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Juez Ortega reinicia este martes audiencia preliminar del caso Odebrecht

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El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, reiniciará mañana la audiencia preliminar contra los siete imputados acusados por el Ministerio Público de recibir supuestamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega adelantó, mediante auto número 004-2018, emitido el viernes 3 de agosto, que las instancias de incidentes y excepciones serán diferidos en la fijada audiencia.

Así como la discusión y solución de los siguientes incidentes y excepciones: la instancia de solicitud de entrega de todas las pruebas entregadas de manera conjunta con la acusación por el Ministerio Público, depositada en fecha 30 de julio de 2018, por el acusado Jesús Antonio Vásquez Martínez.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana de este martes.

Además, la solicitud de ampliación de plazo para depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes, de defensa y pruebas, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por el acusado Porfirio Andrés Bautista García; el escrito de incidentes, solicitud de reposición de plazo y suspensión de audiencia preliminar, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por Víctor José Díaz Rúa.

La excepción de incompetencia, depositada en fecha 31 de julio de 2018, por el acusado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; las instancias de solicitud de entrega de pruebas no notificadas en la acusación de fecha 7 de junio del 2018 y copias certificadas de archivos provisionales contra coimputados en el caso Odebrecht, depositadas en fecha 1° de agosto de 2018, por el acusado Ángel Rondón Rijo, a los fines de proceder según lo dispone los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal.

Indica el periódico El Nuevo Diario que en esta decisión del Juez de la Instrucción Especial, ordenó la notificación de su decisión a los acusados solicitantes, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Porfirio Andrés Bautista García, había solicitado ampliación de plazo para depósito de escrito complementario de excepciones e incidentes, de defensa y pruebas, depositado en fecha treinta y uno (31) de julio de 2018, a través de sus abogados Carlos Ramón Salcedo Camacho, Antoliano Peralta Romero y Thiaggo Marrero Peralta.

Mientras, el acusado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno sometió un escrito de excepción de incompetencia, depositado en fecha treinta y uno (31) de julio de 2018, a través de los abogados Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez Tejada, Edward Veras-Vargas, Carlos R. Pérez Vargas, Manuel Alejandro Rodríguez, Joaquín Antonio Zapata Martínez y Conrad Pittaluga Vicioso.

De igual forma, en su auto, el magistrado Francisco Ortega Polanco decidió reponer “como al efecto repone los plazos solicitados por el acusado Juan Roberto Rodríguez Hernández, y en virtud de la regla de economía procesal, hace extensiva dicha reposición de plazos a los también acusados Tommy Alberto Galán Grullón, senador de la provincia de San Cristóbal; Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez”.

Así como a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y otorga un plazo común de diez (10) días a partir de la notificación de este Auto, “para que procedan, en cuanto jurídicamente a cada uno le concierna y a través de sus abogados apoderados, a realizar o completar las diligencias, actos, réplicas, contrarréplicas, depósito de incidentes, excepciones, y se provean en los términos legales pertinentes, directamente en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de cuantas piezas y documentos resultare legalmente procedente en recaudo a su deber de diligencia y lealtad frente a sus clientes y a su rol de colaboración en el sistema de justicia”.

Mediante el mismo auto ordenó a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, ad hoc de este Juzgado de la Instrucción Especial, poner a disposición inmediata, con la debida organización y diligencia, los documentos, piezas, que legalmente proceda, para que los abogados y las partes se provean para el ejercicio de su defensa.

Y, obviamente, fijó “como al efecto fija para este martes 07 de agosto a las 9:00 horas de la mañana, la audiencia preliminar con relación al proceso de que se trata, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, sito en el Séptimo Piso del Edificio de la Suprema Corte de Justicia”.

Para la celebración de esta preliminar quedaron notificados los acusados Tommy Alberto Galán Grullón, senador por la provincia de San Cristóbal; Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez Martínez y Juan Roberto Rodríguez Hernández; el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez; a la directora de la Procuraduría Especializada para la Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, para los fines de ley.

Luego de un mes recesada dicha audiencia, se espera que la audiencia se realice sin incidentes por parte de las defensas técnicas.

