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Procuraduría General de la República con alta valoración por segundo año
El organismo alcanza máximas puntuaciones en gestión pública y transparencia
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República (PGR) alcanzó de nuevo por segundo año consecutivo las máximas puntuaciones en materia de gestión pública y transparencia, con una puntuación general de 98, que la coloca entre los diez primeros lugares de una evaluación en esos renglones hecha por el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública a todas las instituciones de la administración pública del país.
Los resultados del estudio fueron presentados durante un acto en el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Nacional ayer miércoles en el cual se dieron a conocer nueva vez los resultados de las evaluaciones producto del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública a la fecha, implementado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, saludó la medida del presidente de la República de mantenerse dando seguimiento cercano a todas las instituciones de la administración pública.
“Este sistema cambia por completo la manera en que funciona el gobierno y nos obliga a todos a trabajar de manera transparente, eficiente, cumpliendo en tiempo y forma con todas las metas y parámetros, pero más que eso nos exige, de cara a la ciudadanía, trabajar con orientación a resultados medibles”, manifestó.
Dijo el procurador general de la República que “con estos resultados el país puede ver que estamos trabajando incansablemente. En el Ministerio Público no nos conformamos, siempre aspiramos a seguir mejorando y trabajamos con la excelencia en nuestro norte. Se lo debemos a toda la ciudadanía”.
Agregó “Me llena de satisfacción ver cómo nuestro trabajo se refleja en estos números. La persecución del crimen organizado, la reducción de los feminicidios, la humanización del sistema penitenciario, las capacitaciones a los miembros del Ministerio Público y nuestro compromiso con la transparencia son nuestro día a día”.
La PGR resaltó que es la primera vez que la institución logra este posicionamiento, tras indicar que previo al mes de agosto de 2016 no existían muchos de esos indicadores y procesos.
Destacó que como parte del plan de fortalecimiento institucional puesto en marcha por la actual gestión se ha logrado por primera vez organizar la institución y colocarla entre las mejores en materia de gestión pública y transparencia.
Segunda vez consecutiva que PGR es reconocida y ahora con mayor puntuación
La Procuraduría General de la República destacó que esta es la segunda vez de manera consecutiva que obtiene máximas puntuaciones en gestión pública y transparencia.
Recordó que en la pasada reunión del 16 de mayo de 2019 alcanzó una puntuación general de 96 sobre 100, escalando en esta ocasión 2 puntos y logrando la posición 6 de todas las instituciones que componen la administración pública.
En un comunicado de prensa mediante el cual ofreció la información la PGR destaca que de 157 instituciones evaluadas y medidas por los órganos rectores, la Procuraduría General de la República se coloca de nuevo en las primeras posiciones al obtener una calificación de 100 puntos en metas presidenciales y cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), 98 en transparencia gubernamental y tecnologías de la información y gobierno electrónico, 97 en monitoreo de la administración pública y contrataciones públicas, y 96 en cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, para una calificación general de 98 puntos sobre 100, siendo la primera vez que alcanza esa posición.
Señala que en materia de transparencia gubernamental, la institución liderada por el procurador general Jean Rodríguez, se colocó en las mejores posiciones con una calificación de 98 en base a 100 al ser evaluada en la publicidad y transparencia de los procesos de compras y contrataciones, finanzas, presupuesto, estadísticas y planificación, mientras que en estandarización del portal de transparencia y respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública la entidad obtuvo una puntuación de 96.
En cuanto al monitoreo de la administración pública, orientado a medir la profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y la calidad de la gestión y de los servicios, la institución encargada de la política criminal del Estado figura con una valoración de 97, al igual que en el indicador de contrataciones públicas, que mide la gestión de compras y contrataciones en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad.
Asimismo, el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública sitúa a la Procuraduría General de la República con una puntuación de 98 en tecnologías de la información y gobierno electrónico, que evalúa la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el desempeño de las labores.
Entretanto, demuestran los resultados que en cumplimiento de las Nobaci, las cuales constituyen pautas para los procedimientos administrativos y financieros, así como en cumplimiento de las metas presidenciales, la institución obtuvo una calificación de 100 puntos.
La PGR recordó que con esta entrega del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, son reconocidas todas las instituciones que hayan alcanzado una puntuación de más de 90 puntos, mientras que las que reciben una calificación menor a 60 quedan sujetas al régimen de consecuencias que contempla la Ley de Función Pública.
Los órganos rectores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, encargados de evaluar y medir los indicadores, son el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Cervecería y productores de ron advierten reforma fiscal afectará sus ventas
En la República Dominicana, el Proyecto de Modernización Fiscal presentado por el gobierno el lunes ha generado preocupación en el sector de bebidas alcohólicas, que solicita un análisis exhaustivo de la propuesta para evitar repercusiones negativas.
