Panorama
Así ocurrió el secuestro exprés del Evaristo Morales
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dicto medida de coerción contra José Luis de la Cruz Rondón, alias El Negro, Wilfredo Alexander Valerio de Los Santos “Beibi” y Alexandres Ortiz Carmona “Escopeta” de los acusados de secuestrar a dos jóvenes la madrugada del 17 de este mes.
El expediente presentado ante el Juzgado para solicitar la medida de coerción contiene tres testimonios, de cuatro víctimas de estos individuos que poseían el mismo modo de actuar en todos los casos.
Secuestrar a las victimas ya sea en sus vehículos o en el de ellos, golpearlos, llevarlo a distintos cajeros hasta retirar el dinero de las tarjetas de crédito, amenazarlos y luego dejarlos ir.
Primer Caso
En fecha17 del mes de mayo, aproximadamente las 03:15 am, en la calle Interior 3ra, No. 19 sector Mata Hambre Distrito Nacional, los imputados José Luis de la Cruz Rondón (El Negro); Wilfredo Alexander Valerio de Los Santos (Beibi); y Alexandres Ortiz Carmona (Escopeta) se desplazaban en un vehículo marca Hyundai Sonata Y20, color blanco del año 2013, placa X444066, el cual pararon al lado del vehículo en que se encontraba una víctima momento en que había llegado a su residencia.
Con armas de fuego tipo metralleta y un puñal, más amenazas lograron que la víctima se desmontara de su vehículo y así José Luis de la Cruz condujera el vehículo de la víctima, desplazándose tanto el vehículo de la víctima como en el Sonata.
Posteriormente los imputados sustrajeron un celular Samsung S8, una computadora marca Apple, dos micrófono inalámbrico, un celular HTC, entre otros artículos.
Los imputados comenzaron a dar vueltas con la víctima por la ciudad mientras lo golpeaban en diferentes partes del cuerpo causándole traumas en la cara completa, hemorragia conjuntival, herida constante en una mano, trauma contuso en el brazo y antebrazo y agresiones en la pierna.
Además de que la víctima rogaba por su vida cuando estos le decían “si buscas a la policía vamos a buscar a tu hija, nosotros sabemos en qué colegio está, si tú hablas los vamos a matar a todos”.
Los imputados fueron a varios cajeros con la víctima, sacando del banco Popular en la Luperón 50 mil pesos.
Cuando los imputados José Luis de la Cruz Rondón y Alexandres Ortiz Carmona, tomaron la decisión de dejar la víctima, lo tiran en la avenida Luperon casi esquina John F, Kennedy y le dicen que debe caminar hacía su vehículo, el cual era conducido por José Luis de la Cruz y que debía hacerlo despacio porque si no lo mataban, además de que debía irse por otra ruta que ellos iban a chequear si él hablaba con policías, lo iban a buscar a su casa ya que sabían dónde vivían.

Segundo Hecho
En fecha 19 del mes de mayo siendo las 03:50 am, en la calle José A. Brea Peña, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional, los imputados José Luis de la Cruz Rondón, alias El Negro, Wilfredo Alexander Valerio de Los Santos “Beibi” y Alexandres Ortiz Carmona “Escopeta” se desplazaban en el vehículo antes descrito, el cual pararon atrás del vehículo de una de las víctimas que se hacía acompañar por otra persona.
Mientras salían de la casa de un amigo fueron interceptados por los imputados quienes se desmontaron de adelante y uno de los imputados tenía una escopeta, en ese momento cuando los imputados le dicen que entreguen todo, y le gritaron “metanse al carro”, aquí inició un forcejeo hasta lograr entrarlos en la parte de atrás del carro, como poseía seguro de niños a las victimas les fue imposible escapar.
Los tres imputados obligaron a las víctimas a mantener con la cabeza abajo y les pidieron que les dieran todas las tarjetas. De la Cruz Rondón conducía el Sonata mientras los demás imputados estaba atrás con la escopeta, en todo momento los imputado amenazaban a las víctimas de matarlos si no conseguían dinero de las tarjetas.
Llegaron a una bomba en la avenida 27 de Febrero, en ese momento José Luis de la Cruz le pidió a una de las victimas el código de su tarjeta y salió del vehículo con una gorra, fue al cajero del Banco de Reservas pero las víctimas solo tenían tarjetas del banco Popular por lo que fue imposible obtener dinero, en ese momento empiezan los golpes.
Las cinco personas se dirigieron hacia la avenida Máximo Gómez y le preguntaron a las víctimas por sus tarjetas de crédito, las victimas les expresaron a los imputados que podían transferirse dinero del banco pero a esa hora no le dejaban hacer transacciones, al no funcionar continuaban los golpes con el arma.
Los acusados y las victimas se pararon en otro cajero donde los agresores comprobaron que uno tenía 38 y el otro 500 pesos en sus tarjetas, golpeándolos a ambos. Se dirigieron hacia el Malecón y decían repetidas veces “vamos a matarlos y a tirarlos donde dejamos a los otros”.
