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Apresan coordinador de la Fiscalía Comunitaria de Gualey acusado de robo y extorsión

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El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó que sea pedida prisión preventiva en contra del procurador fiscal coordinador de la Fiscalía Comunitaria de Gualey, Gabriel Américo Suero Moquete, por supuestamente haber incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Suero Moquete se encuentra detenido en la cárcel pública del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego que fuera obtenida una orden de arresto y allanamiento en su contra por supuestamente incurrir en los delitos de prevaricación, asociación de malhechores, robo y extorsión en perjuicio del propietario de una compraventa del sector de Gualey.

El fiscal es investigado por la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y la Inspectoría del Ministerio Público tras recibirse una querella por parte del propietario de dicha compraventa, el cual fue apresado y les fueron confiscados diferentes artículos durante un allanamiento hecho por Suero Moquete a dicho negocio, procediendo, presuntamente el fiscal a exigirle posteriormente la suma RD$100 mil pesos, de los cuales dice le entregó RD$70 mil, para su liberación y la devolución de los objetos incautados.

Junto a Suero Moquete también son investigados el señor Daniel Rivas, mensajero de la Fiscalía Comunitaria de Gualey, y el sargento Policía, Eury M. Pérez De Los Santos.

En el transcurso de la investigación se ha establecido que el fiscal no cumplió con el proceso de rigor en el allanamiento, ya que no procedió a levantar el acta correspondiente en estos casos, donde debe constar la cantidad de objetos confiscados.

La Procuraduría informó que fue depositada este jueves 4 de agosto ante la magistrada Nancy María Joaquín Guzmán, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en su función de Juez de la Instrucción Especial, la instancia con la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados Gabriel Américo Suero Moquete, procurador fiscal del Distrito Nacional; el señor Daniel Rivas, mensajero de la fiscalía comunitaria de Gualey, y el Sargento de la Policía, Eury M. Pérez De Los Santos.

“Hemos dicho en reiteradas ocasiones que no toleraremos ni seremos permisivos con miembros del Ministerio Público que de una forma u otra en el ejercicio de sus funciones cometan faltas graves. Ningún miembro de esta institución puede accionar de forma tal que se convierta en representante del mal en lugar de combatirlo”, manifestó el Procurador General.

Agregó “seremos drásticos, respetando las normas y las garantías procesales, y esperamos que este fiscal y todos los involucrados sean juzgados con la drasticidad que requiere este caso. Este tipo de acción enloda el trabajo de cientos de hombres y mujeres en todo el territorio nacional que se entregan en cuerpo y alma para perseguir y combatir todo hecho delictivo, que es a lo que estamos llamados los integrantes del Ministerio Público”.

Dicha solicitud está basada en la violación de los artículos 121, 166, 265, 266, 379 y 400 del Código Penal Dominicano, que describen la conducta típica de prevaricación asociación de malhechores, robo y extorsión.

El Ministerio Público presentó junto a la solicitud, como oferta probatoria, elementos de prueba documentales y testimoniales con los cuales asegura que demostrará su vinculación con los hechos imputados.

En la instancia indica que la medida de coerción más idónea en este caso es la prisión preventiva, según está contenida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano, debido a que por la gravedad de los hechos éstos podrían sustraerse al proceso y se requiere garantizar su presencia a todos los actos del procedimiento.

Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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