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Viudas tienen que recurrir a tribunales porque les niegan las pensiones

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La negativa a otorgar la pensión que legalmente les corresponde a las viudas de empleados públicos, también es frecuente por parte de instituciones públicas, dando lugar al  sometimiento de  demandas  judiciales para reclamar que se les garantice ese  derecho a la seguridad social.

Varias  acciones  de amparo  han sido dirimidas en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), sometidas por mujeres que reclaman el derecho a recibir una pensión de supervivencia luego de la muerte de sus maridos que trabajaron como servidores públicos.  

Esos conflictos han llegado al  Tribunal Constitucional, que mediante sentencias en las que  decide recursos de revisión de amparo,   ha establecido que  negar  una pensión por sobrevivencia es negar el derecho a la seguridad social, protegido por el artículo 60 de la Constitución.

El TC ha ordenado a varias entidades del Estado  otorgar la pensión de esa naturaleza a viudas, que generalmente son personas de la tercera edad.

Y ha sido reiterativo en su criterio de que “la misma requiere de un tratamiento eminentemente protector, dado que su beneficiario se ha visto privado de manera involuntaria del apoyo económico del pensionado o afiliado, por lo que su finalidad es garantizar que su muerte no impida que este pueda atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias que se han podido generar tras el fallecimiento”.

Sentencias
En la sentencia TC-122/18, emitida el 21 de mayo del 2018,  el Tribunal Constitucional  ordenó a la Lotería Nacional  concluir el trámite de pensión de sobrevivencia que reclama la señora Mercedes Batista, para que le sea pagada a ésta, al igual que el retroactivo de todas las cuotas dejadas de percibir desde octubre de 2009.

 Batista había sometido una acción de amparo en contra de la Lotería Nacional, debido a que su esposo  trabajó 45 años en esa institución, y estaba en trámite de pensión desde 11 años antes de  fallecer.  

El TC también ordenó a  la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, a la cual estaba afiliado el servidor  público fallecido,  garantizar los derechos fundamentales a la seguridad social y a la pensión por sobrevivencia de la viuda.

Violación de derechos
En esa decisión, mediante la cual acogió un recurso de revisión de amparo, el TC consideró que  negar la pensión al cónyuge superviviente no solo constituye una violación a la seguridad social, sino también al de  protección a las personas de la tercera edad y a su dignidad humana.

También, el 21 de mayo de este año, mediante la sentencia  TC-114/18, se  ordenó a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado (CAASD) pagar la pensión por supervivencia a la señora Francisca María del Pilar Santana,  retrotrayendo el cálculo del monto adeudado por ese concepto a la fecha en la cual falleció su marido,  Jesús Reynoso Then, el 17 de junio de 2011.

Ministerio de Hacienda
En otro fallo del 7 de marzo del 2018, número TC-022/18, la Corte Constitucional también ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, otorgar una pensión de supervivencia a la señora Ramona Española Peña de Álvarez, que en vida recibía su esposo, Juan Antonio Álvarez.

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EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

El 23 de noviembre del 2017, a través de la sentencia TC-742, los jueces constitucionales ordenaron al Departamento Aeroportuario que restablezca la pensión de conviviente superviviente a la señora Onila Méndez Montero.

Dispuso que se le entregue todos los valores dejados de pagar que le corresponden por concepto de pensión desde el momento de la suspensión, en julio del 2015 hasta la fecha de la sentencia.

La accionante reclamaba el traspaso de la pensión que percibía su compañero Santos Leonel Urbaez desde el año 2001.

Listín Diario

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Se entrega uno de los profesores acusados de violar estudiante en SPM

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Se entregó este jueves uno de los profesores acusados de supuesta violación a una menor de 13 años en una escuela de Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

Conforme a una fuente consultada por reporteros de Listín Diario, se trata de Fernando Altagracia Peña Eusebia, quien se presentó a una comandancia policial en compañía de sus abogados en horas de la mañana.

“Hay uno de los profesores que está detenido, que se presentó voluntariamente en el día de hoy”, indicó la persona, cuyo nombre se hace omisión para preservar su integridad.

De acuerdo a la fuente, los padres de la adolescente se presentaron el lunes 18 de este mes de noviembre e interpusieron la querella formal en contra de los dos profesores que incurrieron en la presunta violación sexual.

El hecho ocurrió en la Escuela Básica La Siria, misma que permanece cerrada desde que se el caso se ventiló a la luz pública el pasado lunes, aunque la docencia se continúa impartiendo en la virtualidad, conforme informó al Listín Diario el director de la Regional 05 de Educación, Isidro Santana.

FUENTE: Listín Diario

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Cierran escuela de SPM tras denuncia de violación sexual a una estudiante

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Dos profesores están siendo acusados de supuestamente cometer abuso sexual contra una estudiante de 13 años en el centro educativo La Siria, ubicado en el municipio de Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.

Ante la situación, la dirección regional del Ministerio de Educación, en San Pedro de Macorís, tomó la decisión de cerrar el centro educativo para retirar a los docentes por una protesta que se hizo el pasado lunes con intención de agredirlos.

Isidro Santana Ramírez, director de la Regional de Educación, dijo a los medios que la misma adolescente denunció a los maestros y que los padres de la menor procedieron a realizar la denuncia.

«Solo podemos decir que tanto el Ministerio de Educación, como la regional, lo que hicimos fue tomar las decisiones pertinentes para que se realice una investigación», señaló.

Precisó que tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como la regional de Educación, entienden que todo el que está involucrado le debe caerle todo el peso de la ley.

«Se supone que la escuela es el lugar de seguridad, la segunda casa de los niños, por tanto, todo aquel que haya cometido una falta en ese sentido y que esté involucrado en esto, entonces, tendrá que pagar porque no se puede quedar impune», subrayó.
El director regional de Educación explicó que con esto no está afirmando el hecho, pero que la fiscalía está realizando las investigaciones de lugar.

Expresó que nunca habían tenido este tipo de denuncias, hasta ahora.

Por el momento, la identidad de los docentes no han sido reveladas, pero se supo que se trata presuntamente de un profesor de matemáticas y otro de inglés.

Vía Diario Libre

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