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Exhumarán restos de Poppy Bermúdez
La Cuarta Sala de la Cámara Civil para Asuntos de Familia del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó la exhumación del cadáver del empresario José Armando Bermúdez (Poppy), para practicarle una prueba de ADN y ser cruzada con José Andrés Tavárez, quien reclama la paternidad post mortem.
La decisión del juez Filoset Núñez Polanco fue emitida en marzo pasado y todavía no ha sido ejecutada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El juez designó al Laboratorio Referencia para analizar las pruebas correspondientes.
Acogiendo la decisión in voce del magistrado, la Dirección Provincial de Salud Santiago ll, del Ministerio de Salud Pública autorizó la exhumación, mediante un oficio emitido el 19 de abril de 2016, dirigido al señor Antonio Bueno, administrador del Cementerio 30 de Marzo para exhumar los retos de Bermúdez, fallecido el 3 de diciembre de 2014.
También el Ayuntamiento de Santiago se acogió a la decisión del juez. Sin embargo, Pi Kuan Sang, subdirectora del Inacif, regional Norte, se ha negado a dar cumplimiento a la sentencia del juez Núñez Planco.
La decisión que autoriza la exhumación fue recurrida por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago por los sucesores de Poppy Bermúdez, Elba Aurora Madera viuda Bermúdez, sus hijos José Armando, Domingo Octavio, Elba y Josefina Bermúdez Madera, y por Julia Aurora Bermúdez y Ana Esthela Bermúdez quienes plantearon al tribunal el sobreseimiento de la demanda en reconocimiento judicial de paternidad que interpuso Tavárez.
La petición que fue rechazada por el juez Polanco Núñez, quien fijó la audiencia para conocer el fondo del proceso para el 24 de octubre de este año.
El 7 de junio, mediante acto de aguacil, número 134/2016, el Inacif fue intimado y puesto en mora para que ejecute la sentencia que ordena la exhumación.
José Andrés Tavárez, de 50 años, es un empleado privado, nativo de Moca, residente en Estados Unidos, asegura ser hijo biológico del fenecido empresario santiaguero.
El proceso, que se inició el 30 de julio del año pasado, se encuentra en un limbo porque según sus abogados, el Inacif se niega acatar la sentencia del señalado tribunal, que decidió se haga una prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) a los restos, para determinar si el fallecido empresario fue o no su progenitor.
La decisión fue adoptada el 21 de marzo luego que según los abogados representantes de Tavárez, se agotaron los plazos que el juez había determinado para que las partes decidieran la mejor manera de hacer la experticia científica al cadáver.
Previo al juez ordenar la exhumación de los restos otorgó un plazo de diez días para que las partes buscaran alternativas y se lo comunicaran al tribunal y así el magistrado disponer la exhumación mediante auto administrativo, pero no se obtemperó a ello.
El grupo de demandados lo encabeza la viuda de Poppy Bermúdez, Alba Aurora Madera y los hijos Domingo Octavio, José Armando, Elba Josefina, Julia Aurora y Ana Estela Bermúdez.
Tavárez decidió interponer la demanda debido a que su madre, Altagracia Tavárez, oriunda de Moca, le dio absoluta seguridad de que es hijo de Poppy Bermúdez, tras concebirlo fruto de relaciones que sostuvieron cuando ella tenía 16 años.
Siempre se preocupó
Tavárez aseguró que el empresario le compró una casa a su madre y que siempre se preocupó por la manutención y estabilidad económica de ella y de él, a quienes luego envió a Estados Unidos, donde residen desde entonces.
Edilio García, coordinador del equipo de abogados de Tavárez indicó que, al acudir a los tribunales, la Ley 136-03, que establece que el reclamo a la filiación es imprescriptible, así como lo consignado en el artículo 38 de la Constitución de la República y culpa del estancamiento del caso a la oficina regional del Inacif.
Acción de Amparo
En contra del Inacif recientemente los abogados interpusieron una acción de amparo ante la Cámara Civil de Santiago, porque alegadamente ha cometido lo que ellos definen como “supremo desacato” contra la decisión que ordena la exhumación de los restos, instancia que fue conocida hace cuatro días, reservándose el juez el fallo para el 18 de este mes.
García dijo que “definitivamente ellos no quieren que se realice esa prueba, la que científicamente está comprobada que sus resultados que no dejan lugar a dudas en un 99 por ciento y que está admitida universalmente”, precisó.
Dijo que los herederos de Poppy Bermúdez, desde el principio de la demanda de paternidad, han tratado evitar que se realice la experticia en cuestión.
Desacato del Inacif
La subdirectora del Inacif regional Norte Pi Kuan Sang, se ha opuesto a la ejecución de la sentencia preparatoria del juez de la Cuarta Sala de la Cámara Civil para Asuntos de Familia para la prueba de ADN.
El Nacional
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
Noticias
Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
