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Procuraduría y UNICEF extienden a Boca Chica plan reducir explotación sexual de niños

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El procurador Jean Rodríguez (centro) junto a las demás autoridades y personalidades que encabezaron la actividad en Boca Chica.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) extendieron a Boca Chica, un programa de acciones para reducir los delitos de explotación sexual y comercial ejercidos en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes en zonas vulnerables del país.

La intervención integral fue anunciada durante un acto encabezado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez; la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Roxanna Reyes; el representante interino de UNICEF, Eduardo Gallardo; la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Marjorie Espinosa; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el general de brigada piloto de la Fuerza Área Dominicana, Juan Carlos Torres.

A través de un comunicado de prensa, las instituciones informaron que las acciones serán implementadas en Boca Chica, Cabarete y Sosúa, en Puerto Plata, así como en la Zona Colonial, del Distrito Nacional, a través de mesas de trabajo comunitarias e interinstitucionales de prevención, investigación, persecución y gestión contra esos delitos, con el objetivo de fortalecer la prevención y el procesamiento penal de la explotación sexual comercial que se ejerce en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes en zonas turísticas.

Las instituciones a cargo del plan indicaron que también incluye la promoción de la campaña “No hay Excusas”, con la finalidad de continuar fomentando la denuncia de esos casos y la protección de las víctimas.

Durante la actividad, el magistrado Rodríguez pronunció un discurso, durante el cual reiteró el compromiso de seguir incrementando los esfuerzos desde el Ministerio Público en coordinación con instituciones nacionales e internacionales para reforzar las labores preventivas y la persecución de esas actividades delictivas.

“Con esta nueva iniciativa buscamos garantizar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes merecen y deben tener la oportunidad de desarrollarse de manera integral en ambientes sanos y seguros, respetando su dignidad”, expuso el jefe del Ministerio Público.

Agregó “nuestro objetivo es que las mesas de coordinación se conviertan en espacios donde los distintos actores de la sociedad civil y del gobierno puedan interactuar para dar una respuesta integral a esta compleja situación. Cada una de las instituciones que forma parte de este proyecto juega un papel fundamental para la sensibilización de la sociedad, las protecciones de los niños, niñas y adolescentes y la detección, persecución y sanción de estos casos”.

Expresó satisfacción por la iniciativa de sumar esfuerzos en la lucha contra esos delitos, al tiempo de manifestar “hemos declarado tolerancia cero a quienes se dediquen a estas malas prácticas y estamos procurando que sean sancionados con todo el rigor de la ley”.

En su intervención, el procurador Rodríguez dijo que trabajan para destinar más recursos y mayor apoyo logístico a los fiscales para el combate efectivo de esas problemáticas, a fin de que puedan realizar mejores investigaciones e instrumentar mejores expedientes contra esos actos criminales.

Eduardo Gallardo, representante interino de UNICEF, afirmó que “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una forma de esclavitud moderna. Solo con una respuesta integral de las autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, el sector privado, y las comunidades, acompañados de la cooperación internacional, para prevenir, perseguir y atender a las víctimas, podremos reducir el delito y proteger mejor a los niños y niñas contra la violencia”.

Además del procurador general de la República y el representante de UNICEF, durante el acto también pronunció un discurso la viceministra Marjorie Espinosa.

En la apertura de la jornada, que se efectuó en un hotel de Boca Chica, también estuvieron presentes representantes de otras instituciones que participan en la puesta en marcha del plan, entre ellos, de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), de la Policía Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio de Turismo.

Plan de acción inmediata
Para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas y en el marco de las labores que serán realizadas contra la explotación sexual infantil, la PGR y UNICEF informaron que este lunes 30 de julio, quedaron instaladas las mesas interinstitucionales y comunitarias en Boca Chica para el inicio inmediato del plan de acción.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), del cual forma parte el Ministerio Público y que tiene el propósito de prevenir, combatir y ofrecer asistencia a las personas afectadas.

Las acciones a cargo de la PGR se llevarán a cabo a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, indica el comunicado de prensa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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