Panorama
Surgen diversas reacciones sobre la libertad del mambero Omega
Luego de que la primera Sala Penal de la provincia Santo Domingo concedió el pasado jueves la libertad condicional al mambero Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como “Omega” han surgido diversas reacciones al respecto.
Ayer, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que en caso de que el merenguero “Omega” viole otra vez la ley será apresado nuevamente.
Rodríguez dijo que el caso de Antonio Peter de la Rosa, nombre de pila del cantante, debe ser un ejemplo para la sociedad.
“A muchas personas que vean esto como ejemplo, como esa persona duró más de dos años preso y pudiera volver en caso de que, como lo contempla la misma sentencia, la viole de nuevo la ley”, expresó.
“Si esa persona vuelve y viola la ley pues vuelve automáticamente a ser de nuevo detenido, a ser llevado y esperemos que no sea el caso, acá queremos un país libre de violencia de género y por eso estamos trabajado”, añadió.
A ser preguntado sobre si el Ministerio Público apelará a la sentencia que dejó en libertad condicional a “Omega”, condenado por violencia de género, el magistrado no respondió, sino que evadió la pregunta.
“La sentencia es clara respecto a las medidas que debe tomar de presentación periódica de asistencia al centro conductual, pero también en particular, en buen derecho, como ustedes lo saben, es una sentencia suspendida”, señaló Rodríguez.
Ministra de la Mujer en desacuerdo
Mientras que la ministra de la Mujer, Janet Camilo, manifestó que la puesta en libertad de “Omega” envía un mensaje erróneo a la sociedad dominicana y significa un retroceso en la lucha contra la violencia machista.
Camilo dijo que esta decisión judicial que favorece al cantante, “maltratador reincidente” condenado a cinco años de prisión por actos de violencia de género, llega en un momento en el que la violencia machista y los feminicidios se han convertido en epidemia y desde “el Estado se hacen ingentes esfuerzos por prevenir y erradicar este mal que se lleva la vida de cientos de mujeres cada año en el país”.
“El gobierno hace inversiones millonarias en programas y campañas de prevención de la violencia, el ministerio de la Mujer se afana cada día por lograr las condiciones para que ninguna mujer sea maltratada, golpeada o asesinada, pero si se pone en libertad a maltradores probados y reincidentes sin haber cumplido con la pena impuesta, damos 10 pasos hacia atrás en esta lucha contra un mal que afecta y envuelve a la sociedad en conjunto”, expresó la ministra.
A través de una nota de prensa, el Ministerio de la Mujer aseguró que el Estado dominicano trabaja para que ninguna mujer ni niña sea abusada, maltratada o asesinada, razón por la cual se debe aprobar el nuevo Código Penal, en el cual se contemplen las agresiones físicas contra mujeres y niñas y se tipifique el feminicidio.
En ese mismo orden, la institución del Gobierno indicó que el hábeas corpus es un recurso judicial que no aplica en casos de personas condenadas, ya que la Ley Orgánica otorga esas competencias al juez solo en casos de prisión ilegal, arbitraria o irrazonable, “lo cual no aplica en el caso del mencionado artista, cuyo encierro fue determinado por el juez de la pena y ratificado en la Corte de Apelación”.
“Omega” no podrá consumir alcohol
“Omega” fue puesto bajo libertad condicional el pasado jueves tras cumplir más de la mitad de la pena de cinco años que le fue impuesta por violencia de género e intrafamiliar. Algunas de las condiciones para concederle la libertad son asistir a terapias en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, realizar 120 horas de labor comunitaria, y abstenerse del uso de bebidas alcohólicas y el porte de armas de fuego.
El Caribe
Panorama
Pese a proceso judicial en curso, demuelen restaurante El Navío en Pedernales
Autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) demolieron el restaurante El Navío, considerado uno de los principales centros de atracción para los miles de cruceristas y vacacionistas que llegan semanalmente al puerto de Cabo Rojo, en esta provincia fronteriza.
El establecimiento, construido con un permiso temporal otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, se había convertido en un punto de referencia turística donde, además de los visitantes extranjeros, acudían funcionarios y empresarios para disfrutar de un ambiente recreativo frente al mar.
Según las autoridades, el área donde operaba el restaurante El Navío, propiedad del joven empresario Odalis Grullón, obstaculizaba los trabajos de construcción del frente marino o malecón que actualmente se desarrolla en la zona.
No obstante, la demolición se produjo en medio de un proceso judicial, debido a que existe una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Pedernales que prohíbe cualquier tipo de desalojo.
El abogado Juan Carlos Acosta precisó que una sentencia del Tribunal Administrativo no autoriza a ningún órgano del Estado ni a entidades privadas a desalojar bienes inmuebles sin que previamente exista una decisión definitiva emitida por el tribunal competente de Barahona y se autorice su ejecución.
De acuerdo con el propietario Odalis Grullón, durante una reciente visita a esta frontera del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recibió garantías sobre su propiedad, por lo que incluso fue invitado al Palacio Nacional, ya que el tema era de conocimiento del presidente Luis Abinader.
Sin embargo, el jurista Juan Carlos Acosta sostuvo que la demolición ejecutada constituye un acto ilegal, tomando en cuenta el proceso judicial que se encuentra en curso.
Panorama
Fijan para este jueves medida de coerción contra militar acusado en muerte de adolescente en SFM
Las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís conocerán este jueves la medida de coerción contra un militar acusado de presuntamente provocar la caída de una motocicleta en la que se desplazaba el adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, quien falleció a consecuencia del hecho.
La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de esta ciudad, donde familiares de la víctima, así como representantes de organizaciones populares y comunitarias, han anunciado que darán seguimiento al proceso judicial.
El caso ha generado indignación en distintos sectores de San Francisco de Macorís, donde ciudadanos han realizado vigilias, encendidos de velas y manifestaciones para exigir justicia por la muerte del menor.
Desde que ocurrió el incidente, grupos populares, estudiantiles y comunitarios han demandado una investigación transparente y que los responsables sean sometidos a la acción de la justicia.
Asimismo, han reiterado su llamado a que el caso sea esclarecido y sancionado conforme a la ley.
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