La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medida de coerción en contra de tres personas que administran la empresa Comercial Barra Payán que operan los negocios Barra Payan y Panadería Payan, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos en perjuicio de los demás socios de la emblemática empresa.

La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, depositó la instancia ante el juzgado de Atención Permanente en contra de Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera.

La audiencia de medida fue recesada para las 1:00 de la tarde por la jueza Fátima Veloz, mientras que los imputados se encuentran recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quienes fueron arrestados el pasado 5 de febrero de 2026.

Alegando que los imputados no cuentan con el arraigo suficiente para garantizar su presencia en el proceso, la Fiscalía solicita al tribunal el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.

La investigación se basó en una auditoría interna que reveló discrepancias significativas entre las ventas reales de los establecimientos y los ingresos reportados a la sociedad comercial. Estas irregularidades habrían ocurrido principalmente entre los años 2019 y 2022.

Según la instancia de medida de coerción, los imputados aprovecharon su condición de socios y administradores de la entidad que opera los conocidos negocios Barra Payán y Panadería Payán para desviar fondos de manera sistemática.

La investigación se sustenta en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco.

El informe revela que el esquema consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas bancarias de la empresa.

Las autoridades detectaron discrepancias significativas entre los cuadres manuales de las cajeras y los depósitos reales.

El monto total de defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los demás socios de la empresa Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso.

El Ministerio Público califica los hechos como una violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica el abuso de confianza.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el informe de auditoría forense con fecha de mayo de 2025, certificaciones del Registro Mercantil y actas de asambleas donde los imputados ejercían el control administrativo.

Un acta de «No Acuerdo» de junio de 2021, que demuestra que se intentó una solución alternativa antes de judicializar el caso.

Vía Listín Diario

Este próximo 5 de mayo, es decir, en 89 días, la justicia dominicana deberá poner en libertad a Mario José Redondo Llenas, esto, tras haber cumplido los 30 años de prisión que le impusieron por haber asesinado en 1996 a su primon, el niño José Rafael Llenas Aybar.

Según uno de sus abogados, será una nueva persona la que saldrá de prisión.

El caso, que estremeció a toda la sociedad dominicana, dejó una huella imborrable en la conciencia nacional, no solo por la brutalidad del crimen y el vínculo familiar entre los involucrados, también por la serie de conjeturas y versiones colaterales que salieron a relucir.

Para cometer el hecho, Mario José Redondo Llenas tuvo un cómplice, Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien fue liberado el 5 de mayo de 2016, tras cumplir una condena de 20 años de prisión.

Con un supuesto plan de secuestro para exigir unos diez millones de pesos como rescate, el viernes 3 de mayo de 1996, Redondo Llenas y Manuel Moliné Rodríguez, de 19 y 18 años respectivamente, sacaron de su residencia al niño José Rafael Llenas Aybar, bajo la excusa de llevarlo a una exhibición de motores en un supermercado de la capital dominicana.

Según relató la madre del menor, Ileana Aybar Nadal, al tratarse de su primo Mario José Redondo Llenas, quien residía frente a su vivienda, y tomando en cuenta que el niño era aficionado a los motores, concedió el permiso con la única condición de que regresara a casa antes de las cinco de la tarde.

Sin embargo, el niño nunca volvió. Por el contrario, la madre recibió una llamada de Redondo Llenas informándole que lo había dejado en la conocida plaza La Bolera junto a unos amigos.

La versión levantó sospechas, ya que no era costumbre del niño salir solo.

La madre salió a buscarlo y comprobó que no se encontraba en el lugar indicado y que la supuesta exhibición de motores nunca se realizó.

A partir de ese momento se inició una búsqueda incesante, en la que incluso participó Redondo Llenas, quien además acudió junto a su tío a interponer la denuncia por desaparición.

“Yo sé que amigos, relacionados y personas con la sensibilidad social se integraron a la búsqueda. Recuerdo que en la ciudad hubo una especie de toque de queda, porque todo el mundo recogió sus niños ante la noticia de la desaparición”, compartió el abogado de la familia Llenas Aybar, Luis Miguel Pereyra.

La angustia familiar y social concluyó en las primeras horas del sábado 4 de mayo, cuando los esposos Feliciano Martínez y Ramona Reyes notificaron a la Policía Nacional tras avistar el cadáver de un infante en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte.

El levantamiento del cuerpo confirmó que se trataba de José Rafael Llenas Aybar.

