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Ley de Partidos: Irían a prisión los que difundan en redes mensajes negativos de candidatos

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La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos que tercien en los procesos electorales será sancionada con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo, de acuerdo a lo que establece la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en los casos de difamación e injuria pública.

Así lo dispone el artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el que regula el período de precampaña o campaña interna de los partidos políticos.

Otras penalidades
El capítulo IX de la ley recoge las diferentes penalidades que se aplicarán en los casos en que se viole la ley. En cuatro de ellos las sanciones incluyen penas de prisión cuando tras la condena de lo irrevocablemente juzgado.

La mayor sanción, según el artículo 78 de la ley, será aplicada a los representantes de las organizaciones políticas o las personas físicas o jurídicas que se apropiaren indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un uso distinto al que establecen la ley y las instancias de dirección de los partidos: tendrá una condena de cuatro a diez años de prisión, tal como lo establece el Código Penal en los casos de abuso de confianza, y una multa de 100 a 200 salarios mínimos.

A una multa de 50 a 100 salarios mínimos, prisión de seis meses a un año e inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección será condenado todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios que ponga a disposición de un partido o candidato el uso de títulos, bienes o fondos provenientes de entidades públicas.

En los casos que los dirigentes y miembros de las organizaciones despojen a los militantes, de candidaturas válidamente ganadas en los procesos internos para favorecer a otras personas la multa será de 20 a 50 salarios mínimos, tendrá una pena de prisión de tres a seis meses y, además, la inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección para el período electoral siguiente.

Multas.
Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que violen uno o más de los numerales del 1) al 11) del artículo 25 de la ley recibirán una multa de 50 a 100 salarios mínimos, mientras que los que reciban una condena de lo irrevocablemente juzgado tendrán una multa de 100 a 200 salarios mínimos, y la pérdida del derecho al financiamiento público que le corresponda para los seis meses siguientes a la condena.

El artículo 25 de la ley prohíbe desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la Constitución y las leyes; afiliar o desafiliar a miembros por discriminación de clase, condición social o personal, etnia, género, religión, discapacidad, vínculos familiares o preferencia sexual; ni usar símbolos, figuras, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas o de candidatos en los procesos eleccionarios.

Tampoco pueden promover o propiciar la alteración del orden público; influir con violencia, amenazas, coacciones, engaños, desinformación, sobornos o dádivas sobre los ciudadanos para obtener votos a favor de sus candidatos o contra de los de otros partidos o para provocar la abstención electoral.

También está prohibido establecer estructuras políticas que tengan un carácter paramilitar y propugnen por el uso de la violencia en ocasión de procesos electorales para favorecer determinada candidatura local o nacional; hacer acuerdos o pactos que disminuyan, dividan o repartan el período de gestión de los funcionarios electos o de los derechos inherentes a estas funciones; ni despojar de candidaturas a nadie.

Además, se prohíbe privilegiar a determinados candidatos internos con informaciones o dinero en detrimento de otros, imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios; ni concurrir aliados en el primer proceso electoral en el que se presenten.

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Aplazan por segunda ocasión el conocimiento de coerción a acusados por asalto a banco

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La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por segunda ocasión y para el martes 18 de junio, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados por el asalto a una sucursal del Banco Popular Dominicano.

El aplazaminto es debido a que jueza Fátima Veloz acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por las fiscales Magalys Sánchez y Lewina Tavares, de fusionar la solitud de medida de coerción de Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Enmanuel Segura con la de Alberto Ezequiel Estrella Arias, sin embargo, la defensa de este último alegó no tener listo los presupuestos y medios de defensa.

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los responsables del asalto.

Los imputados en el asalto al Banco Popular fueron conducidos este viernes a la sala de audiencia donde se le pretendía conocer medida de coerción por el hecho que se les imputa.

La solicitud de medida de coerción precisa que los encartados se asociaron con Richard Michel Estrella Arias, conocido como El Chino, y Johan Belliard Aybar, alias (Beberrá), ambos muertos en supuesto intercambio de disparos con la Policía Nacional, para asaltar la entidad financiera, de donde cargaron con un millón 685 mil 723 pesos.

Se les acusa de los delitos de asociación de malhechores, robo ejercido con violencia, haciendo uso de armas de fuego ilegales, en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

También de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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MP: vinculado en asalto al Popular quiso eliminar evidencias de alquiler de vehículo

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Alberto Ezequiel Estrella Arias, tercer imputado por el asalto a la sucursal del Banco Popular Dominicano, ubicada en la avenida Luperón, esquina Olof Palme, había pedido al propietario del dealer, en que alquiló la yipeta para cometer el atraco, que coloque a su hermano fallecido Richard Estrella Arias, como la persona que hizo el negocio, porque «los muertos no hablan», según la acusación del Ministerio Público.

La investigación detalla que Alberto Ezequiel Estrella Arias tuvo «un rol fundamental» en la ejecución del robo al alquilar un vehículo tipo yipeta, marca Kia, modelo Sorento, color negro, que fue utilizado durante el asalto.

El Ministerio Público dice que para evitar ser identificado, proporcionó información falsa sobre el cliente que supuestamente usaría el vehículo y evitó firmar el contrato de renta.

Durante el alquiler y posterior devolución del vehículo, Estrella Arias mantuvo comunicación constante con Manuel Antonio Matos Reyes, el propietario del vehículo, enviando pruebas de pago y coordinando la extensión del alquiler tras el robo», reveló la Procuraduría General de la República en una nota de prensa.

Además, «en un intento por desviar la investigación, sugirió que se pusiera a su hermano fallecido como la persona que había alquilado el vehículo, argumentando que «los muertos no hablan», especifica la investigación del MP.

Solicita medida de coerción
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó a la Oficina de Servicios de Atención Permanente prisión preventiva, como medida de coerción contra Alberto Ezequiel Estrella Arias.

Los imputados son señalados de asociación de malhechores, robo ejerciendo violencia, haciendo uso de arma ilegal, en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. Así como los artículos 66 párrafo V y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público dijo que la solicitud de prisión preventiva «se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados, la existencia de pruebas que vinculan directamente a Alberto Ezequiel Estrella Arias con el asalto y el riesgo de fuga y obstrucción del proceso judicial».

FUENTE: Diario Libre

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