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Gobierno de Trump planea sacar al país del DR-Cafta, según El Nuevo Herald
La preocupación con El Salvador y República Dominicana es si sus posiciones en el DR-CAFTA le han dado a China acceso a los mercados de los Estados Unidos
Ante la esperanza de algunos funcionarios y empresarios dominicanos de lograr una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) para poder sacar más provecho de dicho convenio, ahora se da a conocer que la permanencia de República Dominicana en este acuerdo comercial se ve amenazada por el gobierno de Donald Trump, así como también peligra la de El Salvador y Nicaragua.
Recientemente, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, había dicho que República Dominicana estaba en los aprestos de solicitar una revisión del DR-Cafta y que para eso ya contaba con la autorización del presidente Danilo Medina.
Pero ayer, la diputada Faride Raful alertó a la República Dominicana sobre las intenciones del presidente estadounidense de sacar de este convenio a la República Dominicana y otros dos países y pidió la unión de todos los dominicanos para enfrentar esta situación.
“La noticia de que el gobierno USA estudia expulsar a RD del DR-Cafta debe mover a todos los sectores de la nación a diseñar un plan de acción que evite una medida cómo esa, que nos afectará a todos”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al citar una información publicada en un periódico de Estados Unidos, El Nuevo Herald en la que se muestran las intenciones del gobierno de Trump.
Texto completo de la noticia publicada en El Nuevo Herald:
Ahora que el gobierno del presidente Donald Trump negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estudia expulsar a varios países del acuerdo paralelo, el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR).
Funcionarios federales están estudiando el acuerdo, firmado en el 2005 con seis naciones latinoamericanas, para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo.
“Estamos muy preocupados con el avance de Nicaragua hacia el autoritarismo, y los lazos cuestionables de República Dominicana y E Salvador”, dijo un funcionario. “Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el CAFTA-DR, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”.
Sacar a esos tres países del CAFTA, o el CAFTA-DR, como se le conoce mejor, no necesariamente les impediría vender sus productos en Estados Unidos, pero estarían sujetos a aranceles más elevados, que estaban en vigor antes del acuerdo, firmado en el 2005.
El hecho de que Estados Unidos esté poniendo la mira en ese acuerdo no es necesariamente una sorpresa. Desde que el presidente Trump anunció planes para renegociar el TLC de América del Norte, líderes de toda la región esperaban que en su momento el gobierno fijara su atención en otros acuerdos y aplicaría cambios similares. El TLCAN fue una especie de patrón para el resto de los 11 acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y países latinoamericanos.
Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana son países que recientemente se han visto en la mira de Trump.
El gobierno de Trump ha impuesto sanciones y presión política y económica en Nicaragua en momentos que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado su poder autoritario. Washington retiró sus embajadores de El Salvador y República Dominicana hace unos meses después que los dos países rompieron relaciones con Taiwán en busca de un acercamiento, un adversario comercial de Estados Unidos que Washington ha acusado de “actividad económica predatoria”.
Pero el CAFTA en realidad nunca fue un tratado de comercio.
Cuando el Congreso ratificó el acuerdo, el presidente George W. Bush dijo que era una vía para que Estados Unidos apoyara la democracia y las reformas económicas después de años de guerra civil e insurgencia comunista.
“Una parte del mundo que una vez se caracterizó por la agitación y la dictadura ahora ve su futuro en elecciones libres y libre comercio, y no podemos dar estos avances por definitivos”, dijo el entonces presidente George W. Bush. “Al transformar nuestro hemisferio en una poderosa zona de libre comercio, impulsaremos la gobernanza democrática, los derechos humanos y la libertad económica para todos”.
Eric Farnsworth, quien participó en las negociaciones del TLCAN como funcionario del representante comercial de Estados Unidos y posteriormente presionó a favor del CAFTA, dijo que es lógico que Estadios Unidos quiera determinar si Nicaragua debe seguir recibiendo acceso especial al mercado estadounidense después de “haberse salido del camino democrático”.
“El comercio es una herramienta, pero no es una panacea”, dijo Farnsworth, quien ahora es vicepresidente del Consejo de las Américas en Washington. “El asunto es: ¿está llevando el comercio a los resultados que buscamos o sencillamente es un salvavidas económico de una dictadura autoritaria? Eso es lo que tenemos que estudiar con cuidado”.
La preocupación con El Salvador y República Dominicana es si su pertenencia al CAFTA le ha dado a China una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos.
El gobierno considera que el programa global de préstamos de China, la llamada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Sede, como una trampa de endeudamiento que alimenta una mayor dependencia económica.
El gobierno ha enviado una señal clara con el nuevo TLCAN sobre sus intenciones sobre China. Uno de los elementos quizás más significativos, pero menos conocido, del nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, es una cláusula que permite a Estados Unidos retirarse del tratado si alguno de los países decide firmar un acuerdo de comercio separado con algún país que no tenga una economía de mercado, visto en lo fundamental como una advertencia a que no firmen acuerdos separados de comercio con China.
