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Dictan un año de prisión preventiva a Manuel Rivas y demás acusados de asesinar a Yuniol
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados de raptar y asesinar al catedrático y abogado Yuniol Ramírez. Además declaró el caso complejo.
La jueza Leonarda Quezada dictaminó que el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, cumpla la medida en la cárcel Najayo Hombres, y el coronel de la Policía y encargado financiero d ela institución, Florentino Rosario Díaz, en la cárcel de Operaciones Especiales.
Mientras que José Antonio Mercado, alias El Grande, acusado de ser el autor material, fue enviado a La Victoria.
Con la decisión, la jueza Quezada acoge la solicitud del Ministerio Público de que se les impusiera un año de prisión preventiva como coerción.
El Ministerio Público otorgó a este caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 123, 124, 125, 166, 167, 170, 171, 172, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 301 del Código Penal Dominicano, los artículos 66 y 67 la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Material Relacionado.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, magistrada Quezada rechazó un incidente presentado por los familiares del abogado fallecido para que el expediente fuera declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional.
La institución recordó que por este caso la Fiscalía de Santo Domingo también solicitó la imposición de un año de prisión preventiva en contra del prófugo Argenis Contreras González, contra el cual existe una orden de captura internacional por ante la Organización de la Policía Internacional (INTERPOL).
En ese mismo orden, dijo que en el marco de la investigación también fue apresado la noche del pasado miércoles 18 de octubre, el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla.
Conforme a las investigaciones, el abogado habría sido raptado el pasado Miércoles, 11 de octubre, en horas de la tarde, en momentos en que impartía docencia en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), siendo encontrado el cadáver al día siguiente por las autoridades en la citada zona.
Institución dice amplía investigaciones y reiteró que todo el que se determine tiene vínculos con este caso será sometido a la acción de la justicia.
El Caribe
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
