El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Hiroito Reyes, impuso medida de coerción, consistente en presentación periódica ante el Ministerio Público las veces que sea requerido a Odalis Ledesma Hernández, quien fue destituido como viceministro de la Juventud, por el Presidente de la República.

El hasta el jueves viceministro de la Juventud fue acusado de abuso sexual por una ciudadana canadiense, por cuyo hecho el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva ante las graves acusaciones que pesan en su contra.

La Procuraduría informó en un comunicado de prensa que el juez de la Instrucción Especial de la SCJ no acogió la solicitud del Ministerio Público, imponiéndole mediante resolución, presentación periódica cuando sea requerido indicó el Listín Diario.

Señaló que el juez Hiroito Reyes rechazó la petición del Ministerio Público bajo la premisa de que Ledesma Hernández no tiene la posibilidad de obstaculizar o destruir medios de pruebas que detenta el Ministerio Público o la parte acusadora, y en los múltiples presupuestos que ponen de manifiesto el arraigo de dicho imputado.

El presidente Danilo Medina dispuso  la destitución de Odalis Ledesma Hernández como viceministro de la Juventud, mediante el decreto 340-18, y en su lugar designó a la señora Yiljuly Rosanna Pimentel Jiménez.

La destitución del funcionario de la Juventud se produjo luego que el juez le había impuesto la medida de coerción, por lo que su caso fue conocido en la jurisdicción privilegiada de la SCJ, como dispone la Constitución.

¿Cómo logró que no se le aplicara la medida más severa, la prisión?

Ledesma Hernández presentó 18 certificaciones en las que da constancia de su patrimonio, funciones en el Estado y preparación profesional, a fin de demostrar su arraigo en el país y evitar que se le imponga la prisión preventiva solicitada por el ministerio público, por la acusación de abuso sexual en su contra que presentó una ciudadana canadiense, lo cual logró.

En la resolución de medida de coerción, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) argumentó que en ese caso, independientemente de la característica, “no procede imponer la medida de coerción más grave, que es la prisión preventiva, toda vez que el imputado presenta presupuesto suficiente para garantizar su presencia a los actos de proceso que se le sigue, todo esto corroborado con su actitud de comparecer a todos los actos de investigación cursados hasta el momento en el caso que se le sigue”.

En cambio, le impuso de presentación periódica cuando lo requiera el ministerio público.

La primera prueba que presentó el exviceministro de la Juventud ante el juez para justificar su arraigo fueron los certificados de propiedad de tres apartamentos, ubicados en el residencial Torre Sesqui, en el sector Evaristo Morales.

La lista de documentos depositados por el exfuncionario incluye una copia de las matrículas de 2 vehículos, un automóvil, marca audi, y una jeepeta Gran Cherokee, ambos del año 2012.

Además, una certificación del cargo de viceministro de la juventud, en la que se hace constar que devengaba un salario de RD$200,000.00.

Igualmente, certificaciones de varios bancos sobre las cuentas y tarjetas de créditos y original de 3 registros mercantiles expedidos por Supreme Studios, S.R.L Soluciones Grupo Consultor R.G.R.L, y Lexdom Buro Legal, S., a.

A esto se suman certificaciones de los clubes de los que es socio, de estudios de educación superior realizados tanto en el país como en el extranjero, así como de reconocimientos recibidos, cuyos elementos probatorios fueron presentados a través de los abogados Marcos Abelardo Guridi Luis Péláez Esterlin, sus representantes legales en el proceso.

Designación

Odalis Junior Ledesma Hernández fue designado como viceministro de Políticas Públicas de la Juventud el 15 de septiembre del 2012, mediante el decreto 533-12.

Ledesma Hernández fue destituido el pasado viernes por el presidente Danilo Medina a través del decreto 340-18, de fecha siete de septiembre del 2018, lo cual se produjo después que el juez de instrucción especial de la SCJ le había impuesto medida de coerción por acusación de abuso sexual.

La medida de coerción fue emitida el 20 de julio del 2018, según consta en el fallo del juez de la SCJ, pero fue conocida ayer por un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, a través de su departamento de Comunicaciones.

El ministerio público había solicitado un año de prisión preventiva, argumentando las graves acusaciones que pesan en su contra, pero el magistrado Hiroito Reyes solo le impuso presentación periódica las veces que lo requiera el ministerio público.

El caso fue instruido en la jurisdicción privilegiada de la SCJ por ser el imputado un viceministro, pero al ser destituido deberá ser declinado a la jurisdicción ordinaria.