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Procuraduría y UNICEF extienden a Boca Chica plan reducir explotación sexual de niños

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El procurador Jean Rodríguez (centro) junto a las demás autoridades y personalidades que encabezaron la actividad en Boca Chica.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) extendieron a Boca Chica, un programa de acciones para reducir los delitos de explotación sexual y comercial ejercidos en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes en zonas vulnerables del país.

La intervención integral fue anunciada durante un acto encabezado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez; la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Roxanna Reyes; el representante interino de UNICEF, Eduardo Gallardo; la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Marjorie Espinosa; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el general de brigada piloto de la Fuerza Área Dominicana, Juan Carlos Torres.

A través de un comunicado de prensa, las instituciones informaron que las acciones serán implementadas en Boca Chica, Cabarete y Sosúa, en Puerto Plata, así como en la Zona Colonial, del Distrito Nacional, a través de mesas de trabajo comunitarias e interinstitucionales de prevención, investigación, persecución y gestión contra esos delitos, con el objetivo de fortalecer la prevención y el procesamiento penal de la explotación sexual comercial que se ejerce en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes en zonas turísticas.

Las instituciones a cargo del plan indicaron que también incluye la promoción de la campaña “No hay Excusas”, con la finalidad de continuar fomentando la denuncia de esos casos y la protección de las víctimas.

Durante la actividad, el magistrado Rodríguez pronunció un discurso, durante el cual reiteró el compromiso de seguir incrementando los esfuerzos desde el Ministerio Público en coordinación con instituciones nacionales e internacionales para reforzar las labores preventivas y la persecución de esas actividades delictivas.

“Con esta nueva iniciativa buscamos garantizar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes merecen y deben tener la oportunidad de desarrollarse de manera integral en ambientes sanos y seguros, respetando su dignidad”, expuso el jefe del Ministerio Público.

Agregó “nuestro objetivo es que las mesas de coordinación se conviertan en espacios donde los distintos actores de la sociedad civil y del gobierno puedan interactuar para dar una respuesta integral a esta compleja situación. Cada una de las instituciones que forma parte de este proyecto juega un papel fundamental para la sensibilización de la sociedad, las protecciones de los niños, niñas y adolescentes y la detección, persecución y sanción de estos casos”.

Expresó satisfacción por la iniciativa de sumar esfuerzos en la lucha contra esos delitos, al tiempo de manifestar “hemos declarado tolerancia cero a quienes se dediquen a estas malas prácticas y estamos procurando que sean sancionados con todo el rigor de la ley”.

En su intervención, el procurador Rodríguez dijo que trabajan para destinar más recursos y mayor apoyo logístico a los fiscales para el combate efectivo de esas problemáticas, a fin de que puedan realizar mejores investigaciones e instrumentar mejores expedientes contra esos actos criminales.

Eduardo Gallardo, representante interino de UNICEF, afirmó que “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una forma de esclavitud moderna. Solo con una respuesta integral de las autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, el sector privado, y las comunidades, acompañados de la cooperación internacional, para prevenir, perseguir y atender a las víctimas, podremos reducir el delito y proteger mejor a los niños y niñas contra la violencia”.

Además del procurador general de la República y el representante de UNICEF, durante el acto también pronunció un discurso la viceministra Marjorie Espinosa.

En la apertura de la jornada, que se efectuó en un hotel de Boca Chica, también estuvieron presentes representantes de otras instituciones que participan en la puesta en marcha del plan, entre ellos, de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), de la Policía Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio de Turismo.

Plan de acción inmediata
Para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas y en el marco de las labores que serán realizadas contra la explotación sexual infantil, la PGR y UNICEF informaron que este lunes 30 de julio, quedaron instaladas las mesas interinstitucionales y comunitarias en Boca Chica para el inicio inmediato del plan de acción.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), del cual forma parte el Ministerio Público y que tiene el propósito de prevenir, combatir y ofrecer asistencia a las personas afectadas.

Las acciones a cargo de la PGR se llevarán a cabo a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, indica el comunicado de prensa.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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