La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) anunció que el retiro de los Verifone en las estaciones de combustibles queda en «compás de espera» luego de sostener este martes una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio (MICM) para intermediar con el sector bancario.

Finalizado el encuentro, los detallistas de gasolina afirmaron que el servicio de tarjetas se mantendrá en las gasolineras mientras se busca una solución frente a las altas comisiones que denuncian pagar.

«Establecemos un compás de espera y seguiremos recibiendo la tarjeta confiando en que el gobierno le dará solución a este impase de la tarjeta de crédito», sostuvo Juan Elías Pérez.

De su lado, Eduardo Sanz Lovatón, titular de la MICM, aseguró que el Estado dominicano seguirá trabajando para que los sectores involucrados puedan llegar a una solución en común sin afectar al consumidor.

Denuncian altos comisiones
En ocasiones anteriores, el dirigente de Anadegas explicó que República Dominicana se encuentra entre los países de la región donde los detallistas de combustibles asumen mayores costos por el uso de tarjetas y terminales de pago que, de acuerdo con las comparaciones realizadas por el sector, “somos dentro de 34 países la nación que más caro pagamos por el uso de tarjetas y Verifón”.

Pérez refirió que para los detallistas resulta imposible entregar el 27 % de sus beneficios brutos por el uso de los servicios electrónicos de pago y que la decisión del retiro fue consensuada en las diferentes regionales de la organización y que tanto los directivos nacionales como regionales permanecerán en reunión hasta “el día de la desconexión nacional”.

Con una disposición abierta al diálogo, sostuvieron que esperan una solución que permita establecer condiciones que consideren justas para los detallistas de combustibles frente a los costos asociados al uso de los sistemas electrónicos de pago.

El Senado de la República ordenó el pasado miércoles el estudio de un proyecto de ley que tiene el objetivo de establecer una regulación para el ejercicio de las empleadas domésticas en el país.

Se trata de la labor realizada por las mujeres que prestan servicio en un hogar, encargándose de la limpieza, elaboración de alimentos, lavado, asistencia, cuidado de niños, así como cualquier otra tarea propia de la familia o edificación.

Reseña el Listín Diario que esta iniciativa, elaborada por el congresista Antonio Marte, busca impedir que los empleadores tengan la posibilidad de obligar a las asalariadas a utilizar un uniforme cuando se encuentren fuera del hogar.

“Las trabajadoras domésticas no estarán obligadas al uso de uniformes en lugares públicos y privados de uso público, tales como: restaurantes, salones de eventos, plazas comerciales, tiendas, clubes, salones de belleza, así como cualquier otro”, expresa el artículo 5 del documento.

El legislador propone sancionar a los empleadores con cinco salarios mínimos del sector público si incurren en esta violación, equivalentes a RD$50,000.

Además, contempla una pena pecuniaria de 10 salarios mínimos, RD$100,000, a los propietarios, gerentes o administradores de lugares públicos y privados que exijan la utilización del uniforme.

¿Dónde deberían utilizarlo?
El artículo 4 de la pieza indica que “las trabajadoras domésticas” usarían el “uniforme dentro del hogar donde han sido contratadas para realizar su labor, siempre y cuando le sea exigido por su empleador”.

El representante de la provincia Santiago Rodríguez por el Partido Primero la Gente (PPG) considera que las mujeres que se sustentan a través de ese tipo de trabajo son vulnerables a la discriminación en las condiciones del empleo, así como a otros abusos de los derechos humanos.

“Como la obligatoriedad de vestir un uniforme que las diferencie de los demás en espacios públicos y privados”, expresa Marte en el texto del documento.

Es por esta razón que entiende necesaria la aplicación de una legislación que les sirva de protección.

El pleno del Senado, dirigido por el presidente Ricardo de los Santos, instruyó el envío de la iniciativa hacia la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, donde será sometida al análisis de los congresistas, antes de ser presentada para la votación.

Esta es la tercera ocasión en la que el senador Marte deposita este proyecto de ley, el cual aún no ha logrado la atención y el consenso de los representantes de la cámara alta para su aprobación.