Autoridades del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) demolieron el restaurante El Navío, considerado uno de los principales centros de atracción para los miles de cruceristas y vacacionistas que llegan semanalmente al puerto de Cabo Rojo, en esta provincia fronteriza.

El establecimiento, construido con un permiso temporal otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, se había convertido en un punto de referencia turística donde, además de los visitantes extranjeros, acudían funcionarios y empresarios para disfrutar de un ambiente recreativo frente al mar.

Según las autoridades, el área donde operaba el restaurante El Navío, propiedad del joven empresario Odalis Grullón, obstaculizaba los trabajos de construcción del frente marino o malecón que actualmente se desarrolla en la zona.

No obstante, la demolición se produjo en medio de un proceso judicial, debido a que existe una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Pedernales que prohíbe cualquier tipo de desalojo.

El abogado Juan Carlos Acosta precisó que una sentencia del Tribunal Administrativo no autoriza a ningún órgano del Estado ni a entidades privadas a desalojar bienes inmuebles sin que previamente exista una decisión definitiva emitida por el tribunal competente de Barahona y se autorice su ejecución.

De acuerdo con el propietario Odalis Grullón, durante una reciente visita a esta frontera del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recibió garantías sobre su propiedad, por lo que incluso fue invitado al Palacio Nacional, ya que el tema era de conocimiento del presidente Luis Abinader.

Sin embargo, el jurista Juan Carlos Acosta sostuvo que la demolición ejecutada constituye un acto ilegal, tomando en cuenta el proceso judicial que se encuentra en curso.

Las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís conocerán este jueves la medida de coerción contra un militar acusado de presuntamente provocar la caída de una motocicleta en la que se desplazaba el adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, quien falleció a consecuencia del hecho.

La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de esta ciudad, donde familiares de la víctima, así como representantes de organizaciones populares y comunitarias, han anunciado que darán seguimiento al proceso judicial.

El caso ha generado indignación en distintos sectores de San Francisco de Macorís, donde ciudadanos han realizado vigilias, encendidos de velas y manifestaciones para exigir justicia por la muerte del menor.

Desde que ocurrió el incidente, grupos populares, estudiantiles y comunitarios han demandado una investigación transparente y que los responsables sean sometidos a la acción de la justicia.

Asimismo, han reiterado su llamado a que el caso sea esclarecido y sancionado conforme a la ley.