“No es una conexión formal en el sentido de lo que suceda en el TLCAN tiene relación con ello, pero es el mismo impulso”, dijo Eric Miller, asesor de comercio que ha trabajado con el gobierno canadiense y sigue asesorándolo sobre las negociaciones. “Lo que es fundamental es que a Estados Unidos le preocupa el aumento de la influencia china en la región, y estudia todos los instrumentos a su disposición para contrarrestar esa influencia”.
Al gobierno estadounidense todavía le quedan muchas discusiones difíciles por delante. Las autoridades tienen que encontrar mecanismos para sacar a Nicaragua y República Dominicana del acuerdo, porque no hay una cláusula específica en el acuerdo.
“Nadie pudo imaginar que iba a pasar esto”, dijo José Cárdenas, quien integró el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente George W. Bush y se comunica regularmente con funcionarios del gobierno de Trump.
Miller no ve ningún mecanismo fácil para sacar a los tres países pero dijo que se puede lograr. Una forma, afirmó, es que los suspendan sobre la base de preocupaciones de seguridad nacional.
“La seguridad nacional es la nueva justificación favorita de esta administración para hacer frente a cualquier cosa en América Latina”, dijo Miller.
Cárdenas dijo que el gobierno tiene que tener cuidado de que los cambios no afecten a los ciudadanos a los que quieren proteger.
“Es la decisión más difícil de tomar”, afirmó. “Cómo responder a la situación en Nicaragua sin afectar la vida de la gente de a pie. Pero no se puede dejar pasar”.
FUENTE: Diario Libre
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Guido sobre imputados del caso Senasa: “Son unos hijos de la gran puta”
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que los diez imputados en el caso Senasa “son unos hijos de la gran puta”, al referirse al presunto fraude cometido con recursos públicos destinados al sistema de salud y a las medidas de coerción que les fueron impuestas el día de ayer, durante una intervención en un programa televisivo transmitido la mañana de este lunes.
“Son unos hijos de la gran puta. Porque cuando tú tomas recursos públicos destinados a la salud de los infelices de este país, y tú manipulas operaciones no realizadas y generas contrataciones multimillonarias, tú tienes que reconocer que el nivel de indignación de la población tiene mucha razón de ser”, manifestó.
Las declaraciones se producen luego de que un juez impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que otros tres deberán cumplir arresto domiciliario e impedimento de salida del país, como medidas de coerción dentro del proceso judicial.
Las declaraciones de Gómez Mazara fueron ofrecidas durante su participación en el programa Telematutino 11, que se transmite por el canal Telesistema
Gómez Mazara sostuvo que el caso no debe quedarse en esta primera fase y exhortó a los magistrados a profundizar las investigaciones. “Frente a eso, yo quisiera pedirles a los magistrados que siguieran hasta el final”, enfatizó.
Posible ampliación del caso: “Senasa 2.0”
Asimismo, el presidente de Indotel se refirió a una posible ampliación del expediente, al que denominó de manera informal como “Senasa 2.0”, aclarando que se trata de una inferencia personal y no de información oficial.
“Intuyo yo, no tengo información porque nosotros somos respetuosos del Ministerio Público, pero intuyo que va a involucrar farmacias, clínicas, médicos”, expresó.
En ese sentido, pidió sanciones severas contra los profesionales de la salud que pudieran estar implicados en prácticas fraudulentas.
“Ojalá todos esos médicos que participan en esa vagabundería le quiten el exequátur”, concluyó.
Vía N Digital
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Dictan prisión preventiva a Santiago Hazim y otros implicados en caso Senasa
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim, exdirector del Senasa, cumpla la medida de coerción en el centro penitenciario de Najayo.
Asimismo, el tribunal dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, así como contra Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Ellos también cumplirán la medida en la cárcel de Najayo.
En tanto, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo una solicitud del Ministerio Público.
Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado prisión preventiva para siete de los diez imputados en el citado caso.

En resumen
🔴 Prisión preventiva por 18 meses (Najayo):
• Santiago Marcelo Hazim
• Rafael Luis Martínez Hazim
• Gustavo Enrique Messina Cruz
• Germán Rafael Robles Quiñones
• Francisco Iván Minaya Pérez
• Ramón Alan Speakler Mateo
• Ada Ledesma Ubiera
🟡 Arresto domiciliario (comerán lechón en su casa en Nochebuena)
• Eduardo Read Estrella: arresto domiciliario e impedimento de salida.
• Cinty Acosta Sención: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
• Heidi Mariela Pineda Perdomo: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron además que el proceso sea declarado como caso complejo.
Por su parte, los abogados de la defensa pidieron el rechazo de la prisión preventiva y que se impusieran medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y el pago de garantías económicas.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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