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República Dominicana no reconoce gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela
República Dominicana, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haiti y Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro.
Poco después de que Maduro jurara hoy para un segundo período de seis años, el organismo interamericano instaló una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para discutir una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití.
Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbudas, Belice y El Salvador se abstuvieron.
La reunión del Consejo, ahora bajo la Presidencia rotatoria de El Salvador, fue rechazada de la delegación de Venezuela, liderada por el embajador Samuel Moncada, como un “acto hostil e inamistoso”.
“No reconoceremos ninguna decisión que pudiera adoptarse en esta reunión”, apuntó Moncada, quien es viceministro para América del Norte y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Al responder a la resolución, Moncada la consideró “una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado”.
El embajador de Nicaragua, Denis Moncada, secundó la posición venezolana y advirtió que la reunión supuso una “violación” a la Carta de la OEA.
Moncada, en otro momento de la sesión, denunció la intención de aplicar un “cinturón de aislamiento democrático” a Venezuela, para justificar un atentado contra Maduro o una intervención en ese país.
La delegación argentina, encabezada por la embajadora Paula María Bertol, planteó aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela y subrayó que “el prestigio y la relevancia de la OEA” están en juego.
El representante de Ecuador, Carlos Alberto Játiva, cuyo país respaldó la declaración en contra del Gobierno de Maduro, puntualizó que “solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros políticos”.
México, que tomó distancia de la declaración emitida el pasado 4 de enero por el Grupo de Lima sobre el nuevo mandato de Maduro y hoy se abstuvo en la votación, manifestó su disposición a apoyar iniciativas encaminadas a que el pueblo de Venezuela encuentre una solución a sus diferencias.
En declaraciones a los periodistas, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene “un compromiso” con el pueblo venezolano y que hará “todo lo posible” para que “regrese la democracia” al país.
En la resolución aprobada este jueves, los países integrantes de la OEA acordaron “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”.
Además, llamaron “a la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias”, en una fecha cercana y “con presencia de observadores internacionales”.
Pero reafirmaron que “solo a través de un diálogo” se podrán acordar las condiciones para un nuevo proceso electoral.
Los integrantes del organismo demandaron “la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos” y urgieron al “régimen venezolano” a que permita el “inmediato ingreso de ayuda humanitaria” para su pueblo.
Asimismo, instaron a que sus Estados miembros y observadores permanentes que adopten las “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras” que consideren para “contribuir a la restauración del orden democrático” en Venezuela.
En el documento acordaron “expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación” del país, así como “apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos”.
En una breve intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró “honrado” de haber asistido a la declaración de “ilegitimidad absoluta de Maduro” y defendió que solo la democracia puede garantizar el ejercicio de la soberanía en Venezuela.
“Es ahora el momento para la democracia en Venezuela, es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía, pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y la democracia”, agregó Almagro, y subrayó que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en el único poder del Estado legítimo.
EFE
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).
La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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