Panorama
Condenan a 20 años a un pastor haitiano que embarazó a una niña de 12 en SDE
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un supuesto pastor evangélico, de nacionalidad haitiana, que abusó sexualmente y embarazó a una menor de edad de su misma nacionalidad, en un hecho ocurrido el pasado año en el sector Mendoza de esa demarcación.
El tribunal condenó a esa pena a Jean Benoit Fils Leger y/o Jean Ben, de 70 años de edad, por abuso sexual contra la menor de 12 años, cuyo nombre se omite por razones legales.
El extranjero fue hallado culpable de violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, así como el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), detalla un comunicado de prensa a través de la Procuraduría General de la República.
El agresor, haciendo uso de su influencia como líder espiritual, le solicitaba a la madre de la niña que la enviara a su vivienda para ayudar en los quehaceres, momento que aprovechaba para agredirla sexualmente, convenciéndola que de lo contrario se iría al infierno.
En fecha 3 del mes noviembre de 2018, la madre de la víctima realizó la denuncia, iniciando de inmediato el Ministerio Público de Santo Domingo Este la investigación correspondiente a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
En el transcurso de la investigación a la víctima les fueron realizadas pruebas médico legales y psicológicas, a través de las cuales se determinó que tenía un embarazo de 19 semanas, criatura a la que posteriormente dio a luz.
En su testimonio, la menor narró que el pastor le decía que si no sostenía relaciones sexuales con él se iría al infierno y que era algo normal en todas las niñas.
Además de los 20 años de prisión, que deberán ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, también el tribunal le impuso al acusado el pago de una multa de RD$ 200,000.00 al Estado dominicano.
FUENTE: Listín Diario
Panorama
Diputados del PRM rechazan empleados tengan que presentar facturas de luz y agua
Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresaron este viernes su rechazo a la circular emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual exige a los empleados públicos presentar facturas actualizadas de pago de servicios de agua y electricidad.
La medida, que según el MAP busca promover la responsabilidad entre los servidores estatales, ha sido calificada por los legisladores como una acción excesiva.
Reseña el diario Panorama que Ignacio Aracena, diputado del PRM, aseguró que, aunque reconoce la importancia de introducir cambios en la administración pública, estos deben implementarse de manera «consecuente y gradual».
Agregó que la disposición «quizás resulte impopular hasta para los propios servidores públicos» y enfatizó que no está de acuerdo con obligar a los empleados a cumplir con ese requisito.
Otro legislador del PRM, Eugenio Cedeño, consideró que la medida del MAP desborda sus atribuciones y no debería ser un requisito obligatorio.
«Esto debería manejarse en un marco de colaboración y no de imposición, ya que, a mi entender, la finalidad es beneficiar a los empleados y conocer sus condiciones económicas», sostuvo Cedeño.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Medina tildó la circular de «una falta de respeto» que humilla a los empleados públicos.
“Ellos saben quién debe y quién no, y si no pagan, ya las empresas distribuidoras como Edesur, Edeeste y Edenorte cortan el servicio; eso es lo que deben hacer”, afirmó.
La circular del MAP establece que las direcciones de Recursos Humanos de cada institución deberán solicitar a los empleados públicos el registro de sus facturas de consumo de agua y electricidad, otorgándoles un plazo de 15 días laborables para cumplir con esta normativa.
En el caso de que los contratos de servicio no estén a nombre del empleado, se deberá identificar al familiar titular. Además, confirmar que está al día con los pagos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, defendió la disposición argumentando que busca fomentar el compromiso ético de los servidores públicos.
“Como servidores públicos, debemos respetar las normativas y demostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad de los servicios”, afirmó Freund, resaltando que es esencial promover una «cultura de responsabilidad y civismo».
Panorama
Genera gran rechazo empleados públicos tengan que presentar sus contratos de agua y luz
La disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que ordena a los empleados reportar el pago del agua y la luz a sus respectivas instituciones, ha desatado críticas y reacciones adversas por parte de la oposición.
La Fuerza del Pueblo vertió su acidez al respecto, rechazando de plano esa medida. El vocero de sus diputados, Rafael Castillo, y su encargado de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, se pronunciaron objetando de plano la ordenanza.
Para Castillo, la medida es una muestra de “la ineficiencia y la falta de responsabilidad de un Gobierno que, en vez de abocarse a hacer una reforma tributaria consensuada y responsable, lo que desea es seguir improvisando con mamotretos de medidas como estas, que son ilegales en la Administración pública”.
En declaraciones directas a N Digital, dice que el Gobierno se enreda en contradicciones, ya que, por un lado, gasta “miles de millones en una sola institución en alquiler de locales” mientras “quiere cargar a los empleados públicos exigiéndoles que presentes recibos de los servicios que posean o no posean”.
“Es ilegal, primero porque viola derechos de discrecionalidad del individuo y podría decir que es violatorio del artículo 1315 del Código Civil dominicano sobre la carga de la prueba, ya que, quien quiere probar un hecho es quien debe presentarlo y quien quiere defenderse es quien debe refutarlo, por tal razón es el mismo Estado que, cumpliendo su rol de responsabilidad, debe ir entonces a mejorar sus recaudaciones, yendo detrás del que no paga; no obstante, este Gobierno lo que que le gusta es coger piedra para los más chiquitos”, afirma el diputado Castillo.
Su compañero de partido, Raúl Martínez, considera que la medida es “una torpeza que revela el grado de improvisación y el caos que reina en la gestión pública bajo la tutela del PRM“.
“Quien no pague las facturas de energía y de agua potable se expone a la suspensión de dichos servicios por parte de las entidades que los suministran; por lo que ellos pueden acceder a gran parte de la información que procuran simplemente verificando si, entre las personas a las que se ha suspendido el servicio por falta de pago, se encuentran ciudadanos que figuren en la nómina pública”, indica en declaraciones a este medio.
La medida “no sólo revela la impericia de las autoridades, sino que tampoco es necesaria. Llevan más de 4 años en el poder, y aún se producen medidas insólitas como ésta”, concluyó.
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