Panorama
La Fiscalía pide un año de prisión para esposa de Argenis Contreras
La Fiscalía de Santo Domingo Oeste solicitó ayer un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres para Heidy Peña, la esposa del prófugo Argenis Contreras, quien es señalado como la persona que mató al profesor universitario Yuniol Ramírez en octubre del año pasado.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de la Fiscalía, Heidy Peña se mantuvo custodiando en su residencia una camioneta Ford Ranger azul en cuyo interior, supuestamente, su esposo mantenía oculto el cadáver de Yuniol Ramírez.
La acusación a la que hace referencia el periódico Diario Libre dice que mientras Heidy Peña ocultaba la evidencia, Argenis salió de su casa a hacer diligencias para desaparecer el cadáver.
En ese momento para salir de su residencia, Argenis abordó un taxi junto al también acusado Víctor Elisander Ravelo (El Herrero), quien le habría ayudado con el traslado del occiso, y también a conseguir los elementos para encadenar el cuerpo y deshacerse de él.
Peligro de fuga
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó la audiencia de solicitud de coerción a Heidy Peña para hoy a partir de las 9:00 de la mañana. Los fiscales piden prisión preventiva porque entienden que Heidy no cuenta con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
A esta imputada la acusan de complicidad en un asesinato y asociación de malhechores. En la asociación de malhechores también figuran Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu Fabian (El Taxista). A estos se les conocerá la coerción el jueves.
Panorama
Diputados del PRM rechazan empleados tengan que presentar facturas de luz y agua
Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresaron este viernes su rechazo a la circular emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual exige a los empleados públicos presentar facturas actualizadas de pago de servicios de agua y electricidad.
La medida, que según el MAP busca promover la responsabilidad entre los servidores estatales, ha sido calificada por los legisladores como una acción excesiva.
Reseña el diario Panorama que Ignacio Aracena, diputado del PRM, aseguró que, aunque reconoce la importancia de introducir cambios en la administración pública, estos deben implementarse de manera «consecuente y gradual».
Agregó que la disposición «quizás resulte impopular hasta para los propios servidores públicos» y enfatizó que no está de acuerdo con obligar a los empleados a cumplir con ese requisito.
Otro legislador del PRM, Eugenio Cedeño, consideró que la medida del MAP desborda sus atribuciones y no debería ser un requisito obligatorio.
«Esto debería manejarse en un marco de colaboración y no de imposición, ya que, a mi entender, la finalidad es beneficiar a los empleados y conocer sus condiciones económicas», sostuvo Cedeño.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Medina tildó la circular de «una falta de respeto» que humilla a los empleados públicos.
“Ellos saben quién debe y quién no, y si no pagan, ya las empresas distribuidoras como Edesur, Edeeste y Edenorte cortan el servicio; eso es lo que deben hacer”, afirmó.
La circular del MAP establece que las direcciones de Recursos Humanos de cada institución deberán solicitar a los empleados públicos el registro de sus facturas de consumo de agua y electricidad, otorgándoles un plazo de 15 días laborables para cumplir con esta normativa.
En el caso de que los contratos de servicio no estén a nombre del empleado, se deberá identificar al familiar titular. Además, confirmar que está al día con los pagos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, defendió la disposición argumentando que busca fomentar el compromiso ético de los servidores públicos.
“Como servidores públicos, debemos respetar las normativas y demostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad de los servicios”, afirmó Freund, resaltando que es esencial promover una «cultura de responsabilidad y civismo».
Panorama
Genera gran rechazo empleados públicos tengan que presentar sus contratos de agua y luz
La disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que ordena a los empleados reportar el pago del agua y la luz a sus respectivas instituciones, ha desatado críticas y reacciones adversas por parte de la oposición.
La Fuerza del Pueblo vertió su acidez al respecto, rechazando de plano esa medida. El vocero de sus diputados, Rafael Castillo, y su encargado de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, se pronunciaron objetando de plano la ordenanza.
Para Castillo, la medida es una muestra de “la ineficiencia y la falta de responsabilidad de un Gobierno que, en vez de abocarse a hacer una reforma tributaria consensuada y responsable, lo que desea es seguir improvisando con mamotretos de medidas como estas, que son ilegales en la Administración pública”.
En declaraciones directas a N Digital, dice que el Gobierno se enreda en contradicciones, ya que, por un lado, gasta “miles de millones en una sola institución en alquiler de locales” mientras “quiere cargar a los empleados públicos exigiéndoles que presentes recibos de los servicios que posean o no posean”.
“Es ilegal, primero porque viola derechos de discrecionalidad del individuo y podría decir que es violatorio del artículo 1315 del Código Civil dominicano sobre la carga de la prueba, ya que, quien quiere probar un hecho es quien debe presentarlo y quien quiere defenderse es quien debe refutarlo, por tal razón es el mismo Estado que, cumpliendo su rol de responsabilidad, debe ir entonces a mejorar sus recaudaciones, yendo detrás del que no paga; no obstante, este Gobierno lo que que le gusta es coger piedra para los más chiquitos”, afirma el diputado Castillo.
Su compañero de partido, Raúl Martínez, considera que la medida es “una torpeza que revela el grado de improvisación y el caos que reina en la gestión pública bajo la tutela del PRM“.
“Quien no pague las facturas de energía y de agua potable se expone a la suspensión de dichos servicios por parte de las entidades que los suministran; por lo que ellos pueden acceder a gran parte de la información que procuran simplemente verificando si, entre las personas a las que se ha suspendido el servicio por falta de pago, se encuentran ciudadanos que figuren en la nómina pública”, indica en declaraciones a este medio.
La medida “no sólo revela la impericia de las autoridades, sino que tampoco es necesaria. Llevan más de 4 años en el poder, y aún se producen medidas insólitas como ésta”, concluyó.
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