Ciudadanos afectados por robos en actividades multitudinarias alertaron sobre la presunta operación de grupos organizados dedicados a sustraer carteras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos personales durante eventos masivos en distintas zonas del país.

La denuncia surgió luego de que varias personas reportaran haber sido víctimas de robo durante una ceremonia de graduación celebrada recientemente en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Uno de los graduandos informó a Diario Libre que su madre la acompañaba en ese importante acto y fue víctima del grupo, que supuestamente es conformado por mujeres. “No quiero que vuelva a suceder que un día tan bonito, como algo familiar, como una graduación, como un logro, se termine traumatizando familias como lo hizo con la mía, que me arruinó el día”, dijo.

Entre los afectados figura una mujer a quien le sustrajeron su cartera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos personales y un teléfono celular mientras participaba en la actividad junto a familiares.

Según relataron los denunciantes, tras el hecho comenzaron a recibir notificaciones de consumos realizados con las tarjetas sustraídas, lo que permitió rastrear algunos de los establecimientos donde fueron utilizadas.

Los afectados aseguran que, al investigar lo sucedido, descubrieron que al menos otras cinco o seis personas presentes en la graduación habrían sido víctimas de hechos similares, lo que ha generado preocupación sobre la posible presencia de grupos organizados que aprovechan la concentración de personas para cometer este tipo de delitos.

Indicaron que cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad de establecimientos comerciales donde fueron utilizadas algunas de las tarjetas robadas. En los videos se observa a varias mujeres que presuntamente estarían vinculadas con los hechos, material que esperan entregar a las autoridades para fines de investigación.

En otros lados
De igual modo, en Barahona una exregidora fue víctima un robo similar. Le sustrajeron su cartera durante un acto político y luego utilizaron el dinero para hacer compras de bebidas alcohólicas y otros productos.

También en este caso se le dio seguimiento en los negocios donde hacían consumo de tarjetas de crédito, material del que fueron apoderadas las autoridades policiales.

Los denunciantes hicieron un llamado a los organizadores de eventos multitudinarios y a los organismos de seguridad para reforzar las medidas de vigilancia y prevención, con el objetivo de evitar que otras personas resulten afectadas por este tipo de acciones delictivas.

También exhortaron a las personas que asistan a actividades masivas a mantener vigilancia sobre sus pertenencias y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.

Según el Ministerio Público (MP), la presunta estructura de corrupción encabezada por Héctor Antonio Lora Cruceta habría desviado 148,660,116 pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) entre 2018 y 2025.

El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.

Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.

Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.

De acuerdo con la investigación, para garantizar el flujo de dinero hacia sus cuentas, los imputados presuntamente desarticularon los controles internos y eliminaron el sistema de pago mediante cheques.

Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.

Perjudicaron al Senasa
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.

En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.

El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.

Quimioterapias con dosis incompletas: En el área ambulatoria se ordenaba dividir el contenido de un solo frasco de medicamento de quimioterapia entre dos pacientes diferentes.

Posteriormente, el sistema tramitaba la facturación de un frasco completo de manera individual por cada paciente al Seguro Nacional de Salud, cobrando el seguro dos veces por una sola dosis dispensada.

Sustitución de medicamentos patentados: Las facturas emitidas a los afiliados y a la aseguradora estatal consignaban medicamentos biológicos originales de marcas patentadas, pero la farmacia interna despachaba equivalentes genéricos de menor costo para retener la diferencia económica ilícita.

Comercialización de muestras gratuitas: Se prohibió al personal de enfermería y medicina entregar de forma gratuita las muestras de medicamentos suministradas por visitadores médicos.

Los fármacos de alto costo que no lograban venderse bajo esta modalidad eran retenidos en un antiguo archivo climatizado hasta su fecha de vencimiento.

Falsificación documental en indicaciones: Se habilitó un «Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas», donde se contrató incluso a personal sin titulación médica concluida, con el fin de transcribir recetas de pacientes referidos de centros privados.

Sin realizar evaluaciones, se usaban sellos de internistas, ginecólogos, neurólogos y ortopedas para agregar diagnósticos falsos, estudios y laboratorios innecesarios con el único fin de facturarlos al Seguro Nacional de Salud.

Privatización ilícita de habitaciones: Las habitaciones de ingreso común cubiertas por el seguro médico se modificaron para albergar una sola cama.

El centro cobraba por ellas tarifas de entre 3,500.00 y 5,000.00 pesos dominicanos por noche en efectivo, forzando a los pacientes sin recursos a ingresar a una lista de espera indefinida o a recibir quimioterapia en los pasillos y emergencias.

En paralelo, la habitación 204 se retiró del uso oncológico y se reservó exclusivamente para el postoperatorio de cirugías estéticas privadas.

Tráfico irregular de sustancias controladas: Inspecciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios los días 11 de julio de 2023 y 26 de septiembre de 2025 detectaron la venta ambulatoria de drogas controladas sin permiso, dispensación de uso hospitalario fuera de canales autorizados y medicamentos vencidos desde el 2022.

Vía Diario Libre y Listín Diario