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República Dominicana no reconoce gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

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República Dominicana, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haiti y Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro.

Poco después de que Maduro jurara hoy para un segundo período de seis años, el organismo interamericano instaló una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para discutir una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay.

El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití.

Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbudas, Belice y El Salvador se abstuvieron.

La reunión del Consejo, ahora bajo la Presidencia rotatoria de El Salvador, fue rechazada de la delegación de Venezuela, liderada por el embajador Samuel Moncada, como un “acto hostil e inamistoso”.

“No reconoceremos ninguna decisión que pudiera adoptarse en esta reunión”, apuntó Moncada, quien es viceministro para América del Norte y embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Al responder a la resolución, Moncada la consideró “una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado”.

El embajador de Nicaragua, Denis Moncada, secundó la posición venezolana y advirtió que la reunión supuso una “violación” a la Carta de la OEA.

Moncada, en otro momento de la sesión, denunció la intención de aplicar un “cinturón de aislamiento democrático” a Venezuela, para justificar un atentado contra Maduro o una intervención en ese país.

La delegación argentina, encabezada por la embajadora Paula María Bertol, planteó aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela y subrayó que “el prestigio y la relevancia de la OEA” están en juego.

El representante de Ecuador, Carlos Alberto Játiva, cuyo país respaldó la declaración en contra del Gobierno de Maduro, puntualizó que “solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros políticos”.

México, que tomó distancia de la declaración emitida el pasado 4 de enero por el Grupo de Lima sobre el nuevo mandato de Maduro y hoy se abstuvo en la votación, manifestó su disposición a apoyar iniciativas encaminadas a que el pueblo de Venezuela encuentre una solución a sus diferencias.

En declaraciones a los periodistas, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene “un compromiso” con el pueblo venezolano y que hará “todo lo posible” para que “regrese la democracia” al país.

En la resolución aprobada este jueves, los países integrantes de la OEA acordaron “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”.

Además, llamaron “a la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias”, en una fecha cercana y “con presencia de observadores internacionales”.

Pero reafirmaron que “solo a través de un diálogo” se podrán acordar las condiciones para un nuevo proceso electoral.

Los integrantes del organismo demandaron “la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos” y urgieron al “régimen venezolano” a que permita el “inmediato ingreso de ayuda humanitaria” para su pueblo.

Asimismo, instaron a que sus Estados miembros y observadores permanentes que adopten las “medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras” que consideren para “contribuir a la restauración del orden democrático” en Venezuela.

En el documento acordaron “expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación” del país, así como “apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos”.

En una breve intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró “honrado” de haber asistido a la declaración de “ilegitimidad absoluta de Maduro” y defendió que solo la democracia puede garantizar el ejercicio de la soberanía en Venezuela.

“Es ahora el momento para la democracia en Venezuela, es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía, pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y la democracia”, agregó Almagro, y subrayó que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en el único poder del Estado legítimo.

EFE

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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