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Chelsy Bautista se querella contra fiscal y varios agentes por allanamiento irregular y presunto robo en su vivienda
Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.
La acción judicial fue presentada por conducto de su abogado, Dr. Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra los agentes Marino Abreu, capitán técnico de la Policía Nacional; Roberto Cruz Ridore, sargento de la Policía Nacional; Marcos Martínez de Jesús, sargento de la Policía Nacional; Alexis de la Rosa Flores, sargento de la Policía Nacional; Deris Anly Moreno Arias, cabo de la Policía Nacional; Rubén Alejandro Ortiz Agramontes, miembro de la Policía Nacional; Freudy Ventura Rojas, teniente de fragata de la Armada de la República Dominicana; Omar Enrique Pierre Núñez, cabo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; Porfirio Antonio Rodríguez Leonardo y Diego Callao Pérez, técnicos de PEDATEC; y Angélica María Díaz Vargas, encargada de víctimas de PETT.
De acuerdo con la querella, el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios de estos agentes se presentaron en el apartamento donde reside la denunciante, ubicado en un residencial del Distrito Nacional, alegando que ejecutaban un allanamiento.
Según el relato contenido en la acción judicial, los agentes irrumpieron de manera violenta en la vivienda, apuntando con armas largas hacia el interior del apartamento, lo que generó un ambiente de intimidación y temor en la víctima. Posteriormente, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una actuación irregular durante el procedimiento.
La querellante sostiene, además, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.
Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.
“Además del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan grave”, expresó la querellante mediante comunicado de prensa enviado a ensegundos.do al referirse a los hechos denunciados.
En la querella se imputan presuntas violaciones a diversas disposiciones del Código Penal Dominicano, entre ellas violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores, por lo que la parte querellante solicitó que se imponga la pena máxima correspondiente a los responsables, atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados.
Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima, debido a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal.
Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de haber tenido que abandonar temporalmente su residencia y trasladarse a vivir a otro lugar, por miedo y por la sensación de persecución que afirma experimentar.
Además de la acción penal, la víctima se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización por los daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados, así como por el estado de angustia e inseguridad que asegura haber padecido desde el incidente.
La defensa legal solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva, individualizar plenamente a todos los participantes en el operativo y someter a la justicia a los responsables.
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Juez mantiene prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, y otros siete imputados vinculados al desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida original, asegurando que la privación de libertad sigue siendo la vía idónea para garantizar la presencia del encartado en el proceso.
En ese sentido, dispuso el mantenimiento en prisión de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma
El juez consideró que persiste el riesgo de incomparecencia, derivado de la gravedad de los hechos imputados y el daño que debe ser resarcido al Estado.
Atendiendo a la posible pena imponible según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se considera una medida equilibrada.
Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal concluyó que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican el otorgamiento de una libertad bajo fianza o medida menos gravosa.
«Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición», dictaminó el juez en el dispositivo de la resolución.
Asimismo, el juez fijó para el próximo 21 de mayo, la lectura integra de la decisión, fecha a partir de la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.
Igualmente, el tribunal fijó para el 30 de julio del presente año el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando las partes presentes y representadas formalmente citadas para dichas comparecencias.
Vía Listín Diario
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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago
El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.
La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.
La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.
Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.
La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en
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