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Juez Ortega reinicia este martes audiencia preliminar del caso Odebrecht

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El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, reiniciará mañana la audiencia preliminar contra los siete imputados acusados por el Ministerio Público de recibir supuestamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega adelantó, mediante auto número 004-2018, emitido el viernes 3 de agosto, que las instancias de incidentes y excepciones serán diferidos en la fijada audiencia.

Así como la discusión y solución de los siguientes incidentes y excepciones: la instancia de solicitud de entrega de todas las pruebas entregadas de manera conjunta con la acusación por el Ministerio Público, depositada en fecha 30 de julio de 2018, por el acusado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana de este martes.

Además, la solicitud de ampliación de plazo para depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes, de defensa y pruebas, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por el acusado Porfirio Andrés Bautista García; el escrito de incidentes, solicitud de reposición de plazo y suspensión de audiencia preliminar, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por Víctor José Díaz Rúa.

La excepción de incompetencia, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por el acusado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; las instancias de solicitud de entrega de pruebas no notificadas en la acusación de fecha 7 de junio del 2018 y copias certificadas de archivos provisionales contra coimputados en el caso Odebrecht, depositadas en fecha 1° de agosto de 2018, por el acusado Ángel Rondón Rijo, a los fines de proceder según lo dispone los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal.

Indica el periódico El Nuevo Diario que en esta decisión del Juez de la Instrucción Especial, ordenó la notificación de su decisión a los acusados solicitantes, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Porfirio Andrés Bautista García, había solicitado ampliación de plazo para depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes, de defensa y pruebas, depositado en fecha treinta y uno (31) de julio de 2018, a través de sus abogados Carlos Ramón Salcedo Camacho, Antoliano Peralta Romero y Thiaggo Marrero Peralta.

Mientras, el acusado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno sometió un escrito de excepción de incompetencia, depositado en fecha treinta y uno (31) de julio de 2018, a través de los abogados Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez Tejada, Edward Veras-Vargas, Carlos R. Pérez Vargas, Manuel Alejandro Rodríguez, Joaquín Antonio Zapata Martínez y Conrad Pittaluga Vicioso.

De igual forma, en su auto, el magistrado Francisco Ortega Polanco decidió reponer “como al efecto repone los plazos solicitados por el acusado Juan Roberto Rodríguez Hernández, y en virtud de la regla de economía procesal, hace extensiva dicha reposición de plazos a los también acusados Tommy Alberto Galán Grullón, senador de la provincia de San Cristóbal; Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez”.

Así como a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y otorga un plazo común de diez (10) días a partir de la notificación de este Auto, “para que procedan, en cuanto jurídicamente a cada uno le concierna y a través de sus abogados apoderados, a realizar o completar las diligencias, actos, réplicas, contrarréplicas, depósito de incidentes, excepciones, y se provean en los términos legales pertinentes, directamente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de cuantas piezas y documentos resultare legalmente procedente en recaudo a su deber de diligencia y lealtad frente a sus clientes y a su rol de colaboración en el sistema de justicia”.

Mediante el mismo auto ordenó a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, ad hoc de este Juzgado de la Instrucción Especial, poner a disposición inmediata, con la debida organización y diligencia, los documentos, piezas, que legalmente proceda, para que los abogados y las partes se provean para el ejercicio de su defensa.

Y, obviamente, fijó “como al efecto fija para este martes 07 de agosto a las 9:00 horas de la mañana, la audiencia preliminar con relación al proceso de que se trata, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, sito en el Séptimo Piso del Edificio de la Suprema Corte de Justicia”.

Para la celebración de esta preliminar quedaron notificados los acusados Tommy Alberto Galán Grullón, senador por la provincia de San Cristóbal; Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez Martínez y Juan Roberto Rodríguez Hernández; el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez; a la directora de la Procuraduría Especializada para la Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, para los fines de ley.

Luego de un mes recesada dicha audiencia, se espera que la audiencia se realice sin incidentes por parte de las defensas técnicas.

Según el expediente, Odebrecht pagó 92 millones de dólares en sobornos para adjudicarse la construcción de millonarias obras de infraestructuras en el país entre 2001 y 2014.

El año pasado, el procurador General, Jean Alain Rodríguez, solicitó medidas de coerción contra 14 personas por este caso, pero tras varios meses formulando el expediente acusatorio formal, solo imputó a siete.

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Alcaldía DN se desliga del desmonte de tarima en la Plaza de la Bandera; dice no tiene jurisdicción en ese lugar

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La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) aclaró este sábado que no posee jurisdicción sobre la Plaza de la Bandera, por lo que se desligó del desmonte´de la tarima que ejecutaron agentes policiales y que serviría como tribuna a los manifestantes de la Antigua Orden Dominicana, quienes realizan allí un acto contra la invasión masiva de ilegales haitianos en República Dominicana.

De esta manera la alcaldía desmiente a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien tras la indiganción de ciudadanos por la acción dijo en su cuenta de X que el desnmonte de esta tarima se debió a que los organizadores de la manifestación no contaban con un permiso del cabildo.

De hecho, la misma Raful rectificó en otro mensaje en X (antiguo Twitter), que se debía solicitar un permiso a las Fuerzas Armadas para montar tarimas en la Plaza de la Bandera, lo que desliga a la Alcaldía del Distrito Nacional en este tems.

COMUNICADO DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL
La Alcaldía del Distrito Nacional informa a la opinión pública nacional que la Plaza de la Bandera es un espacio público custodiado por el Ministerio de Defensa, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 194-08 que le otorga la administración, seguridad y mantenimiento del señalado espacio.

En tal sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional no posee facultad de otorgar permisos sobre ese y otros espacios públicos que se encuentran bajo jurisdicción de organismos castrenses debido a su importancia estratégica para la seguridad nacional.

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Faride ordena suspensión del desmonte de la tarima en manifestación de Antigua Orden Dominicana

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este sábado que instruyó la suspensión del desmonte de la tarima erigida en la Plaza de la Bandera, donde el grupo conocido como la “Antigua Orden Dominicana” convocó una manifestación.

La funcionaria explicó, en una publicación en su cuenta de X, que agentes de la Policía Nacional iniciaron el desmonte de la tarima porque esta supuestamente no contaba con las autorizaciones de lugar, emitidas por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

“Estando fuera del país, he sido informada que miembros de la PN, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del ADN. He instruido a suspender el desmonte, a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera”, leía el mensaje de Raful.

Sin embargo, el director de comunicaciones del ADN negó rotundamente que el cabildo tuviera que ver con el desmontre de la tarima, pues no tiene jurisdicción sobre la Plaza de la Bandera para exigir algún permiso por su uso.

De hecho la misma Faride Raful rectificó en otro mensaje en X (antiguo Twitter), que se debía solicitar un permiso a las Fuerzas Armadas para montar tarimas en la Plaza de la Bandera.

En el transcurso de la semana el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado afirmando que le concedieron la “objeción” para el uso de vías públicas por dos horas, el tiempo estándar cedido para este tipo de actividades.

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