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La Procuraduría asegura expediente caso Odebrecht aporta más de 1,700 pruebas
SANTO DOMINGO.-Luego de transcurrido un año de haber iniciado una exhaustiva investigación sobre los sobornos de Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acusación y solicitó apertura a juicio el pasado jueves en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Como resultado de ese arduo trabajo de investigación, dijo que estructuró un voluminoso expediente que relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido las siete personas encartadas, aportando 1,711 elementos probatorios obtenidos de manera legal.
En ese sentido, precisó que el expediente está acompañado de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.
Mediante un comunicado de prensa, la PGR señala que encontró pruebas fehacientes y suficientes que vinculan a esos imputados con los US$92 millones de dólares en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
Precisó que la acusación contra el grupo de imputados fue presentada ante al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por presuntamente incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios.
Esas acciones ilícitas están descritas y son sancionadas por los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, y los artículos 145, 146, 166, 167, 169, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículo 3 letras A, B y C, artículo 4 y 8 letra B, 18 y 21 letra B y 26 de la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que el combate de la corrupción y la impunidad es uno de los temas centrales para la Procuraduría General de la República, y una muestra de ello es el esfuerzo y empeño para procesar judicialmente a los involucrados en los sobornos, sin importar las funciones públicas ejercidas, ni a qué partido pertenecen, ni su poder económico.
“El expediente contra los encartados del caso Odebrecht es el resultado de largos meses de trabajo y esfuerzo, que conllevó más de 130 mil horas de trabajo, todo ello, para cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad de procurar que todo el que resulte responsable de haber recibido soborno de la empresa brasileña, sea sancionado con todo el rigor de la ley”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Afirmó que es un expediente completo y objetivo, preparado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre fiscales de carrera de larga trayectoria y otros profesionales, el cual explicó que está acompañado de pruebas irrefutables que espera sean acogidas para el envío a juicio de fondo de todos los imputados.
La Procuraduría destacó en el comunicado de prensa que en el transcurso del proceso fueron investigadas más de 400 personas y compañías, realizándose una minuciosa revisión de más 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
Asimismo, detalló que fueron investigados en los registros de títulos del país, más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades, con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno.
La PGR dijo que fueron interrogados todos los titulares de las instituciones públicas que habían contratado con Odebrecht, personas que hacían 5, 10 y hasta 15 años atrás habían estampado sus firmas en los documentos, incluyendo ministros, ex ministros, senadores y diputados de diversos partidos.
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Solicita prisión preventiva contra implicados en asesinato de chofer en Santiago; estos son sus nombres
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.
La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión de recogida de desechos que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Abreu Quezada
“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, al ser abordada por periodistas sobre la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Luego de identificar, arrestar e individualizar a los perpetradores del crimen, la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas (Homicidios), continuó con el levantamiento de pruebas materiales, documentales y testimoniales con las cuales demostrará ante el juzgador que los imputados se comportaron como una turba criminal para acorralar y darle muerte a la víctima.
Las fiscales asignadas a la investigación de los hechos, Joanna García Rivas y Luisa García, han reunido elementos de pruebas contundentes para probar la comisión del crimen y las circunstancias que lo rodearon.
En la instancia, las investigadoras establecen que mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra en calidad de prófugo y junto a otros motoristas presionaban a la víctima para que detuviera la marcha, por un supuesto roce vehicular, pero el hoy occiso, al observar la violencia que mostraban en su comportamiento, no se detuvo.
Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta.
Por varios kilómetros sigue bajo la persecución de los imputados, que logran interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión, buscando resguardarse de la turba asesina que lo perseguía, establece el Ministerio Público en la instancia.
La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencias que refieran que algún motorista estuviera lesionado.
Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho delictivo, para el cual se asociaron como una turba criminal, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, como refieren las pruebas videográficas.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público tiene en su poder el arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le infligió una mortal herida en el miembro inferior derecho.
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Investigan actuación policial en caso del chofer murió tras ataque de motoristas
La Policía Nacional informó este domingo que amplía las investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación de sus agentes durante la persecución que culminó con la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue agredido por un grupo de motoconchistas.
De acuerdo con las indagatorias preliminares y el análisis de videos difundidos en redes sociales, el incidente se originó cuando el conductor fue perseguido por varias vías de la ciudad por un grupo de motoristas, quienes posteriormente lo interceptaron y atacaron.
Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, el chofer se detuvo brevemente cerca de un destacamento policial con la aparente intención de solicitar ayuda, pero continuó la marcha segundos después.
Posteriormente, Abreu Quezada ingresó al área de parqueo del Palacio de Justicia a bordo del camión recolector de basura, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.
Según el informe oficial, en ese escenario un agente policial adscrito al área judicial realizó dos disparos disuasivos, acción que evitó un linchamiento, aunque la víctima ya se encontraba herida.
La institución indicó que la actuación policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.
Los organismos de control interno investigan si hubo omisión, negligencia o alguna conducta que comprometa la responsabilidad de los agentes actuantes.
Detenidos
Por el hecho, ocho motoconchistas han sido apresados y puestos a disposición del Ministerio Público, señalados como presuntos responsables de la agresión.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales para que presenten cargos por asesinato.
El caso quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, los cuales forman parte del proceso investigativo.
El hoy occiso fue enterrado ayer domingo en el cementerio municipal de Constanza.
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