Según el expediente, Odebrecht pagó 92 millones de dólares en sobornos para adjudicarse la construcción de millonarias obras de infraestructuras en el país entre 2001 y 2014.

El año pasado, el procurador General, Jean Alain Rodríguez, solicitó medidas de coerción contra 14 personas por este caso, pero tras varios meses formulando el expediente acusatorio formal, solo imputó a siete.

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Juez dice no hay ley castigue “violación” del toque de queda

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El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que en el país no hay legislación que permita sancionar a una persona por violación al toque de queda.

Para el juez Vargas, lo que sí existe es una ley de salud, que no es lo mismo que una legislación de sanciones para los que violenten el toque de queda.

Indica El Nacional que por tal razón, propuso q ue el Poder Ejecutivo o la Procuraduría General de la República sometan al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y judicializar las violaciones del toque de queda por parte de algunos ciudadanos.

“No hay legislación para condenar a una persona que incumpla la disposición implementada para frenar el contagio por el coronavirus en el país”, manifestó el juez Vargas, en referencia al toque de queda.

Sostuvo que cuando las personas salen a las calles en el horario restringido para la circulación, incurren en la violación del toque de queda, no así en la Ley de Salud.

“Cuando las personas salen a las calles en horarios restringidos para la circulación incurren en la transgresión del toque de queda, no en la violación de la Ley de Salud, por lo que lo sensato sería que los legisladores se aboquen a aprobar una norma con sanciones rigurosas, delito de contravención, pero que logre su cometido”, manifestó Vargas.

El olvido
Hace poco, El Nacional publicó un reportaje bajo la firma del autor de esta información, en la que advertía que en el país no existe una ley de sanción a los violadores del toque de queda.

Este redactor en esa ocasión, tuvo acceso a datos relativos a la última reforma que se hizo a la Constitución de la República, en donde se consignó la creación de los estados de excepción, entre ellos, el estado de emergencia mediante el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

Se supo que cuando se aprobó la reforma constitucional con la creación de los estados de excepción, se acordó también aprobar más tarde una ley orgánica para el castigo de los violadores de dichos estados, pero nunca se hizo.

Estados de excepción
Los estados de excepción contemplados en el artículo 262 de la Constitución de la República, son tres: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. En este último es en el que se encuentra el país y por el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

El fallo
Sin embargo, no existe una legislación que contemple los castigos a imponer a los violadores de estos tres estados, consignados en la Constitución de la República.

Los Estados de Excepción son regulados por la Constitución y por la Ley 21-18, de fecha 25 de mayo del año 2018.

El artículo 262 de la Constitución Dominicana define los estados de excepción como, “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”. La Constitución establece las circunstancias en que se decretan dichos estados.

Ilegalidad
De lo expresado por el juez José Alejandro Vargas, se desprende que no existe un marco de legalidad para que un juez de paz le imponga una multa a una persona por violar el toque de queda. La Procuraduría General de la República dispuso que las multas a los violadores del toque de queda sean puestas por los juzgados de paz.

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Abel Martínez a fiscal: “Sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y atropello contra mí”

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, expresó este viernes que las palabras del fiscal titular de esa ciudad, Francisco Núñez, “no bastan para resarcir el agravio y atropello incalificables” cometidos hacia su persona durante un allanamiento ejecutado en horas de la mañana en una casa de su propiedad, donde funciona su oficina política.

“Fiscal: sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y el atropello perpetrados contra mí, en una acción abusiva e ilegal. Mi indignación y repudio. Así no”, escribió Martínez a través de su cuenta de Twitter.

La mañana del viernes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público allanaron la residencia del alcalde Abel Martínez, donde es inquilino desde hace 15 años y que utiliza como comando político.

El fiscal títular de Santiago, Francisco Núñez, informó que el operativo fue realizado en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, quienes residían en el inmueble requisado, el cual es la oficina política de Abel Martínez.

«El allanamiento no es contra la familia Martínez, es contra esas dos personas que entran y salen con frecuencia de esa residencia», aclaró Núñez.

En la operación se ocuparon dos armas largas y varias pistolas, indicó el magistrado.

«Nos llevamos las armas para depurarlas y establecer si tienen todos sus documentos», expuso.

FUENTE: Diario Libre

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