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Pa’ sus casas Díaz Rúa y Ángel Rondón; juez los deja en libertad

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SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, varió las medidas de coerción que tenían el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, por el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebecht en República Dominicana.

A Díaz Rúa, que tenía nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, le varió a garantía económica de RD$50 millones mediante una compañía aseguradora, presentación periódica el primer jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), e impedimento de salida del país sin autorización.

Para Rondón, que tenía un año de prisión preventiva también en Najayo, el juez dispuso garantía económica de RD$70 millones mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante la PEPCA el primer miércoles de cada mes e impedimento de salida sin autorización.

Díaz Rúa y Rondón eran los únicos de los 14 implicados en el caso Odebrecht que cumplían medida de coerción de prisión preventiva.

Por el caso también son imputados, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura, el exdiputdo Ruddy González, el abogado Conrado Pitaluga, el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo D´Oleo, el exadministrador de la CDEEE, César Sánchez y Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). Además, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y el diputado Alfredo Pacheco.

Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Abinader plantea eliminar término “doméstica” por considerarlo insultante

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El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.

El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.

“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.

El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.

Planteamiento surgió durante entrevista del CNM

El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.

A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.

El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.

Vía Acento

 

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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida

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La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.

Detalles del hecho

De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.

Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.

Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.

Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.

La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.

Medidas administrativas

Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.

Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.

 

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