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Procurador llama a no difundir fotos ni información de menores víctimas de violencia

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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, hizo un llamado este lunes a la ciudadanía a no exponer, ni compartir nombres, fotos, ni información alguna de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido diferentes tipos de violencia, y en especial, delitos sexuales, tras indicar que cuando se comparte la vida de ellos, se les están violando todos sus derechos.

El magistrado Rodríguez señaló que el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), cumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado dominicano respecto a las convenciones internacionales en la materia, establece la supremacía del interés superior del niño, que consiste en garantizar su desarrollo integral y una vida digna.

“Es por ello que al momento de ser investigado un caso de abuso sexual que trasciende a los medios de comunicación, no debemos revictimizarlos, porque vulneramos sus derechos humanos, desprotegiéndolos y exponiendo su integridad, honor e intimidad”, manifestó en un comunicado.

En ese sentido, indica El Caribe que el magistrado recordó que para esa nociva práctica existen sanciones penales y advirtió que ha instruido para que el Ministerio Público actúe con la mayor severidad posible contra los infractores.

Dijo que el daño moral y público hacia los niños víctimas de este delito es irreparable.

“Es por ello, que al no difundir fotografías, ni nombre o grabaciones, estamos contribuyendo al sano crecimiento de éstos y no entorpecemos las investigaciones contra los imputados de tan dañinos e inaceptables delitos, teniendo mayores probabilidades de lograr una ejemplar sanción”, expresó.

El jefe del Ministerio Público apeló a la conciencia colectiva, a los valores y respeto al dolor ajeno, para que se proteja la vida, los días y los años futuros de los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados.

De forma enfática, dijo que cada vez que se comparte una imagen, se transgrede nuevamente a la persona que está pasando por esa situación, exponiéndolos a otra forma de violencia.

“Todos somos responsables de lacerar los derechos de las víctimas cuando compartimos este tipo de información, todos estamos llamados a velar, como ciudadanos y ciudadanas, por la protección de quienes han sido violentados”, sostuvo el procurador.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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