El gobierno plantea dos principales medidas para aumentar la recaudación en este sector: uno, impuesto específico por grado de alcohol. Se propone aumentar el impuesto específico de 724.12 a 840 pesos por litro de alcohol absoluto, afectando directamente los precios de las bebidas con mayor contenido alcohólico.
Además, el aumento de la tasa Ad-Valorem: se busca incrementar esta tasa de 10 % al 11 %, incrementando la carga fiscal para productores e importadores.
Ante este planteamiento, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) rechaza estos aumentos, argumentando que resultarán en una carga tributaria del 52 % para el ron dominicano, con un impacto aún mayor en el segmento de bajo precio.
Circe Almánzar, portavoz de Adopron, advirtió que esto podría generar un aumento en el mercado ilícito y afectar a los consumidores de menor poder adquisitivo.
«Cualquier incremento adicional, como el que propone elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Específico, generaría un efecto nocivo, particularmente en los consumidores de menor poder adquisitivo», afirmó
Apuntó que los productores de ron no están solicitando incentivos; están pidiendo equidad.
«La industria del ron dominicano es un motor de divisas y empleo que contribuye significativamente a nuestra economía y nuestra identidad nacional. Repetir los errores del pasado sería un golpe innecesario e injusto», dijo Almánzar.
Cervecería
Por su lado, Fabián Suárez, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), expresó su preocupación por las posibles consecuencias del proyecto, recordando que el sector cervecero contribuye significativamente al PIB del país y genera miles de empleos.
«Claramente para nosotros es una afectación y estamos preocupados por lo que pueda llegar a significar, pero en este momento estamos analizando todas las implicaciones para poder dar una respuesta más concreta sobre qué significa», enfatizó el ejecutivo.
Suárez recordó que el sector cervecero genera el 2.7 % del PIB de la República Dominicana, aportando 41,335 millones pesos en impuestos anualmente y que, en el caso de la CND, es el quinto contribuyente fiscal del Estado dominicano.
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Reforma fiscal también plantea eliminar la deducción de gastos educativos
La reforma de Modernización Fiscal impulsada por el gobierno también busca eliminar la deducción de los gastos educativos del Impuesto sobre la Renta (ISR) establecido desde hace 15 años mediante la ley 179-09.
Esta ley, que será eliminada con la reforma fiscal ya depositada en el Congreso Nacional, permite en la actualidad que las personas físicas, excepto negocios de único dueño, declarantes del Impuesto Sobre la Renta, puedan deducir de sus ingresos brutos los gastos realizados en la educación de sus dependientes directos no asalariados.
Esta deducción permitía una retribución a los padres por los gastos incurridos para cubrir la educación básica, media, técnica y universitaria propia y de los hijos.
La Ley 179-09 fue promulgada durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández y su objetivo era establecer un mecanismo para incentivar a las empresas a otorgar a sus empleados de menores niveles de salario retribuciones complementarias por concepto de educación.
Esta deducción era posible siempre que la prestación del servicio fuera facturada por la entidad educativa con comprobantes fiscales válidos para crédito fiscal y hasta un máximo del 10 % del ingreso gravado.
El último día laborable del mes de febrero es la fecha límite para la presentación de la declaración jurada del ISR de los contribuyentes.
El beneficiario debe ostentar un salario desde los 34,685 pesos para ser beneficiario de este incentivo como declarante del ISR.
Reforma fiscal
Este martes 8 de octubre, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el busca aumentar los ingresos del Estado en alrededor de 122,000 millones de pesos al año.
El proyecto de reforma fiscal que abarca aumentos de impuestos al alcohol y a la renta, ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis), y eliminación de exenciones tributarias y del anticipo para las personas físicas y las microempresas, entre otras medidas.
Aparte de las alzas de los tributos, la reforma plantea la persecución de la evasión y la modernización del sistema impositivo y tributario.
La eliminación de las exenciones afectará a la industria textil, al cine y al mecenazgo cultural.
También se modifican los incentivos para la instalación de industrias en la zona fronteriza, que en lo adelante se aplicarán a las inversiones de más de cinco millones de dólares y que generen 100 empleos locales.
Las rentas por encima de los 200,000 pesos mensuales serán afectadas por las nuevas propuestas y el impuesto subirá hasta un 27 % con base en una escala progresiva.
Otro impuesto tocado por la reforma será el concerniente a la propiedad inmobiliaria, cuya base de exención se situará en propiedades de hasta cinco millones.
En lo adelante, se establecerá la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos excedan los 624,329 pesos anuales.
No habrá deducciones por gastos educativos.
FUENTE: Diario Libre
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