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Exhumarán restos de Poppy Bermúdez

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La Cuarta Sala de la Cámara Civil para Asuntos de Familia del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó la exhumación del cadáver del empresario José Armando Bermúdez (Poppy), para practicarle una prueba de ADN y ser cruzada con José Andrés Tavárez, quien reclama la paternidad post mortem.

La decisión del juez Filoset Núñez Polanco fue emitida en marzo pasado y todavía no ha sido ejecutada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El juez designó al Laboratorio Referencia para analizar las pruebas correspondientes.

Acogiendo la decisión in voce del magistrado, la Dirección Provincial de Salud Santiago ll, del Ministerio de Salud Pública autorizó la exhumación, mediante un oficio emitido el 19 de abril de 2016, dirigido al señor Antonio Bueno, administrador del Cementerio 30 de Marzo para exhumar los retos de Bermúdez, fallecido el 3 de diciembre de 2014.

También el Ayuntamiento de Santiago se acogió a la decisión del juez. Sin embargo, Pi Kuan Sang, subdirectora del Inacif, regional Norte, se ha negado a dar cumplimiento a la sentencia del juez Núñez Planco.

La decisión que autoriza la exhumación fue recurrida por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago por los sucesores de Poppy Bermúdez, Elba Aurora Madera viuda Bermúdez, sus hijos José Armando, Domingo Octavio, Elba y Josefina Bermúdez Madera, y por Julia Aurora Bermúdez y Ana Esthela Bermúdez quienes plantearon al tribunal el sobreseimiento de la demanda en reconocimiento judicial de paternidad que interpuso Tavárez.

La petición que fue rechazada por el juez Polanco Núñez, quien fijó la audiencia para conocer el fondo del proceso para el 24 de octubre de este año.

El 7 de junio, mediante acto de aguacil, número 134/2016, el Inacif fue intimado y puesto en mora para que ejecute la sentencia que ordena la exhumación.

José Andrés Tavárez, de 50 años, es un empleado privado, nativo de Moca, residente en Estados Unidos, asegura ser hijo biológico del fenecido empresario santiaguero.

El proceso, que se inició el 30 de julio del año pasado, se encuentra en un limbo porque según sus abogados, el Inacif se niega acatar la sentencia del señalado tribunal, que decidió se haga una prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) a los restos, para determinar si el fallecido empresario fue o no su progenitor.

La decisión fue adoptada el 21 de marzo luego que según los abogados representantes de Tavárez, se agotaron los plazos que el juez había determinado para que las partes decidieran la mejor manera de hacer la experticia científica al cadáver.

Previo al juez ordenar la exhumación de los restos otorgó un plazo de diez días para que las partes buscaran alternativas y se lo comunicaran al tribunal y así el magistrado disponer la exhumación mediante auto administrativo, pero no se obtemperó a ello.

El grupo de demandados lo encabeza la viuda de Poppy Bermúdez, Alba Aurora Madera y los hijos Domingo Octavio, José Armando, Elba Josefina, Julia Aurora y Ana Estela Bermúdez.

Tavárez decidió interponer la demanda debido a que su madre, Altagracia Tavárez, oriunda de Moca, le dio absoluta seguridad de que es hijo de Poppy Bermúdez, tras concebirlo fruto de relaciones que sostuvieron cuando ella tenía 16 años.

Siempre se preocupó
Tavárez aseguró que el empresario le compró una casa a su madre y que siempre se preocupó por la manutención y estabilidad económica de ella y de él, a quienes luego envió a Estados Unidos, donde residen desde entonces.

Edilio García, coordinador del equipo de abogados de Tavárez indicó que, al acudir a los tribunales, la Ley 136-03, que establece que el reclamo a la filiación es imprescriptible, así como lo consignado en el artículo 38 de la Constitución de la República y culpa del estancamiento del caso a la oficina regional del Inacif.

Acción de Amparo
En contra del Inacif recientemente los abogados interpusieron una acción de amparo ante la Cámara Civil de Santiago, porque alegadamente ha cometido lo que ellos definen como “supremo desacato” contra la decisión que ordena la exhumación de los restos, instancia que fue conocida hace cuatro días, reservándose el juez el fallo para el 18 de este mes.

García dijo que “definitivamente ellos no quieren que se realice esa prueba, la que científicamente está comprobada que sus resultados que no dejan lugar a dudas en un 99 por ciento y que está admitida universalmente”, precisó.
Dijo que los herederos de Poppy Bermúdez, desde el principio de la demanda de paternidad, han tratado evitar que se realice la experticia en cuestión.

Desacato del Inacif
La subdirectora del Inacif regional Norte Pi Kuan Sang, se ha opuesto a la ejecución de la sentencia preparatoria del juez de la Cuarta Sala de la Cámara Civil para Asuntos de Familia para la prueba de ADN.

El Nacional

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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