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Cámara de Diputados aprueba nuevo Código Penal; dispone penalizar el aborto

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La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que crea el Nuevo Código Penal de la República Dominicana, que dispone pena de entre cuatro a 10 años de prisión al que provoque un aborto a una mujer.

La iniciativa, que establece además un aumento de la pena máxima de 30 a 40 años y la acumulación de hasta 60 años de prisión, fue declarada de urgencia y aprobada con el voto favorable de 132 legisladores, mientras que otros seis votaron en contra.

Asimismo, el proyecto tipifica como robo agravado las sustracciones de objetos a personas que han sufrido accidentes de tránsito. Mientras que al artículo 110, referente al aborto, se le eliminó el párrafo que mandaba una ley especial sobre ese tema, a solicitud del diputado Víctor -Ito- Bisonó.

Se trata del párrafo que expresa: “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

Sin embargo, el aborto se castigará con penas de dos a tres años, y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de cuatro a 10 años.

El proyecto penaliza la invasión y ocupación de tierras, y sobre el secuestro, se contempla penas de 20 a 30 años, además de que fija castigos de cuatro a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales.

Asimismo, se castiga la invasión de terreno, el feminicidio, el envenenamiento, y el crimen de lesa humanidad, entre otros.

“Planteamos que el nuevo Código Penal sea de inmediata aplicación, tan pronto lo aprueben ambas cámaras y lo promulgue el Poder Ejecutivo”, indicó Demóstenes Martínez, presidente de la comisión de Justicia, que estudió el proyecto.

Hoy

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Intrant retira muro en el Malecón ante rechazo de conductores

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Luego de múltiples publicaciones en redes sociales cuestionando la instalación de un muro para reducir la velocidad en el Malecón de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició esta noche el retiro de dicha barrera.

Los usuarios de esta vía expresaron su descontento, alegando que la estructura representaba un riesgo y generaba dificultades en el tránsito.

Las quejas se viralizaron rápidamente, presionando a la institución a actuar.

Se reemplazará por una versión más baja
Informaciones extraoficiales indican que el Intrant instalará un muro más pequeño y menos obstructivo.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un comunicado oficial explicando la decisión.

N Digital

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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora

La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará

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La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.

Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.

Vía Diario Libre

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