Panorama
Proponen sanción a hijos abandonen envejecientes
La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que propone sanciones de hasta un año de prisión para aquellos hijos que abandonen a los padres envejecientes, o que no puedan valerse por sí solos.
La Comisión Permanente de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados escuchó esta semana la posición de varias entidades judiciales sobre el proyecto de ley de reclamaciones de manutención para padres. Un proyecto que persigue los mismos fines de la Fundación Manos Arrugadas, presidida por la comunicadora Gianni Paulino, fue apoderado al Senado y, posteriormente, a la Cámara de Diputados.
De acuerdo al Listín Diario que publica una nota bajo la firma del periodista Ramón Pérez Reyes, la pieza establece que uno de sus objetivos es establecer un mecanismo legal para mitigar “la injusticia que se comete con los padres (papá y mamá) que engendraron, alimentaron, educaron y forjaron a sus hijos, y cuando son ellos los que necesitan atención y protección, estos (los hijos) los abandonan”.
También propone en su artículo 22, la condena a una pena de hasta un (1) año de prisión correccional suspensiva, si el hijo se negare a cumplir la obligación de manutención a sus padres o si persistiera en su negativa después de haber sido requerido para ello, previo a un proceso de conciliación.
La comisión encabezada por su presidente, el diputado Luis Sánchez, escuchó a las licenciadas Diana Mejía y Carmen Ortiz, representantes de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional para persona Envejecientes (CONAPE), quienes propusieron a los congresistas revisar el anteproyecto de la entidad que representan, el cual establece más ampliamente todo lo planteado en la normativa actual que estudian los congresistas.
Los diputados también escucharon a Leticia De Andrés, subcoordinadora de la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio, y la magistrada Danissa Cruz, procuradora fiscal especializada con el Maltrato y Abuso de Adultos Mayores, quienes asistieron en representación del procurador general de la República, Jean Rodríguez, y acordaron que enviarán una matriz con las opiniones del mismo, luego que sea revisado por el funcionario.
La reunión estuvo compuesta, además de Sánchez, por los diputados Leivin Suriel, Adalgisa Pujols, Gloria Reyes, Sandra Abinader, Isabel De La Cruz, Lya Díaz de Díaz, entre otros.
LA FUERZA DE LA LEY
Según el artículo 205 del Código Civil Dominicano: Los hijos están obligados a alimentar a sus padres y ascendientes necesitados. Y el artículo 13 de la ley Sobre Protección de la Persona Envejeciente establece que “toda (o) envejeciente indigente, desamparado, discapacitado y, en general, que se encuentre en situación económica que no le permita su subsistencia, tiene derecho a recibir una pensión alimenticia adecuada de sus familiares, de manera que le garanticen una vida digna y segura. A pesar de esto, son muchos los que al llegar a la adultez se desligan de sus progenitores ya envejecientes sin que la ley les persiga al igual que lo hace cuando los padres faltan a sus obligaciones con los hijos.
En los Juzgados de Paz del país es frecuente ver madres, en la mayoría de los casos, demandando de exparejas el pago de pensiones para la alimentación, escolaridad y salud de sus hijos menores de dieciocho años. Pero rara vez se debate en los juzgados el tema de responsabilidad de los hijos adultos con sus padres.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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