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Madre de adolescente llora por prisión dictada al general Acosta Castellanos
Recostada en uno de los edificios próximos al Palacio de Justicia del Distrito Nacional lloraba, con una mano en la boca, la madre de la adolescente de la cual habrían abusado dos oficiales de la Policía Nacional contra los cuales se dictó tres meses de prisión preventiva.
Usando unos jean y suéter manga larga, la mujer que le dijo a la Fiscalía del Distrito Nacional que su hija no debió denunciar al general José Acosta Castellanos, caminó rápidamente hacia una yipeta azul estacionada cerca de la Fiscalía cuando se dio cuenta que reporteros de Diario Libre se le estaban acercando.
Con el apoyo de un joven y otras personas que estaban cerca de ella, la señora, cuyos datos se omiten por razones legales, dijo: “No tengo nada” e inmediatamente se metió al vehículo y cerró de un golpe la puerta.
Antes de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictara tres meses de prisión preventiva a Acosta Castellanos y al coronel Ángel Bautista Piña, a ser cumplidos en Operaciones Especiales, uno de los agentes de seguridad del Palacio de Justicia tuvo que salir a buscar a la madre de la adolescente, quien aparentemente no quería ingresar a la audiencia en la que se conocería la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía.
“Vino hasta aquí supuestamente a denunciar al general Acosta Castellanos, yo le dije a ella que no tenía que hacer eso, no sé por qué exactamente, fue una orden de alejamiento, pues no me dijo nada más”, respondió la madre de la adolescente a quien el oficial conoció cuando tenía 15 años durante la entrevista que le realizó el Ministerio Público.
Según la progenitora de la menor de edad que habría estado embarazada del oficial y que abortó en dos ocasiones, el coronel Bautista Piña, quien aparece en un vídeo que circula en las redes sociales sosteniendo relaciones sexuales con adolescente, tiene loca a su hija.
“No lo denuncié. Él la tiene loca a ella. Él no fue sancionado en la Policía Nacional por el vídeo, él fue sancionado por los tatuajes”, detalló cuando se le preguntó si había accionado contra el coronel por el vídeo.
Tras relatar un episodio en donde presuntamente el coronel utilizó a su hija para chantajear a una persona que estaba presa en el Centro de Coerción y Rehabilitación Rafey, razón por la que el general lo habría trasladado a Santo Domingo, la señora describió que Bautista Piña le dijo a la menor de edad que su madre lo sometía a la Justicia por el vídeo, entonces tendría que hacer lo mismo con el general porque él fue su novio primero.
Acuerdo del general con la familia
La madre de la adolescente dijo que volvió a ver al general Acosta Castellanos, quien estaba en Santiago porque dirigía el Comando Regional Cibao Central, cuando vino a la capital a realizar un acuerdo. Al cuestionarle sobre en qué consistía el acuerdo esta detalló:
“Pasa lo del víideo y ella quiso seguir con la relación con el general Acosta Castellanos, ya que ella no iba a Santiago pero seguían en contacto, pero entonces había una foto de ellos dos donde ella lo chantajeaba y una conversación”.
Continuó diciendo la mujer: “Luego de eso él me escribió para decirme que mi hija lo estaba chantajeando con las fotos. Entonces yo busqué un abogado, ya que el general me dijo que la ayudaba en lo que sea pero que él quería que borrara las fotos”.
“Ahí hicimos un acuerdo firmado por el abogado. Fuimos todos, frente al abogado, pues el general nos dio un televisor, una nevera y una cama. El general nunca ha querido hacerle daño a mi hija, no sé por qué ella quiere someterlo”, relató a la Fiscalía.
El general supuestamente habría hecho abortar en dos ocasiones a la adolescente.
En la misma solicitud se describe que durante la “relación” que la joven mantuvo con el general Acosta Castellanos “esta quedó embarazada en dos ocasiones, una en el año 2017 y la otra en el 2018, en ambas ocasiones el imputado José Alejandro Antonio Acosta Castellanos le dijo que ella no podía tener bebé, que se hiciera un aborto”. Seguidamente informa que “para esto, en la última ocasión le mandó trece mil pesos (RD$13,000) y le compró las pastillas abortivas”, dijo el Ministerio Público.
Protección a los menores
La ley 136-03 en su artículo 1, indica que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes e indivisibles entre sí.
FUENTE: Diario Libre
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Muere Marilenny Cuello: la mujer que resultó herida en conflicto de una pareja en el Darío Contreras
Tras una semana ingresada en estado crítico, murió Marilenny Cuello. La mujer que fue alcanzada por una bala perdida durante un conflicto de una pareja en el parqueo del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.
La víctima, de 45 años, fue atacada mientras salía del centro de salud, a donde había acudido para recibir atención médica tras sufrir un accidente de tránsito.
En un un hecho que quedó registrado la madrugada del lunes 22 de junio, cuando el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo, atacó a tiros a su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez, provocándole la muerte.
Tras el incidente, la señora, cuyos familiares aseguran que no tenía vinculos con el agresor ni con la víctima mortal, permaneció ingresada en el centro de salud donde se registró el suceso.
Diagnóstico preliminar
Hace unos días, el director del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, Andy Bernardo de León Valenzuela, había informado que Marilenny Cuello se encontraba batallando por su vida.
Indicó que la señora había sido sometida a una intervención quirúrgica, y permanecía bajo un pronóstico clínico reservado.
Desde ese momento, el especialista Valenzuela había revelado que el ama de casa había recibido una herida en su cuello que comprometió varios órganos de su cuerpo.
Proceso judicial
El pasado viernes, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Tony Vallejo Méndez, el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD) que ultimó a su pareja sentimental e hirió de gravedad a otra persona al llegar al hospital Darío Contreras, en Santo Domingo Este.
Según el comunicado, Vallejo Méndez fue enviado a prisión tras establecer el órgano investigador con diferentes evidencias la gravedad de los hechos cometidos en perjuicio de Nancy Sánchez Gálvez Vallejo, así como contra la otra mujer, Marilenny Cuello, quien falleció este lunes.
Sobre el suceso
De acuerdo con los detalles de la investigación, la Policía Nacional logró recuperar dos armas de fuego.
Según los detalles, el hombre llegó la madrugada del lunes al centro de salud y disparó contra su esposa mientras salía del hospital donde se encontraba atendiéndose; producto de las balas fue alcanzada la señora Cuello.
Marilenny Cuello estaba saliendo del Darío Contreras cuando resultó herida en conflicto de sargento
Vía Listín Diario
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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental
A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental
Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.
El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.
El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.
De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.
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