El crimen y la pista que llevó a los responsables
El descubrimiento del cadáver de Llenas Aybar reveló un cruel homicidio, el niño se encontraba envuelto en cinta adhesiva, su espalda presentaba 33 estocadas y su cuello una incisión mortal.

Junto al cadáver fue hallado un fragmento de cuaderno con el número telefónico de una joven, quien al ser interrogada sobre su relación con el menor indicó ser novia de Moliné Rodríguez, quien era amigo de Redondo Llenas (primo del niño).

Para el 5 de mayo de 1996 ambos fueron detenidos y confesaron, ante atónicos miembros de la prensa, en el Palacio de la Policía Nacional la comisión del hecho.

Moliné Rodríguez narró que el plan consistía en secuestrar al menor para exigir un rescate de 10 millones de pesos y que utilizaron un vehículo Honda Accord color verde de su propiedad.

Que, en ruta hacia Jarabacoa —donde supuestamente mantendrían al niño retenido por una semana—, el menor se puso nervioso, por lo que decidieron atarlo con cinta adhesiva y colocarlo en el baúl del vehículo.

“Él le dijo al niño que se bajara del carro y le dijo que él tenía que amarrarlo. Le dijo que él no lo quería hacer, pero que tenía que hacerlo. El niño en ningún momento sabía lo que estaba pasando y, por lo tanto, accedió completamente y no se opuso (…) él apuñaló el niño en la espalda muchas veces, repetidas veces. Después le clavó el cuchillo. La punta del cuchillo, al niño, se la clavó en la nuca”, estableció Moliné Rodríguez.

Mientras que Redondo Llenas relató: “Parqueamos al lado de un arroyo y abrimos el baúl, habiendo abierto el baúl, no lo pensamos más y procedimos a matarlo”.

El motivo del crimen
De acuerdo con la versión inicial de Redondo Llenas, el crimen habría tenido su origen en un resentimiento familiar, al considerar que su tío, padre de la víctima, había engañado a su madre en la repartición de unas propiedades heredadas.

Con el paso del tiempo, Redondo Llenas varió su declaración, asegurando que el secuestro y asesinato fueron planificados por Luis Palmas, esposo de la entonces embajadora argentina en Santo Domingo, Teresa Meccia, y por su hijo Martín.

Alegó que mantenía una relación de amistad con este último desde el colegio y que dicha relación lo llevó a visitar en varias ocasiones la residencia de la familia Palmas Meccia y a involucrarse en supuestos negocios ilícitos.

El proceso judicial
Con las detenciones de Redondo Llenas y Moliné Rodríguez comenzó un proceso judicial que se extendió por una década. Inicialmente, ambos imputados fueron enviados a prisión preventiva.

Ocho meses después, se dictó providencia calificativa en su contra, conforme al Código de Procedimiento Criminal.

El 18 de septiembre de 1998, la Sexta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a ambos a 30 años de prisión.

La sentencia fue recurrida ante la Corte de Apelación, cuya Primera Sala dictó, el 15 de octubre de 2002, una nueva decisión: 30 años de prisión para Redondo Llenas y 20 años para Moliné Rodríguez.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas, y las hizo irrevocables.

Las acciones judiciales continuaron. Moliné Rodríguez solicitó libertad condicional en 2007 y 2010, sin éxito.

Redondo Llenas hizo lo propio en noviembre de 2013, pero la jueza de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís, Altagracia Esther Mejía, rechazó la solicitud al considerar que el condenado no mostraba arrepentimiento y que la sociedad dominicana seguía marcada por el crimen.

Tras cumplir íntegramente los 20 años de su condena, Moliné Rodríguez fue liberado, el 5 de mayo de 2016, un hecho que acaparó la atención del país y que concluyó con las declaraciones de arrepentimiento del exconvicto al llegar a su residencia.

“Quiero pedirle perdón, una vez más, a la familia del niño. Yo quiero pedirle perdón a la sociedad, porque yo actué de una manera equivocada, en una época en que yo era un adolescente y mi falta de experiencia me traicionó”, declaró Moliné Rodríguez a la prensa en ese momento.

Con la liberación de Mario José Redondo Llenas el próximo mes de mayo se espera que el caso llegue formalmente a su fin en términos judiciales.

Sin embargo, la herida moral provocada por el asesinato de un niño inocente permanece abierta en la sociedad dominicana, por la traición a la confianza familiar, el atentado contra la infancia y la evidencia de ambición, falta de empatía y desprecio por la vida.

Con información del periódico El Caribe