Recostada en uno de los edificios próximos al Palacio de Justicia del Distrito Nacional lloraba, con una mano en la boca, la madre de la adolescente de la cual habrían abusado dos oficiales de la Policía Nacional contra los cuales se dictó tres meses de prisión preventiva.

Usando unos jean y suéter manga larga, la mujer que le dijo a la Fiscalía del Distrito Nacional que su hija no debió denunciar al general José Acosta Castellanos, caminó rápidamente hacia una yipeta azul estacionada cerca de la Fiscalía cuando se dio cuenta que reporteros de Diario Libre se le estaban acercando.

Con el apoyo de un joven y otras personas que estaban cerca de ella, la señora, cuyos datos se omiten por razones legales, dijo: “No tengo nada” e inmediatamente se metió al vehículo y cerró de un golpe la puerta.

Antes de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictara tres meses de prisión preventiva a Acosta Castellanos y al coronel Ángel Bautista Piña, a ser cumplidos en Operaciones Especiales, uno de los agentes de seguridad del Palacio de Justicia tuvo que salir a buscar a la madre de la adolescente, quien aparentemente no quería ingresar a la audiencia en la que se conocería la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía.

“Vino hasta aquí supuestamente a denunciar al general Acosta Castellanos, yo le dije a ella que no tenía que hacer eso, no sé por qué exactamente, fue una orden de alejamiento, pues no me dijo nada más”, respondió la madre de la adolescente a quien el oficial conoció cuando tenía 15 años durante la entrevista que le realizó el Ministerio Público.

Según la progenitora de la menor de edad que habría estado embarazada del oficial y que abortó en dos ocasiones, el coronel Bautista Piña, quien aparece en un vídeo que circula en las redes sociales sosteniendo relaciones sexuales con adolescente, tiene loca a su hija.

“No lo denuncié. Él la tiene loca a ella. Él no fue sancionado en la Policía Nacional por el vídeo, él fue sancionado por los tatuajes”, detalló cuando se le preguntó si había accionado contra el coronel por el vídeo.

Tras relatar un episodio en donde presuntamente el coronel utilizó a su hija para chantajear a una persona que estaba presa en el Centro de Coerción y Rehabilitación Rafey, razón por la que el general lo habría trasladado a Santo Domingo, la señora describió que Bautista Piña le dijo a la menor de edad que su madre lo sometía a la Justicia por el vídeo, entonces tendría que hacer lo mismo con el general porque él fue su novio primero.

Acuerdo del general con la familia
La madre de la adolescente dijo que volvió a ver al general Acosta Castellanos, quien estaba en Santiago porque dirigía el Comando Regional Cibao Central, cuando vino a la capital a realizar un acuerdo. Al cuestionarle sobre en qué consistía el acuerdo esta detalló:

“Pasa lo del víideo y ella quiso seguir con la relación con el general Acosta Castellanos, ya que ella no iba a Santiago pero seguían en contacto, pero entonces había una foto de ellos dos donde ella lo chantajeaba y una conversación”.

Continuó diciendo la mujer: “Luego de eso él me escribió para decirme que mi hija lo estaba chantajeando con las fotos. Entonces yo busqué un abogado, ya que el general me dijo que la ayudaba en lo que sea pero que él quería que borrara las fotos”.

“Ahí hicimos un acuerdo firmado por el abogado. Fuimos todos, frente al abogado, pues el general nos dio un televisor, una nevera y una cama. El general nunca ha querido hacerle daño a mi hija, no sé por qué ella quiere someterlo”, relató a la Fiscalía.

El general supuestamente habría hecho abortar en dos ocasiones a la adolescente.

En la misma solicitud se describe que durante la “relación” que la joven mantuvo con el general Acosta Castellanos “esta quedó embarazada en dos ocasiones, una en el año 2017 y la otra en el 2018, en ambas ocasiones el imputado José Alejandro Antonio Acosta Castellanos le dijo que ella no podía tener bebé, que se hiciera un aborto”. Seguidamente informa que “para esto, en la última ocasión le mandó trece mil pesos (RD$13,000) y le compró las pastillas abortivas”, dijo el Ministerio Público.

Protección a los menores
La ley 136-03 en su artículo 1, indica que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes e indivisibles entre sí.

FUENTE: Diario Libre