El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago autorizó al Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), a establecer un mecanismo para el pago de las obligaciones laborales pendientes de Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) con sus trabajadores cesantes.

La medida, adoptada mediante resolución de fecha 10 de septiembre de 2026 dentro del proceso de reestructuración que actualmente se conoce respecto de la empresa minera, permitirá que el Fonper adelante los recursos correspondientes a las acreencias laborales que sean previamente determinadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, evitando que los trabajadores tengan que esperar hasta la conclusión del proceso legal que cursa ante el Tribunal de Liquidación para recibir los pagos que les corresponden.

El mecanismo fue solicitado por el Estado dominicano ante la prolongación del pago de prestaciones laborales por parte de la empresa y otros derechos adquiridos de sus antiguos trabajadores.

La extraccion de ferroníquel en Republica Dominicana esta en manos de Falcondo en Bonao.

Al ponderar la solicitud, el tribunal tomó en consideración la especial protección que la Constitución y las leyes dominicanas reconocen a los derechos laborales, así como el impacto económico y social que representa para los trabajadores mantenerse a la espera del desarrollo completo de un proceso de insolvencia.

El Estado podrá efectuar los pagos a los trabajadores y asumir posteriormente la posición acreedora frente a Falcondo por las cantidades efectivamente desembolsadas, gracias un esquema de subrogación contenido en la decisión.

“Esto significa que el pago realizado por el FONPER no libera a Falconbridge de sus obligaciones ni convierte esos recursos en una transferencia definitiva del Estado a favor de la empresa. Por el contrario, las sumas adelantadas podrán ser reclamadas posteriormente dentro del propio proceso, con cargo al patrimonio de Falcondo y conforme a las condiciones que establezca el procedimiento judicial”, reseña el comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación.

El tribunal destacó que existen activos mobiliarios e inmobiliarios registrados a nombre de Falcondo susceptibles de realización, lo que permitiría que los recursos adelantados puedan ser recuperados posteriormente dentro del proceso.

En sus consideraciones, el tribunal explicó que este mecanismo permite ofrecer una respuesta inmediata a los trabajadores ante la falta de liquidez de Falcondo, sin trasladar definitivamente al Estado una obligación que corresponde a la empresa, decisión con la cual se abre una vía para dar una solución definitiva a los trabajadores.

A finales del mes de agosto, el periódico Listín Diario reportó que más de 88 empleados y aproximadamente 50 contratistas de la Falconbridge Dominicana siguen esperando el pago de sus prestaciones laborales que ascienden a más de RD$950 millones.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementará el mecanismo de fotomultas como parte de un plan de corto plazo para mejorar la gestión del tránsito del país y fortalecer la fiscalización de las infracciones.

El director del Intrant, Juan Manuel Méndez, explicó que el sistema permitirá determinar, mediante equipos tecnológicos, si un vehículo fue inspeccionado y acceder a información relacionada con sus antecedentes.

“Hay un equipo que te permite a ti determinar si el vehículo fue inspeccionado o no y te sale hasta los antecedentes de la persona que lo conduce”, explicó Méndez durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo”.

Sin embargo, esta iniciativa no es nueva. En agosto de 2023, Hugo Beras, entonces director de esa misma entidad regulatoria, había anunciado este mismo plan, pero nunca lo ejecutó.

Beras informó en ese momento que el sistema para el funcionamiento de las fotomultas y la cámara de tránsito estaba en proceso de instalación, pero que no se ejecutaría de manera inmediata, sino «en los próximo meses», período en que no se inició el uso del mecanismo.

Mendez ha retomado el plan e indicó que la información estaría integrada en una plataforma en la que participarían el Intrant, la Procuraduría y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mientras se evalúan mecanismos como el marbete inteligente y el uso de la licencia de conducir para concentrar los datos.

Señaló que la multa digital forma parte de un plan elaborado con técnicos del Intrant, junto con la modernización de la red semafórica y la implementación de la inspección técnica vehicular.

El objetivo, dijo, es ejecutar las primeras acciones en un período de dos a tres meses y lograr efectos visibles entre tres y seis meses.

Red semafórica

Como segundo componente, el mayor general retirado planteó intervenir la red semafórica para lograr una mayor sincronización de los dispositivos, reducir los tiempos de interrupción, mejorar el flujo vehicular y disminuir los congestionamientos.

Méndez explicó que una red semafórica optimizada permitiría, además, reducir la cantidad de agentes de la Digesett destinados a regular el tránsito manualmente en las intersecciones y disponer de ellos para labores de fiscalización.

El plan contempla también la adquisición de equipos para el mantenimiento de los semáforos, entre ellos grúas que permitan realizar los trabajos técnicos sin exponer a los empleados que actualmente deben utilizar escaleras o vehículos improvisados.

Inspección técnica vehicular

Otra de las medidas es la puesta en funcionamiento de la inspección técnica vehicular, pendiente desde la aprobación de la Ley 63-17.

El mecanismo permitiría retirar de circulación los vehículos que no estén en condiciones técnicas para transitar.

El director del Intrant descartó esperar durante años por un modelo de alianza público-privada y planteó utilizar las capacidades existentes en el país mediante la contratación de talleres locales que cumplan con las condiciones establecidas en un pliego elaborado para esos fines.

“Con capacidades locales se puede implementar en corto tiempo”, sostuvo Méndez, quien explicó que el proceso se encuentra en la fase de elaboración del pliego de condiciones.

La propuesta coincide con la alternativa que el funcionario ha explicado públicamente: realizar una licitación desde el propio Intrant para incorporar talleres con capacidad técnica, con una proyección de inicio de la inspección durante el primer semestre de 2027.

Más fiscalización y coordinación

El funcionario planteó, además, fortalecer la coordinación con la Digesett para evitar que los agentes sean utilizados de manera permanente para sustituir los semáforos cuando estos funcionan correctamente.

El propósito es que, con una red semafórica más eficiente y herramientas digitales de fiscalización, los agentes puedan concentrarse en hacer cumplir la Ley 63-17.

Méndez también planteó una campaña permanente para explicar a los ciudadanos las competencias del Intrant y las responsabilidades que corresponden a otras instituciones vinculadas al tránsito.

Vía El Nacional