Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.

La acción judicial fue presentada por conducto de su abogado, Dr. Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Nacional; Roberto Cruz Ridore, sargento de la Policía Nacional; Marcos Martínez de Jesús, sargento de la Policía Nacional; Alexis de la Rosa Flores, sargento de la Policía Nacional; Deris Anly Moreno Arias, cabo de la Policía Nacional; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Nacional; Freudy Ventura Rojas, teniente de fragata de la Armada de la República Dominicana; Omar Enrique Pierre Núñez, cabo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; Porfirio Antonio Rodríguez Leonardo y Diego Callao Pérez, técnicos de PEDATEC; y Angélica María Díaz Vargas, encargada de víctimas de PETT.

De acuerdo con la querella, el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios de estos agentes se presentaron en el apartamento donde reside la denunciante, ubicado en un residencial del Distrito Nacional, alegando que ejecutaban un allanamiento.

Según el relato contenido en la acción judicial, los agentes irrumpieron de manera violenta en la vivienda, apuntando con armas largas hacia el interior del apartamento, lo que generó un ambiente de intimidación y temor en la víctima. Posteriormente, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una actuación irregular durante el procedimiento.

La querellante sostiene, además, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.

Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.

“Además del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan grave”, expresó la querellante mediante comunicado de prensa enviado a ensegundos.do al referirse a los hechos denunciados.

En la querella se imputan presuntas violaciones a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores, por lo que la parte querellante solicitó que se imponga la pena máxima correspondiente a los responsables, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados.

Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima, debido a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal.

Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de haber tenido que abandonar temporalmente su residencia y trasladarse a vivir a otro lugar, por miedo y por la sensación de persecución que afirma experimentar.

Además de la acción penal, la víctima se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización por los daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados, así como por el estado de angustia e inseguridad que asegura haber padecido desde el incidente.

La defensa legal solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, individualizar plenamente a todos los participantes en el operativo y someter a la justicia a los responsables.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los organismos de control interno de la institución iniciaron de inmediato una investigación para establecer las responsabilidades en torno a la actuación de un agente policial que utilizó gas pimienta y desenfundó su arma de reglamento durante una intervención en la que se encontraban presentes varios periodistas.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó que el agente involucrado, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanza el proceso investigativo, fue suspendido de sus funciones por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

La medida, según indicó la uniformada, busca garantizar la transparencia y objetividad de la investigación, así como determinar si hubo violación a los protocolos institucionales durante el procedimiento.

Pesqueira reiteró que la Policía Nacional reconoce y respeta el «rol fundamental del periodismo en una sociedad democrática, por lo que el trabajo de los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y demás profesionales de los medios de comunicación debe ser plenamente respetado y protegido en el ejercicio de sus funciones».

En ese sentido, aseguró que la institución no tolerará actuaciones que vulneren los derechos de los miembros de la prensa ni de ningún ciudadano, y advirtió que cualquier conducta contraria a los protocolos policiales y al respeto de las libertades públicas será debidamente investigada y sancionada conforme a la ley.

El incidente se registró la mañana de este viernes frente a un centro educativo del municipio Santo Domingo Este, donde periodistas cubrían el traslado de una maestra acusada de presuntamente maltratar a una niña de dos años.

Según las imágenes captadas por los propios comunicadores, un agente policial roció gas pimienta contra los miembros de la prensa cuando estos intentaban acercarse para obtener declaraciones de la acusada.

Posteriormente, mientras los periodistas continuaban realizando su labor cerca del vehículo en el que era transportada la detenida, el agente se desmontó de la unidad policial y fue captado en video «sobando» su arma de reglamento, gesto que los reporteros interpretaron como una forma de intimidación.

Los videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación del agente durante el operativo.