Otras siete querellas que habían sido interpuestas por difamación e injuria contra el comunicador Ángel Martínez fueron retiradas ante el Ministerio Público, luego de que las partes llegaran a un acuerdo amigable.

Las querellas, que se encontraban depositadas y en proceso de depósito, fueron dejadas sin efecto y sin valor legal.

Esto ocurrió tras una vista de conciliación en la Fiscalía de Valverde Mao, donde se arribó a un acuerdo para poner fin a los procesos.

En la vista, Martínez, acompañado de su abogado Ronny Crousset, llegó a un entendimiento con los querellantes: Germán Damián Rodríguez Saldaña (alcalde de Laguna Salada), Deisy Yanelis Aquino Mesa, Librado Nicanor Acosta Belliard, Luis Manuel Díaz, Ricki Ricardo Tejada Blanco, José Miguel Peralta Castellano y Martín Nolasco.

Los querellantes decidieron poner fin a las denuncias y querellas mediante un acuerdo de retractación.

Esta decisión se basó en que Martínez se retractó de lo dicho, pidió disculpas públicas y eliminó de sus plataformas los videos que consideraban difamatorios.

Por recomendación de sus abogados, los querellantes solicitaron al Ministerio Público archivar y dejar sin efecto jurídico las acciones emprendidas y las que estaban por realizarse.

Cuestionamientos legales
El abogado Ronny Crousset celebró la voluntad de las partes y la decisión de finalizar estos procesos.

En su ejercicio profesional, afirmó nunca haber presenciado la solicitud de medidas de coerción contra un comunicador por ejercer un derecho fundamental como la libre expresión y difusión del pensamiento en territorio estadounidense.

Crousset cuestionó severamente la imposición de un grillete electrónico a su cliente por supuesta difamación, así como una fianza y tres impedimentos de salida a un comunicador al que, según él, ni siquiera se le ha probado legal y judicialmente la supuesta difamación.

El abogado hizo un llamado a la clase periodística para que se vea reflejada en lo que le está sucediendo a Ángel Martínez, advirtiendo que «hoy será él y mañana serán otros de los que le dieron la espalda». Enfatizó que si los periodistas se mantienen desunidos, «serán cada uno vencidos y no tendrán ayuda porque no ayudaron a uno de su clase».

Estos retiros de querellas se suman a la que había sido interpuesta por el comunicador Varga Vila Riverón contra Martínez, la cual también fue archivada después de que Martínez ofreciera disculpas públicas en el programa «Tu Mañana».

Vía Listín Diario

Una nueva propuesta legislativa en el Senado de la República busca regular las condiciones laborales de los repartidores y conductores afiliados a plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Indriver, Didi y Pedidos Ya, garantizándoles salario mínimo, seguro médico y pensiones.

La iniciativa establece que estas empresas deberán asegurar que los afiliados reciban, al menos, el equivalente al salario mínimo vigente, sin importar el número de horas trabajadas.

Además, las plataformas tendrán que cubrir los seguros de ley y contratar pólizas de accidentes y de responsabilidad civil para proteger tanto a los conductores como a terceros.

En caso de aprobarse, la iniciativa, sometida por Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez, también obligaría a las tecnológicas a inscribirse en un Registro Nacional de Plataformas de Transporte administrado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), incluyendo aportes a salud, pensión, riesgos laborales e Infotep.

Indica Diario Libre que si la iniciativa pasa los filtros legislativos (aprobadas dos veces en ambas cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo) sería un beneficio para más de 30,000 socios que tienen estas aplicaciones en el país.

Además, sería un intento de regulación, debido que estas corporaciones internacionales no cotizan ni pagan al fisco.

Aunque algunos logran ingresos de 60,000 pesos al mes, según publicó este medio en marzo pasado, los afiliados han protestados frente a las oficinas de las aplicaciones reclamando mejores condiciones laborales.

Juego claro
Otros puntos que toca la pieza legislativa es que las plataformas deben esclarecer a sus afiliados cómo se paga la comisión: tarifa bruta cobrada al usuario, comisión descontada por la plataforma, impuestos retenidos (si los hubiera) y neto pagado al conductor.

“Quedan prohibidas las deducciones no autorizadas o cargos ocultos”.

Tampoco podrán desactivar o suspender la cuenta de manera arbitraria sin antes informar los motivos.

De su lado, los conductores deben registrarse en el Intrant y notificar al Ministerio de Trabajo que se dedican a esa actividad.

Las consecuencias
La empresa digital que incurra en violación sería sancionada con multa de 20 a 50 salarios mínimos y, en caso de reincidencia, podría cancelarse su operación en las calles dominicanas.

El dinero de la multa –establece el proyecto de ley– se destinaría de esta manera: 50 % al Ministerio de Hacienda, un 25 % al Ministerio de Trabajo y el otro 25 % al Intrant, para aplicarlos en capacitaciones y seguridad vial.

Convivencia en los polos turísticos
En los polos turísticos se exigirá que las plataformas promuevan una convivencia ordenada con los modelos de transporte local, bajo lineamientos del Ministerio de Turismo.