto y lo nombra únicamente como hostigamiento.

Mientras que el artículo 122 sobre hostigamiento agravado coloca de uno a dos años de prisión para cuando el agresor afecte a una persona con discapacidades físicas o mentales.

Además, disminuye la pena a entre cinco y diez años cuando el hecho cause el suicidio de un menor de edad.

El artículo 123 cambiaría su título a hostigamiento cibernético, en la actualidad nombrado como ciberbullying.

Además, establece que, para constituirse, este delito debe ser de manera reiterada y sistemática.

Elimina que los comentarios de redes sociales sean considerados como un método para aplicar el hostigamiento en contra de una persona y mantendría la pena igual: de dos a cinco años.

Desnudo en público
Mientras que el artículo 142 sobre el exhibicionismo eximiría de responsabilidad penal a quien se desnude en actividades artísticas, culturales, científicas o educativas.

Acoso y proxenetas
En tanto, el artículo 144, que contempla el acoso agravado, aumentaría la sanción actual, de dos a tres años de prisión, elevándola de dos a cinco años.

El artículo 176 sobre proxenetismo aumentaría la pena. Incrementándola de dos a tres años de prisión, hasta de dos a cinco años.

Sanción a doctores
Por otro lado, el artículo 354 amplía el campo de sanciones para los médicos que expidan un certificado sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad, ya que también incluye a los doctores forenses del sector privado.

La pena sería de dos a tres años de prisión.

Recursos del Estado
El artículo 303 sanciona la malversación de fondos públicos para aquellos funcionarios que desvíen los recursos del Estado.

En este apartado, aumentaría la pena de cinco a diez años.

En el marco vigente, está entre dos y tres años de prisión.

¿Qué pasará con estas propuestas?
Este proyecto de modificación será estudiado por una comisión bicameral especial que deberá presentar sus observaciones al respecto.

Además, existen alrededor de cinco iniciativas más presentadas por otros congresistas que, conjuntamente con las observaciones de la sociedad, también serán analizadas por la mesa de trabajo antes mencionada.

La población tendrá hasta el próximo miércoles 15 de julio para entregar ante el Congreso Nacional sus señalamientos y preocupaciones sobre el nuevo Código Penal.