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La Policía dice que «Kiko 7» admitió haber matado a Eddy Peña; planeaba salir del país

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Con los RD$130,000 que Juan Carlos Zapata, alias “Kiko 7”, sustrajo durante un asalto a una estación de combustible en Mao, Valverde, el pasado domingo, más una cantidad indeterminada de dinero que recibiría en la agencia de envíos en la que fue apresado en Higüey, pretendía salir del país pese a que había asesinado a Eddy Peña.

La información fue confirmada por el comandante de homicidios de la Policía Nacional, coronel Joselito Alonso Alcántara, quien explicó que “Kiko 7” admitió haber asesinato a Peña.

El coronel Alonso Alcántara explicó que al momento del apresamiento de “Kiko 7”, se le ocupó una pistola con su cargador y 14 cartuchos, con la que admitió haber asesinado a Peña.

Además, se le ocuparon seis radios de comunicación y un celular.

Al momento de su apresamiento estaba acompañado de su concubina, identificada como Yaniris del Carmen Ulerio, a quien apresaron y le ocuparon la suma de RD$9,500, un celular, una gorra y unos lentes.

También fue apresado un hombre al que se le ocupó un teléfono.

El comandante Joselito Alcántara explicó que dieron con la pista de “Kiko 7” después de que el detenido cometiera un robo el pasado domingo en una estación de combustible en Mao, Valverde, donde hirió de bala al seguridad y sustrajo RD$130,000, dos escopetas y el DVR y las cámaras de seguridad del establecimiento.

“Ese dinero que Kiko 7 robó, supuestamente sería usado para salir del país. Ayer (el jueves), oficiales se trasladaron a Higüey, y continuando las labores de inteligencia se pudo apresar a este individuo en compañía de su concubina y otra persona más”, expresó Alcántara.

En tanto, el vocero de la Policía, coronel Frank Durán, manifestó que las evidencias que tienen de que fue Kiko 7 quien asesinó a Eddy Peña es su propio testimonio donde admite haber cometido el crimen, y otras evidencias que saldrán en el juicio de fondo.

Expresó que se está trabajando con otras personas que pudieran estar involucradas en el asesinato de Peña para apresarlas y someterlas a la justicia.

Kiko 7 era activamente perseguido desde el 24 de julio por el rapto y muerte del ciudadano Eddy Manuel Peña Cabrera, cuyo cadáver fue encontrado en San Cristóbal con un impacto de bala y su vehículo en Santiago.

También era perseguido por su implicación en los homicidios de Eduardo Antonio Rodríguez Peralta, y el haitiano San San, a causa de heridas por arma de fuego, ocurridos el 23 y 24 de junio, respetivamente, ocurridos en Mao, Valverde.

El vocero policial aseguró que Kiko 7 estaba en sus archivos policiales desde el 2013, por robo. Los detenidos y lo ocupado están en control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional manifestó que como garante de la Seguridad Ciudadana, trabaja día y noche para apresar a aquellas personas que se han apartado de la ley y quieren desestabilizar el orden público.

Fuente: Listín Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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