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Gobierno de Trump planea sacar al país del DR-Cafta, según El Nuevo Herald

La preocupación con El Salvador y República Dominicana es si sus posiciones en el DR-CAFTA le han dado a China acceso a los mercados de los Estados Unidos

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Ante la esperanza de algunos funcionarios y empresarios dominicanos de lograr una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) para poder sacar más provecho de dicho convenio, ahora se da a conocer que la permanencia de República Dominicana en este acuerdo comercial se ve amenazada por el gobierno de Donald Trump, así como también peligra la de El Salvador y Nicaragua.

Recientemente, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, había dicho que República Dominicana estaba en los aprestos de solicitar una revisión del DR-Cafta y que para eso ya contaba con la autorización del presidente Danilo Medina.

Pero ayer, la diputada Faride Raful alertó a la República Dominicana sobre las intenciones del presidente estadounidense de sacar de este convenio a la República Dominicana y otros dos países y pidió la unión de todos los dominicanos para enfrentar esta situación.

“La noticia de que el gobierno USA estudia expulsar a RD del DR-Cafta debe mover a todos los sectores de la nación a diseñar un plan de acción que evite una medida cómo esa, que nos afectará a todos”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al citar una información publicada en un periódico de Estados Unidos, El Nuevo Herald en la que se muestran las intenciones del gobierno de Trump.

Texto completo de la noticia publicada en El Nuevo Herald:
Ahora que el gobierno del presidente Donald Trump negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estudia expulsar a varios países del acuerdo paralelo, el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR).

Funcionarios federales están estudiando el acuerdo, firmado en el 2005 con seis naciones latinoamericanas, para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo.

“Estamos muy preocupados con el avance de Nicaragua hacia el autoritarismo, y los lazos cuestionables de República Dominicana y E Salvador”, dijo un funcionario. “Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el CAFTA-DR, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”.

Sacar a esos tres países del CAFTA, o el CAFTA-DR, como se le conoce mejor, no necesariamente les impediría vender sus productos en Estados Unidos, pero estarían sujetos a aranceles más elevados, que estaban en vigor antes del acuerdo, firmado en el 2005.

El hecho de que Estados Unidos esté poniendo la mira en ese acuerdo no es necesariamente una sorpresa. Desde que el presidente Trump anunció planes para renegociar el TLC de América del Norte, líderes de toda la región esperaban que en su momento el gobierno fijara su atención en otros acuerdos y aplicaría cambios similares. El TLCAN fue una especie de patrón para el resto de los 11 acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y países latinoamericanos.

Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana son países que recientemente se han visto en la mira de Trump.

El gobierno de Trump ha impuesto sanciones y presión política y económica en Nicaragua en momentos que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado su poder autoritario. Washington retiró sus embajadores de El Salvador y República Dominicana hace unos meses después que los dos países rompieron relaciones con Taiwán en busca de un acercamiento, un adversario comercial de Estados Unidos que Washington ha acusado de “actividad económica predatoria”.

Pero el CAFTA en realidad nunca fue un tratado de comercio.

Cuando el Congreso ratificó el acuerdo, el presidente George W. Bush dijo que era una vía para que Estados Unidos apoyara la democracia y las reformas económicas después de años de guerra civil e insurgencia comunista.

“Una parte del mundo que una vez se caracterizó por la agitación y la dictadura ahora ve su futuro en elecciones libres y libre comercio, y no podemos dar estos avances por definitivos”, dijo el entonces presidente George W. Bush. “Al transformar nuestro hemisferio en una poderosa zona de libre comercio, impulsaremos la gobernanza democrática, los derechos humanos y la libertad económica para todos”.

Eric Farnsworth, quien participó en las negociaciones del TLCAN como funcionario del representante comercial de Estados Unidos y posteriormente presionó a favor del CAFTA, dijo que es lógico que Estadios Unidos quiera determinar si Nicaragua debe seguir recibiendo acceso especial al mercado estadounidense después de “haberse salido del camino democrático”.

“El comercio es una herramienta, pero no es una panacea”, dijo Farnsworth, quien ahora es vicepresidente del Consejo de las Américas en Washington. “El asunto es: ¿está llevando el comercio a los resultados que buscamos o sencillamente es un salvavidas económico de una dictadura autoritaria? Eso es lo que tenemos que estudiar con cuidado”.

La preocupación con El Salvador y República Dominicana es si su pertenencia al CAFTA le ha dado a China una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos.

El gobierno considera que el programa global de préstamos de China, la llamada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Sede, como una trampa de endeudamiento que alimenta una mayor dependencia económica.

El gobierno ha enviado una señal clara con el nuevo TLCAN sobre sus intenciones sobre China. Uno de los elementos quizás más significativos, pero menos conocido, del nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, es una cláusula que permite a Estados Unidos retirarse del tratado si alguno de los países decide firmar un acuerdo de comercio separado con algún país que no tenga una economía de mercado, visto en lo fundamental como una advertencia a que no firmen acuerdos separados de comercio con China.

“No es una conexión formal en el sentido de lo que suceda en el TLCAN tiene relación con ello, pero es el mismo impulso”, dijo Eric Miller, asesor de comercio que ha trabajado con el gobierno canadiense y sigue asesorándolo sobre las negociaciones. “Lo que es fundamental es que a Estados Unidos le preocupa el aumento de la influencia china en la región, y estudia todos los instrumentos a su disposición para contrarrestar esa influencia”.

Al gobierno estadounidense todavía le quedan muchas discusiones difíciles por delante. Las autoridades tienen que encontrar mecanismos para sacar a Nicaragua y República Dominicana del acuerdo, porque no hay una cláusula específica en el acuerdo.

“Nadie pudo imaginar que iba a pasar esto”, dijo José Cárdenas, quien integró el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente George W. Bush y se comunica regularmente con funcionarios del gobierno de Trump.

Miller no ve ningún mecanismo fácil para sacar a los tres países pero dijo que se puede lograr. Una forma, afirmó, es que los suspendan sobre la base de preocupaciones de seguridad nacional.

“La seguridad nacional es la nueva justificación favorita de esta administración para hacer frente a cualquier cosa en América Latina”, dijo Miller.

Cárdenas dijo que el gobierno tiene que tener cuidado de que los cambios no afecten a los ciudadanos a los que quieren proteger.

“Es la decisión más difícil de tomar”, afirmó. “Cómo responder a la situación en Nicaragua sin afectar la vida de la gente de a pie. Pero no se puede dejar pasar”.

FUENTE: Diario Libre

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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