En el momento que llegaron al Malecón los imputados hirieron a las víctimas con escopeta y el cuchillo, causándole al primero un trauma contuso acompañado de equimosis, trauma en hombro, brazo y antebrazo derecho, entre otros traumas. A la segunda víctima le causaron traumas y heridas saturadas parietal derecha e izquierda, herida saturada en región frontal derecho.
En el momento en que se encontraban en el Malecón los imputados sacaron del vehículo a los dos jóvenes uno fue arrastrado hasta los arrecifes, cerca del mar y lanzado por el imputado José Luis de la Cruz quien le dijo “tírate por ahí”, lo agarro por la camisa y la correa y termino lanzándolo, la víctima pudo caer de pie y luego correr hasta unas luces las cuales eran el restaurante Adrián Tropical.
La segunda víctima se encontraba con Wilfredo Akexander Valerio quien lo mantenía boca abajo acostado en el suelo con la escopeta apuntando hacia su cabeza y en un momento de distracción del imputado, la víctima pudo emprender la huida hasta llegar a Adrián Tropical donde ambos jóvenes pidieron auxilio.
FUENTE: Listín Diario
Panorama
Efemérides Patrias califica de “rastrera” la campaña contra el Escudo Nacional en la nueva cédula
El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, aseguró que el Escudo Nacional que luce el nuevo formato de la cédula de identidad fue revisado y aprobado por las instituciones correspondientes.
Esta declaración surge en respuesta a las recientes quejas, dudas y rumores que han circulado en redes sociales sobre el diseño del emblema patrio oficial de República Dominicana.
A través de un comunicado, Uribe calificó a esta campaña contra el Escudo de “rastrera, pérfida, maliciosa, vil y antinacional contra un documento clave para la institucionalidad y la nacionalidad como la cédula de identidad y electoral”.
Aseguró que el símbolo patrio está de forma correcta.
“Todos los que de manera perversa se han involucrado en esa campaña mentirosa saben perfectamente que el Escudo Nacional colocado en la cédula es absolutamente correcto y que, además, se ve reforzado por la utilización por primera vez en la historia dominicana de la figura de Juan Pablo Duarte en la misma, además de otros elementos simbólicos de carácter patriótico”, sostuvo Juan Pablo Uribe.
A estas aseveraciones también se suma el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, quien aclaró los supuestos cuestionamientos sobre la nueva presentación del documento electoral.
Consideró que el diseño incluye de forma correcta el lema nacional «Dios, Patria y Libertad», así como la Biblia abierta en el pasaje bíblico que manda la ley.
Asimismo, alegó que la imagen del patricio Juan Pablo Duarte cuenta con la certificación oficial de lugar.
Vía Listín Diario
Panorama
Instituciones públicas no podrán exigir documentos que otra entidad del Estado ya tenga
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 403-26, mediante el cual crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información entre las instituciones del Estado y agilizar la prestación de los servicios públicos.
La medida busca que las entidades gubernamentales puedan compartir datos, documentos electrónicos y otros registros de forma segura, estandarizada y oportuna, reduciendo la burocracia y evitando que ciudadanos y empresas tengan que presentar documentos que ya reposan en otra institución estatal.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Administración Pública (MAP) será el órgano rector de la iniciativa y tendrá a su cargo la elaboración de los lineamientos, normas y estándares de interoperabilidad, además de supervisar su cumplimiento y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) será responsable de la operación técnica del sistema y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, que servirá como infraestructura para el intercambio de información entre las instituciones públicas.
Obligaciones para las instituciones
El decreto dispone que los organismos del Estado deberán priorizar el intercambio de información entre entidades antes de requerir a ciudadanos o empresas documentos que ya existan en otra dependencia pública.
Asimismo, cada institución tendrá la responsabilidad de mantener actualizados sus registros de datos para facilitar su localización e intercambio, sin perder la titularidad ni el control sobre la información bajo su administración.
La normativa será de cumplimiento obligatorio para los órganos de la Administración pública central, descentralizada, desconcentrada y autónoma, así como para las instituciones de la seguridad social y demás entidades estatales que administren registros, sistemas de información o servicios digitales.
Coordinación con la Junta Central Electoral
El decreto también establece que los procesos y servicios públicos que requieran verificar la identidad de una persona deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las atribuciones constitucionales de ese organismo.
En ese sentido, el MAP y la JCE impulsarán mecanismos de colaboración para facilitar la validación de identidad y la consulta de información del Registro Civil cuando sea necesario para la prestación de servicios públicos.
La disposición precisa que los datos obtenidos mediante la interoperabilidad con el Registro Civil solo podrán utilizarse para fines legítimos y compatibles con las competencias de la institución solicitante, con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales y la confianza en los servicios digitales del Estado.
Con la entrada en vigor del decreto 403-26 queda derogado el decreto 92-22, emitido en febrero de 2022, que regulaba el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad.
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