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Roberto Salcedo favorece el desmonte de las vallas ilegales

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El desmonte de las vallas ilegales que se instalan de manera indiscriminada en muchos puntos del país garantiza que la gente pueda transitar con mayor seguridad y, al mismo tiempo, se logra una descontaminación visual que beneficia el entorno de las vías públicas.

El ex alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, que una política firme y sistemática por parte de las autoridades en este aspecto «contribuye a crear un clima ambiental mucho más generoso para los munícipes» y la ciudadanía se siente más segura mientras recorre estas vías públicas.

«En la alcaldía fuimos celosos con esta mala práctica e implementamos una política decidida para combatir la instalación de estas vallas, primero, porque somos un país insular, donde cada año estamos expuestos a una temporada ciclónica muy activa, y estas vallas la mayoría de las veces se montan de manera precaria, tienden a desprenderse con facilidad con los vientos y, a su vez, se convierten en un componente de alta peligrosidad para la gente», comentó Salcedo.

Por estos aspectos, el político dio un espaldarazo al proceso de descontaminación visual –que forma parte del Plan Nacional de rescate de las vías en el país– que pusieron en marcha ayer miércoles los ministerios de Medio Ambiente, que encabeza Francisco Domínguez Brito, y Obras Públicas, a través del director general de la Comisión Militar y Policial, general Estanislao Gonell Regalado, como encargado principal de la institución.

«Qué bueno que estos dos ministerios se han unificado para combatir esta mala práctica y ojalá que este plan sea implementado por todos los ayuntamientos del país, porque tenemos provincias y comunidades donde se instala una gran cantidad de vallas que incrementan el peligro vial de los accesos públicos», indicó Salcedo.

El plan de descontaminación se inició ayer con la eliminación de una primera valle instalada en el Kilómetro 28 de la autopista Duarte, con la presencia de Domínguez Brito y Gonell Regalado.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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