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“Yo le creo a la víctima de que fue penetrado, pero el fiscal no lo probó”, dijo jueza que condenó al cura de La Vega
El Primer Tribunal Colegiado Penal del distrito judicial de La Vega condenó la tarde de ayer lunes a 10 años de prisión y al pago de una indenmización de 20 millones pesos al cura católico Miguel Bienvenido Florenzán Ullloa, a quien encontró culpable de agresión sexual agravada contra un menor de edad cuando era director de un colegio privado.
La jueza-presidenta del Tribunal, Lucrecria Rodríguez Ramírez, hizo un recuento pormenorizado de todo el proceso que conllevó el juicio de fondo contra el sacerdote Florenzán Ulloa, donde excluyó la mayoría de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y de la parte demandante.
En cuanto a la condena económica, estableció que el sacerdote tendrá que pagar 15 millones de pesos a la familia del joven afectado, mientras la dirección del colegio Agustiniano los otros cinco millones de pesos para totalizar los 20 millones de pesos.
Mientras la jueza relataba el proceso, resaltó que la defensa técnica del imputado presentó lo que se llama un coctel de frutas o un “fruit punch”, donde ni el Ministerio Público ni los abogados de la parte querellante pudieron demostrar que el joven Víctor Rafael Mañón Arias fue violado sexualmente por el cura, es decir, que hubo penetración.
Fue entonces cuando la jueza Rodríguez Ramírez enumeró todas las pruebas excluidas por falta de sustento jurídico.
Y al llegar al delito de agresión agravada, fue cuando citó los artículos 331, 333 y el 396 del Código Procesal Penal, donde se sanciona el mismo con una pena de cinco a 10 años.
“Yo le creo a la víctima de que fue penetrado, pero el fiscal no lo probó”, subrayó la jueza.
La lectura de la condena en cuestión fue fijada para el 16 de diciembre próximo a las 4:00 de la tarde en la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad.
El tribunal mantuvo la medida de coerción contra el cura, que es presentarse periódicamente ante la justicia y el impedimento de salida del país.
Tras conocerse el fallo, Carlos Salcedo, de la parte demandante, declaró que estaba de acuerdo con la misma, pero que en algunos términos técnicos no, ya que actualmente la violación sexual ya no se demuestra por un examen de pericia médica.
“De todos modos, entendemos que esto envía un claro mensaje a la sociedad, de que y no podemos seguir protegiendo a los pederastas ni a los violadores de menores, esto debe detenerse”, subrayó Salcedo.
Indicó que posteriormente se estudiará si procede o no presentar una apelación.
De acuerdo a los relatos que hizo al tribunal durante el juicio de fondo, el menor fue violado sexualmente seis veces mientras estudiaba en el colegio y una vez en un viaje a la Argentina en un evento del centro educativo en cuestión.
Las demás juezas del Tribunal son Luz Enilda Herrera y Juana Patricia Silverio.
Reacción de la madre del joven
Bella Ilonka Arias, madre del adolescente, declaró que en un momento del juicio pensó que al sacerdote lo iban a dejar libre.
“Cuando vi que la jueza estaba descartando tantas pruebas presentadas por el Ministerio Público, no me contuve y comencé a llorar”, manifestó Arias.
Empero, dijo: “Gracias a Dios se hizo justicia y estamos conformes, porque nuestra familia ha sufrido bastante”.
Decenas de personas abarrotaron la sala de audiencia del palacio de justicia de aquí para enterarse del caso del sacerdote Florenzán Ulloa, que comenzó en el 2017.
FUENTE: Diario Libre
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Mujer muere durante sesión de tatuaje tras recibir sedación en su vivienda
Lo que estaba previsto como una sesión de tatuaje a domicilio terminó con la muerte de Yenifer García, de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto mientras se realizaba la tercera jornada de un tatuaje en la espalda y parte de los glúteos.
