Miriam Germán Brito, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), solicitó este miércoles al mandatario Danilo Medina, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la recusación contra el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, del proceso de evaluación que se le sigue para ser ratificada o no en el máximo organismo de justicia.

La magistrada, quien fue cuestionada a través de señalamientos y denuncias de una carta anónima y de un juez suplente de la Sala de Trabajo de la provincia Santo Domingo durante su entrevista ante el CNM este lunes, argumentó a Medina que su solicitud se basa en lo establecido en la Ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y que dispones regulaciones en torno a la imparcialidad e independencia de un funcionario.

Cita el artículo 311 de esta ley, que apunta que “el personal al servicio de la Administración Pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo (…), prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tenga cualquier tipo de interés o pueda existir conflicto de intereses”.

“En ese orden, señor presidente, la referida legislación, ante la inobservancia de estos principios, prevé en su artículo 19 un mecanismo para lograr excluir de un procedimiento administrativo a aquellos funcionarios o servidores públicos que, reitero, irrespeten los mandatos llamados a asegurar la objetividad e imparcialidad en el conocimiento de una petición que le conciernan”, señala la juez presidente de la Segunda Sala Penal de la SCJ en la carta fechada el día de hoy, 6 de marzo.

Germán Brito considera que la actuación del procurador general durante la entrevista dirigida a ella por el CNM “dio muestras inequívocas y ostensibles de una enemistad visceral en contra de la suscrita, lo que quedó a la vista del país y de todos los demás consejeros”.

“La desconsiderada actitud de dicho funcionario, desconociendo, no solamente los principios de raigambre constitucional que salvaguardan siempre la defensa y las garantías de las personas en cualquier procedimiento, sino también las propias reglas que rigen las objeciones de quienes se sometan al procedimiento reglamentario de evaluación aprobado por este Consejo Nacional de la Magistratura, constituye una prueba irrefutable de que en todo momento su designio era el intentar deshonrarme frente al país y tirar por el suelo mi bien ganada fama como servidora pública integra”, argumenta la magistrada.

Al finalizar la carta, Germán Brito dice esperar que Rodríguez se inhiba del proceso de valoración a su persona voluntariamente, “de lo contrario, que sirva la presente de formal recusación en contra de su participación en todo cuanto se refiera a la evaluación y posterior decisión sobre mi persona para permanecer o no como Jueza de la Suprema Corte de Justicia”.

Copias de la solicitud fueron también remitidas a los demás miembros del CNM.

Carta al presidente SCJ: “Uso abusivo del poder”
La magistrada Germán Brito también dirigió este miércoles una carta al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, en la que expresa su preocupación ante lo que considera una “situación que refleja el uso abusivo del poder” en relación con la solicitud de intervención telefónica a su móvil personal.

Señala que no culpa a la jueza de Instrucción de la provincia Santo Domingo que emitió la orden, pero “sí quienes utilizaron ese espurio método” en una solicitud que apunta “se refería a mi celular, pero indicaba otro nombre”.

Le sugiere al magistrado Germán Mejía que “si le parece adecuado se provea de alguna herramienta para que los jueces puedan verificar la identidad real de quien intervienen, más de una vez esta práctica ha dado lugar a ser usados, editados por uno que otro personaje dedicado al chantaje”.

En la tarde de este miércoles la Procuraduría General de la República negó que interviniera el teléfono de la magistrada Germán Brito, tal como denunció el comunicador Danny Alcántara en horas de la mañana.

La información fue ofrecida por el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, durante una rueda de prensa en la cual explicó que el número de 809-303-1248 (de un ingeniero que era objeto de una investigación, que fingió su muerte y luego se suicidó) apareció vinculado a la jueza.

Dijo que en ese contexto, se solicitó una orden de intervención “como objetivo no identificado” y que una vez que comprobaron que estaba a nombre de la jueza y la razón por la que ellos se comunicaban (la construcción de una casa) retiraron la orden del sistema.

Diario Libre