Panorama
Fue la misma fiscal y la misma oficina de abogados que firmaron acuerdo y falsificaron las firmas en los 2 feminicidios en SPM
Cuando a Johan Manuel Ramírez mató a su pareja Juana Domínguez Salas (Nona), el pasado lunes, la Procuraduría General de la República estaba investigando el acuerdo que lo había dejado en libertad luego de que le infiera varias puñaladas a la dama.
El hecho ocurrió en San Pedro de Macorís y coincide con el asesinato de Anibel González de manos de Oscar Yasmil Fernández, quien luego se suicidó, porque fue el mismo abogado que falsificó las firmas y la misma fiscal que firmó ambos acuerdos.
De acuerdo con la información suministrada por la PGR, desde hace varias semanas inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad Ramírez, a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público, “en virtud de que se habrían cometido irregularidades en el acuerdo pleno firmado con el acusado por no estar autorizado, ya que los acuerdos plenos y parciales deben ser autorizados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y en los casos de tentativa de asesinato están prohibidos por instrucciones del procurador general de la República, Jean Rodríguez”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, el acuerdo pleno mediante el cual el feminicida Ramírez pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca, fue firmado por la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, extitular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, y el abogado del hoy feminicida Ramón Leonardo Sánchez Reyes, de la misma Oficina de Abogados del jurista Alexis Chanel Aponte, quien cumple prisión preventiva acusado de falsificar la firma de Anibel González en el acuerdo que favoreció con la libertad a su victimario Oscar Yasmil Fernández.
La PGR explicó que con las indagatorias del caso de Juana Domínguez Salas buscan recolectar las evidencias que les permitan determinar si la fiscal suspendida es reincidente en ese tipo de actuación y si junto a los abogados Sánchez Reyes y Chanel Aponte formaría parte de una asociación de malhechores dedicada a actuaciones orientadas a favorecer a condenados para que éstos obtengan la libertad.
La información señala que el acusado Johan Manuel Ramírez cumplía una condena de tres años de prisión hace seis meses por agredir de varias estocadas de arma blanca a Juana Domínguez Salas y que había obtenido la libertad producto del acuerdo pleno.
Se recuerda que Margarita Hernández Morales fue suspendida provisionalmente de sus funciones en el transcurso de la investigación que se lleva a cabo por la muerte de Anibel González, quien murió en circunstancias similares, luego de un acuerdo producto del cual su expareja y victimario Oscar Yasmil Fernández, condenado igualmente por agresión física en su contra, había quedado en libertad.
Panorama
Aumentan precios de gasolinas y gasoil entre RD$4.00 y RD$8.00
Los precios de los combustibles aumentaron entre RD$4 y RD$8 para la semana del 15 al 22 de mayo, conforme reveló el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La gasolina premium y gasoil óptimo recibieron un alza de RD$8.00 cada uno. Mientras que la gasolina y el gasoil regular tuvieron un alza de RD$4.00.
En ese sentido, el avtur baja RD$5.30 por galón; el kerosene RD$6.40; el fuel oil RD$8.64 y fuel oil 1 % RD$14.00.
Por otro lado, el gas licuado de petróleo (GLP) permanecerá congelado a RD$137.20 por galón.
Además, el MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal se ubicó en RD$59.65, una baja respecto a los RD$60.00 registrados la semana anterior.

Panorama
Militares y policías que eviten ser grabados pasarán de 15 días hasta un año en prisión
A partir del 6 de agosto de 2026, la justicia dominicana experimentará una transformación radical con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Según el jurista Amadeo Peralta, este cambio normativo representa un «giro de 180 grados» que dejará atrás una legislación que databa de 1884, introduciendo sanciones severas para delitos que antes carecían de castigo.
Peralta advirtió que la severidad de las nuevas penas y la configuración de delitos inéditos obligarán al Estado a construir nuevas cárceles, ya que la infraestructura actual no dará abasto ante el rigor de la ley.
Protección al ciudadano: El derecho a grabar
Uno de los puntos más relevantes destacados por el abogado es el Artículo 275, el cual busca frenar los abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.
A partir de agosto de 2026, los agentes que impidan a un ciudadano grabar una actuación oficial (arrestos, allanamientos, requisas o desalojos) sin justificación legal, enfrentarán:
- Prisión: De 15 días hasta 1 año de cárcel.
- Multas: Hasta RD$20,000 pesos.
- Sanciones administrativas: Suspensión de funciones por hasta 3 años o la destitución definitiva.
- Cúmulo de penas: Si el agente además destruye el equipo (celular/cámara) o agrede físicamente al ciudadano, se sumarán cargos por destrucción de propiedad privada y lesiones.
Advertencia a los cuerpos castrenses
Peralta hizo un llamado urgente a las instituciones militares y policiales para que instruyan a sus más de 100,000 miembros activos sobre estas nuevas reglas de abordaje.
“Los agentes deben modificar a tiempo su forma de tratar a la población para evitar caer presos. El desconocimiento de la ley no los exime, y a partir de agosto, las ínfulas de poder tendrán consecuencias penales reales”, enfatizó el jurista.
Las «letras pequeñas» del nuevo código
A pesar de los avances, Peralta señaló una aparente contradicción en la norma: no será delito imputable si el ciudadano, al intentar grabar, interfiere directamente con la labor del agente o pone en peligro su integridad física.
Además, aclaró que la publicación de dichas grabaciones requerirá el consentimiento de la persona que esté siendo intervenida (el requisado o arrestado). Esto implica que quienes graben actuaciones ajenas deberán hacerlo a una distancia prudente que no obstaculice el procedimiento oficial.
Un código contra la impunidad
El abogado también resaltó que la Ley 74-25 será implacable contra las invasiones de tierras y las violaciones a la propiedad privada, delitos que antes solían quedar en el limbo jurídico. La introducción del cúmulo de penas y nuevas modalidades de cumplimiento aseguran que quienes se dedicaban a delinquir «saliéndose con la suya» enfrenten ahora un panorama judicial mucho más sombrío.
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