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Panorama

Prisión domiciliaria y uso brazalete electrónico a Luis J. Asilis

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Asilis mientras es conducido de la sala de audiencia a la celda. (Martín Castro/Diario Libre)

SANTO DOMINGO. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso prisión domiciliaria, garantía económica de cinco millones de pesos, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida contra el empresario Luis José Asilis, quien está acusado de estafa, defraudación tributaria, asociación de malhechores y lavado de activos.

La medida es por tres meses. La parte acusatoria pedía prisión preventiva, mientras que la defensa solicitó que se dejara en libertad al imputado.

Durante la audiencia los abogados de Asilis dijeron que ayer habían ofertado entregar a la Dirección General de Impuestos Internos la suma de 357 millones de pesos como pago por las deudas y que no quisieron, indica Diario Libre.

La DGII a través de sus abogados dijo que el empresario debe más de 500 millones de pesos y que solo el último año ha dejado de pagar aproximadamente 28.4 millones de pesos por concepto de Itbis e Impuesto Sobre la Renta.

Asilis dijo al juez que su intención no es defraudar a nadie y que ha pagado al Estado más de 600 millones de pesos en impuestos.

Debe RD$171 millones
La DGII certificó al Ministerio Público que las empresas vinculadas a Luis José Asilis adeudan más de RD$171 millones de pesos producto de las declaraciones juradas de impuestos que se hicieron.

En la solicitud de medida de coerción hecha contra el imputado por defraudación tributaria, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, se establece que en los registros de la DGII figuran declaraciones de impuestos de los contribuyentes; Metro Servicios Turísticos, Metro Country Club, Operadora de Golf, Plata Matora, Metro Tours, Gladiador y Gulligan development, que “han generado, a la fecha, una deuda” ascendente a RD$171,263,048.65.

“La presente certificación se limita únicamente a los montos de los impuestos retenidos, todo los demás impuestos que se encuentran pendientes de pagos serán perseguidos por el proceso contencioso tributario”, dicen cada una de las siete comunicaciones expedidas en fecha 2 y 3 de agosto del presente año.

Los RD$171,263,048.65 adeudados son por impuestos a las retenciones y retribuciones en renta (IR3) del año 2012 al 2018; Impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS Retenido) del 2013 al 2017 e Impuestos a otras retenciones y retribuciones complementarias (IR17) del 2010 al 2018, establecen las certificaciones de la DGII, más las moras por los no pagos.

Según la denuncia depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional, las once empresas en donde Asilis Elmudesi tiene acciones han cometido defraudación fiscal desde el año 2008 hasta la actualidad.

El Ministerio Público dice que el empresario simulaba pagar los montos de las retenciones de impuestos reportados a la DGII y, además, interrumpía las operaciones comerciales por periodos fiscales prolongados para simular que no se encontraba operando.

Y que por los hechos antes descritos, el imputado mediante las maniobras descritas ha defraudado el Estado por un monto de RD$56,793,850.09, dice la instancia depositada en el tribunal.

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JCE prohíbe proselitismo, carpas y uso de gafetes en el perimetro de los recintos electorales

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La Junta Central Electoral (JCE) prohibió este martes el activismo político y las aglomeraciones frente a recintos electorales, de cara a las elecciones congresuales y presidenciales pautadas a celebrarse el próximo mes de mayo.

Esta medida está contenida en la resolución no. 18-2024, emitida con el objetivo de establecer el protocolo para la cadena de custodia y seguridad de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral.

La resolución en cuestión dispone que, el día de las elecciones, no estarán permitidas la aglomeración de personas en el perímetro de los recintos, desde la 5:00 a. m. hasta finalizar las elecciones. Esto incluye las personas que ya votaron y exime a quienes estén en fila para sufragar.

Asimismo, la Junta definió el “perímetro” de un recinto electoral como las dimensiones de la estructura física de los establecimientos dispuestos y anunciados por la JCE como tales.

¿CÓMO HARÁN CUMPLIR ESTA MEDIDA?

La resolución contiene las acciones a tomar por la Policía Militar Electoral, como mantener despejadas las entradas de los recintos; no permitir el proselitismo de personas con distintivos y gafetes que hagan promoción o activismo a favor de partido políticos.

Tampoco serán permitida la instalación de carpas, mesas o cualquier estructura que facilite la gestión política o campaña electoral por parte personas, dentro, frente o en el perímetro de los recintos electorales.


NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CÁMARAS MIENTRAS SE EJERZA EL VOTO

La JCE prohibió usar el celular al elector dentro del colegio electoral, y tomar fotos de las boletas durante el acto de votación. Sin embargo, dentro del recinto electoral sí está permitido el uso.

La Policía Militar Electoral estará encargada de reforzar esta medida.

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Condenan a 5 años de prisión a Johnny Portorreal por estafa a la familia Rosario con supuesta herencia

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La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenó a 5 años de prisión al abogado Johnny Portorreal, acusado de estafar a unas 283 personas de apellido Rosario, bajo la falsa promesa de recuperar una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero por un pariente lejano apellido Rosario, lo que nunca cumplió.

La acusación instrumentada por la Fiscalía del Distrito Nacional establece que el abogado Johnny Portorreal, Miguelina Gómez Santana, Miguel D Òleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz, se asociaron para estafar con RD$16 millones de pesos a cientos de personas de apellido Rosario, a quienes cobraron altas sumas de dinero, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con la promesa de hacer las diligencias del supuesto cobro de una presunta herencia millonaria.

La imputación del Ministerio Publico establece que el grupo de procesados solicitaba altas sumas de dinero a las víctimas de apellido Rosario, alegando tener la información falsa de que el dinero de la supuesta herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Banco Santander, de España, y el Banco Zúrich, de Suiza.

Los investigadores judiciales presentaron evidencias con las que sustentaron la acusación, de que los encartados aseguraban a sus víctimas que los montos que requerían serían cobrados a través de la empresa “La Central del Derecho LPR, SRL”, a los fines de realizar trámites para su registro como herederos de sus familiares antepasados fallecidos, señores Celedonio Rosario y María del Rosario.

Según consta en el expediente, el pago de los estafados por Portorreal y compartes, consistía en desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal, a quienes les cedían el derecho de un poder Cuota Litis, con el que se acordaba el pago de los honorarios, utilizado en una entidad bancaria al momento de retirar los fondos que iban a ser presuntamente depositados.

Mientras que Miguel D Òleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz, están sindicados como las personas que se reunían con la intención de captar a los supuestos herederos de la familia Rosario, reclamando el dinero para financiarles sus viajes o las diligencias en Europa, donde estarían las sedes de los supuestos bancos internacionales donde aseguraban estaba depositada la presunta herencia millonaria.

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