De acuerdo con versiones recogidas por medios colombianos, García había soportado las dos primeras sesiones sin medicamentos, pero para esta ocasión decidió recibir algún tipo de anestesia debido al dolor que implicaba el procedimiento.
Sedación intravenosa durante el tatuaje
La mañana del 15 de agosto, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de un hombre que se presentó como anestesiólogo. Ambos llevaban una camilla, oxígeno y otros insumos médicos.
Sin embargo, lo que inicialmente habría sido presentado como anestesia local terminó con la aplicación de sedación intravenosa. Una de las hijas de García contó a Caracol Radio que le dijeron que permanecería despierta durante el procedimiento.
Según el relato familiar, la mujer comenzó a quedarse dormida mientras avanzaba la sesión. Al notar que su estado empeoraba, su hija llamó a los servicios de emergencia, cuyos operadores indicaron a las personas presentes que realizaran maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos.
Después del fallecimiento, los familiares encontraron en la vivienda una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo para preparar una solución inyectable y un tapón de heparina.
El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató que, durante la emergencia, una profesional de la salud preguntó qué medicamentos habían sido suministrados. Según su versión, el acompañante del tatuador habría mencionado una dosis inicial de ketamina, otra adicional y otros medicamentos.
La familia también cuestionó el tipo de sustancias utilizadas y pidió que se determine, mediante la investigación, qué medicamentos recibió García, en qué cantidades y bajo qué condiciones.
Verificación del supuesto anestesiólogo
Uno de los principales puntos de la investigación es la identidad y formación de la persona que administró la sedación.
La Secretaría de Salud de Bogotá verificó su registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y estableció que no aparece como anestesiólogo, sino como técnico laboral auxiliar de enfermería.
Las autoridades deberán determinar si estaba legalmente facultado para administrar los medicamentos utilizados durante el procedimiento y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de la mujer.
Claudia García, hermana de Yenifer, explicó a Caracol Radio que su familiar aceptó recibir el servicio de sedación porque una amiga le recomendó a la persona que lo ofrecía.
Según su relato, el hombre habría aplicado medicamentos en varias ocasiones durante la sesión, cada vez que García manifestaba que todavía sentía dolor.
Yenifer García tenía tres hijos, de 19, 14 y 10 años, y trabajaba en labores relacionadas con la costura.
La mujer llevaba más de dos décadas de relación con el padre de sus hijos y tenía previsto viajar el próximo mes a San Andrés, junto a su familia, para celebrar los 15 años de su hija.
La investigación busca establecer las causas exactas de la muerte, los medicamentos administrados y las circunstancias en las que se realizó la sedación durante la sesión de tatuaje.
Noticias SIN
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Migración demanda por RD$50 millones al dueño de tienda Mudan
La Dirección General de Migración (DGM) mantiene una demanda por RD$50 millones contra el empresario Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido durante un operativo de control migratorio realizado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.
De acuerdo a Julio Ernesto Heredia, en Noticias SIN, la institución acusa al comerciante de presuntamente interferir en las labores que desarrollaban sus agentes y de participar en agresiones contra miembros del personal de Migración.
Reclaman indemnización por daños y perjuicios
Como consecuencia del incidente, la DGM reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios que, según sostiene la institución, habrían sido ocasionados durante el conflicto.
Las acusaciones forman parte de un proceso que se encuentra actualmente en los tribunales, por lo que corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.
El caso todavía no llega al juicio de fondo
El expediente se encuentra en una etapa previa al conocimiento del juicio de fondo. Durante ese proceso deberán ser presentadas y evaluadas las pruebas, así como los argumentos de la Dirección General de Migración y de la defensa del empresario.
Hasta el momento no existe una condena judicial contra Po Xie por estos hechos. Los señalamientos realizados por Migración constituyen alegaciones dentro del proceso que deberán ser demostradas ante el tribunal correspondiente.
El caso ha generado atención debido tanto al monto de la indemnización reclamada como a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el operativo migratorio realizado en una de las principales zonas comerciales de la capital
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