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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara
La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.
La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.
Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.
También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.
Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.
El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.
Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.
Vía Listín Diario
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Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada
La Policía Nacional informó este jueves sobre la muerte de una madre y su hijo, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado a través de Airbnb, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que una tercera persona, fue encontrada en el lugar y permanece ingresada en un centro de salud.
El hecho ocurrió en la torre Arpel.
Dijo que los fallecidos fueron identificados como Raiza Mendoza, de 50 años de edad, y su hijo Yadin Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que Caroline Milagros Pérez, de 22 años de edad, es la joven que está ingresada.
Pesqueira explicó al periódico Diario Libre que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Caso bajo investigación
Pesqueira explicó que, hasta el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y que están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Una fuente informó a Diario Libre que una de las hipótesis que se investigan es una posible intoxicación alimentaria.
La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación y que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas, incluyendo la identificación de las víctimas.
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Condenan a La Tora a un año de prisión por difamación a diputado Gory Moya
La jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a Claudia Pérez, conocida popularmente como “La Tora”, tras ser hallada culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).
La magistrada Octavia Carolina Fernández Curi, además de la pena privativa de libertad, condenó a «La Tora» al pago de una indemnización de 5 millones de pesos por los daños morales ocasionados al legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como al pago de las costas penales del proceso.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, la imputada deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
Fundamentos del fallo
La magistrada Fernández Curi determinó en su dictamen que Pérez incurrió en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El tribunal concluyó que la procesada utilizó plataformas telemáticas y de telecomunicación para difundir declaraciones injuriosas que afectaron directamente el honor del congresista.
Por otro lado, la demanda civil interpuesta por la defensa legal del diputado, asistido en el proceso por los abogados José Altagracia Fis Batista y Enmanuel Martínez Acevedo, fue declarada buena y válida en cuanto a la forma por el tribunal.
A su salida del tribunal La Tora vociferaba las acusaciones que le había hecho a Gory Moya y por lo cual fue condenada.
Con información del Listín Diario
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