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“Yo le creo a la víctima de que fue penetrado, pero el fiscal no lo probó”, dijo jueza que condenó al cura de La Vega

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El Primer Tribunal Colegiado Penal del distrito judicial de La Vega condenó la tarde de ayer lunes a 10 años de prisión y al pago de una indenmización de 20 millones pesos al cura católico Miguel Bienvenido Florenzán Ullloa, a quien encontró culpable de agresión sexual agravada contra un menor de edad cuando era director de un colegio privado.

La jueza-presidenta del Tribunal, Lucrecria Rodríguez Ramírez, hizo un recuento pormenorizado de todo el proceso que conllevó el juicio de fondo contra el sacerdote Florenzán Ulloa, donde excluyó la mayoría de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y de la parte demandante.

En cuanto a la condena económica, estableció que el sacerdote tendrá que pagar 15 millones de pesos a la familia del joven afectado, mientras la dirección del colegio Agustiniano los otros cinco millones de pesos para totalizar los 20 millones de pesos.

Mientras la jueza relataba el proceso, resaltó que la defensa técnica del imputado presentó lo que se llama un coctel de frutas o un “fruit punch”, donde ni el Ministerio Público ni los abogados de la parte querellante pudieron demostrar que el joven Víctor Rafael Mañón Arias fue violado sexualmente por el cura, es decir, que hubo penetración.

Fue entonces cuando la jueza Rodríguez Ramírez enumeró todas las pruebas excluidas por falta de sustento jurídico.

Y al llegar al delito de agresión agravada, fue cuando citó los artículos 331, 333 y el 396 del Código Procesal Penal, donde se sanciona el mismo con una pena de cinco a 10 años.

“Yo le creo a la víctima de que fue penetrado, pero el fiscal no lo probó”, subrayó la jueza.

La lectura de la condena en cuestión fue fijada para el 16 de diciembre próximo a las 4:00 de la tarde en la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad.

El tribunal mantuvo la medida de coerción contra el cura, que es presentarse periódicamente ante la justicia y el impedimento de salida del país.

Tras conocerse el fallo, Carlos Salcedo, de la parte demandante, declaró que estaba de acuerdo con la misma, pero que en algunos términos técnicos no, ya que actualmente la violación sexual ya no se demuestra por un examen de pericia médica.

“De todos modos, entendemos que esto envía un claro mensaje a la sociedad, de que y no podemos seguir protegiendo a los pederastas ni a los violadores de menores, esto debe detenerse”, subrayó Salcedo.

Indicó que posteriormente se estudiará si procede o no presentar una apelación.

De acuerdo a los relatos que hizo al tribunal durante el juicio de fondo, el menor fue violado sexualmente seis veces mientras estudiaba en el colegio y una vez en un viaje a la Argentina en un evento del centro educativo en cuestión.

Las demás juezas del Tribunal son Luz Enilda Herrera y Juana Patricia Silverio.

Reacción de la madre del joven
Bella Ilonka Arias, madre del adolescente, declaró que en un momento del juicio pensó que al sacerdote lo iban a dejar libre.

“Cuando vi que la jueza estaba descartando tantas pruebas presentadas por el Ministerio Público, no me contuve y comencé a llorar”, manifestó Arias.

Empero, dijo: “Gracias a Dios se hizo justicia y estamos conformes, porque nuestra familia ha sufrido bastante”.

Decenas de personas abarrotaron la sala de audiencia del palacio de justicia de aquí para enterarse del caso del sacerdote Florenzán Ulloa, que comenzó en el 2017.

FUENTE: Diario Libre

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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