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MP apelará variación coerción exfiscal y exagentes implicados en allanamiento irregular barbería Villa Vásquez

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El Ministerio Público informó este miércoles que apelará la resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Montecristi que varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta a la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña y a cuatro exagentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Estos están acusados de incurrir en irregularidades mientras realizaban un allanamiento en una barbería del municipio de Villa Vásquez.

Según indicó Ministerio Público, en el caso de la exfiscal, Carmen Lisset Núñez Peña, el tribunal varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria.

Mientras que en el caso de los exagentes de la DNCD, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, dispuso el pago de una garantía económica de RD$40 mil cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi.

Informó que el tribunal adoptó la decisión durante la audiencia para la revisión obligatoria de la medida cautelar, consistente en prisión preventiva, que le fue impuesta el pasado mes de agosto a solicitud del Ministerio Público.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que procederá a recurrir en apelación por no estar de acuerdo con la decisión de variar la medida de coerción, tras señalar que la prisión preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos y la cantidad de evidencias periciales, materiales, testimoniales y documentales obtenidas en su contra durante la investigación.

Los imputados son acusados de violar los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, y 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de
funcionarios y asociación de malhechores

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TSE ordena excluir de la boleta electoral a Rafael Paz; ya no será candidato a diputado

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a la Junta Central Electoral que inscriba como candidatos a diputados del partido Fuerza del Pueblo y aliados de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional a que incluya al diputado Robert Enmanuel Martínez Amparo en su boleta.

El recurso elevado por Martínez Amparo, quien había sido seleccionado a través del mecanismo de encuestas, afectó directamente la candidatura de Rafael Paz, como candidato a diputado de la 1, desde diciembre pasado cuando fue proclamado.

Pero el TSE ordena también la exclusión de la propuesta de referencia de los ciudadanos Rosa Margarita Feliciano Rodríguez, Fanny Selinés Méndez Simonó, y Katiuska Morel Alcántara.

La decisión del TSE determina que en la posición 1 de la FP debe ir Andy Roberto Morales Rivera, en la 2 Francisco José Guillén Blandino y en la tres Martínez Amparo.

La decisión obliga a la FP que identifique la mujer más votada en el proceso interno para que sea incluida en su propuesta de candidaturas en la posición número 4; y que en las dos plazas restantes que la FP se reservó en dicha demarcación, sean ocupadas por igual cantidad de mujeres, candidaturas que deberán ser aportadas por dicho partido o por los partidos aliados beneficios de dichas plazas, de haber intervenido pactos en ese sentido.

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Menor haitiana habría sido violada y amenazada en Higüey

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El Ministerio Público de Verón, en la provincia La Altagracia, investiga una denuncia de violación en contra de una menor de 14 años de edad, de origen haitiano, ocurrida el pasado viernes en el Ensanche Bulevar, en Punta Cana.

Según la acusación incoada en la Fiscalía de la Unidad de Género de Bávaro, la menor fue violada por varios agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

“Estamos dando seguimiento a la denuncia y en el día de hoy (ayer jueves) vinimos a buscar a la víctima para ponerla bajo protección”, explica la fiscal de esa localidad, Rocío García, en un audiovisual compartido en el canal de Youtube de Juan Bautista.

Reseña Listín Diario que ante este hecho, la DGM informó en una nota de prensa, que investiga la denuncia junto al Ministerio Público.

En el documento se establece que Venancio Alcántara, director de Migración “calificó de reprochable ese tipo de ultraje y garantiza a la ciudadanía que si uno de los inspectores está involucrado en esa violación tan bochornosa será cancelado y puesto a disposición de la justicia para determinar su inocencia o culpabilidad”.

Asimismo, señalan que Migración “no tendrá contemplación debido a que no tolera ese tipo de acciones, porque a diario a los inspectores migratorios se les instruye para tratar con respeto a los extranjeros interdictos, no importa la nacionalidad, porque su misión es cumplir la Ley 285–04”.

En una llamada telefónica realizada por este medio a Santiago Molina, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos en esa zona y quien asiste a la familia de la menor en el caso, este expresó que la jovencita, la cual se omite su nombre por razones legales, fue violada cuando los agentes se percataron que sus padres no estaban en la casa, debido “a que se encontraban trabajando”.

Relató que luego los agentes se llevaron a la adolescente hacia el centro de Migración de la zona, la amenazaron de muerte y la dejaron ir junto a una vecina.

Explicó que ante la denuncia puesta en la Fiscalía de la zona, los agentes se presentaron a la casa de la menor de edad y la volvieron a amenazar de muerte junto a sus padres, acción que fue vista por miembros de la “Comisión de los Derechos Humanos, quienes se enfrentaron en una discusión con el personal de Migración”.

En las imágenes compartidas al rotativo se observa que la menor y su familia viven en una casa construida con zinc y madera.

En el mismo video donde se observa a la fiscal García, varias personas denuncian que los agentes de Migración cobran entre “15 mil y 17 mil” a los haitianos para soltarlos luego de detenerlos.

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