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Procuraduría archiva expediente de ocho del caso Odebrecht y presenta acusación contra siete
Ayer la Procuraduría General de la República dio inicio a una travesía judicial que tardó 17 meses en preparar e incluyó hasta un equipo formado por el FBI: la acusación a siete imputados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En una transmisión en vivo, un adusto Jean Rodríguez, procurador general, flanqueado por sus fiscales adjuntos, ofreció los detalles de la acusación formal que horas antes había sido entregada al juez de Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.
Enfrentarán el proceso judicial el empresario Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exministro de Obras Públicas y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gobierno), Víctor Díaz Rúa, y el senador por San Cristóbal (PLD), Tommy Galán Grullón.
También los expresidentes del Senado, Porfirio Andrés Bautista García, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez, secretario general del PRM y quien no era parte de los imputados, así como el perremeísta y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), Juan Rodríguez Hernández.
Mientras que fueron archivados provisionalmente los expedientes a César Domingo Sánchez (exvicepresidente de la CDEEE), el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, el empresario Máximo D’Óleo, Alfredo Pacheco, diputado del PRM, y Ruddy González, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); así como Juan Temistocles Montás Domínguez (exministro de Economía y de Industria y Comercio), Radhamés Segura (exvicepresidente de la CDEEE) y Julio César Valentín (actual senador por Santiago), miembros del Comité Político del PLD .
De estos ocho mencionados, sobre quienes pesaron medidas de coerción, el procurador señaló: “No hemos encontrado evidencias suficientes”.
Momento y verdad
A dos días de vencer el plazo para presentar acusación, Rodríguez dijo que “llegó el momento de la verdad”, una verdad, un momento que defendió con palabras dirigidas a los cuestionamientos a la investigación llevada por el Ministerio Público desde enero de 2017.
“Preparar expedientes fuertes en casos de corrupción, basados en evidencias y no conjeturas o rumores, no es tarea fácil”, expresó. Seguidamente apuntó las dificultades, enfrentado a “personas con el poder de comprar conciencias y confundir a la ciudadanía”.
“A muchos los escuchamos argumentar sobre expedientes débiles sin haber leído ni una sola página de ellos. En esos casos, es oportuno indagar cuáles son sus motivaciones y quiénes financian sus movimientos”, señaló en clara alusión a los grupos que han expresado sospechas sobre la idoneidad de las gestiones de la Procuraduría, en especial el movimiento Marcha Verde.
Ahora queda esperar que esta acusación, que según Jean Alain Rodríguez necesitó de miles de horas de investigación llegue “a buen puerto”.
Punta Catalina, sin evidencias
La Termoeléctrica Punta Catalina, obra adjudicada a Odebrecht, quedó fuera del expediente. Según el procurador general, luego de agotar un proceso de indagación y auditoría, no se encontraron “evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra”, como tampoco su financiamiento.
FUENTE: DIARIO LIBRE
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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago
Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.
De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.
El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.
De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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