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Panorama

Suman 223 los privados de libertad recuperados de Covid-19 en cárcel La Victoria

Recuperados en otros centros: 18 en Salcedo, 32  en La Vega y 223 en La Victoria, para un total de 273 los que han superado la enfermedad

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que otros 187 privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria se han recuperado de COVID-19, constituyendo éste el segundo grupo que se recupera tras recibir la medicación indicada para tratar la enfermedad.

A través de un comunicado de prensa la institución explicó que con esta nueva cantidad de recuperados suman ahora 223 los internos del penal de La Victoria que han superado la enfermedad de un total de 255 que dieron positivo a COVID-19 tras la aplicación de 8,473 pruebas al ciento por ciento de la población de ese recinto penitenciario, equivalentes al 3.01%.

Indicó que a los internos, luego de recibir el tratamiento médico correspondiente para tratar la enfermedad, se les realizaron nuevas pruebas, las cuales dieron negativo, recibiendo el alta médica.

En ese sentido, dijo que acorde a los protocolos de salud y seguridad que se están aplicando para contrarrestar el coronavirus (COVID-19) y disminuir los niveles de contagios y propagación de la pandemia, éstos 187 internos que se encontraban en tratamiento médico en el Centro para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Batey Bienvenido, en Santo Domingo Oeste, serán trasladados nuevamente al penal de La Victoria.

Recordó que anteriormente ya había sido trasladado a ese recinto penitenciario el primer grupo de 36 internos que recibió el alta médica luego que dieran positivo y fueran trasladados a ese centro de aislamiento habilitado para su recuperación, donde recibieron de manera gratuita el tratamiento médico indicado por el personal del Ministerio de Salud Pública.

Indicó que los demás internos afectados por la enfermedad continúan en tratamiento médico, el cual incluye además de la medicación indicada por el personal de salud, tomar el sol dos veces al día, así como ingerir alimentos saludables y suficientes líquidos.

La PGR dijo que la situación sanitaria sigue controlada en la Penitenciaría Nacional de La Victoria gracias a la rápida intervención del recinto penitenciario donde, luego de registrarse los primeros casos, se implementó un plan integral en una labor conjunta con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, con el apoyo de la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia. 

En ese orden, señaló que como resultado de la implementación del plan han procedido con la realización de pruebas masivas para la detección de la enfermedad, así como la segmentación de la población penitenciaria y el aislamiento de los positivos en espacios habilitados para su recuperación, con ventilación adecuada y la higiene requerida para la recuperación total de su salud.

Destacó en el comunicado que siguen trabajando arduamente para combatir con eficacia la enfermedad y garantizar la salud de la población privada de libertad.

Recuperados en otros centros
La Procuraduría General de la República también informó sobre la recuperación de 18 internos de la cárcel de Salcedo, 32 de La Vega y 223 en La Victoria, sumando ahora 273 los que han superado la enfermedad tras recibir el tratamiento médico correspondiente y la asistencia necesaria en distintos centros de aislamientos del país.
 
Dirección de Comunicación, Prensa y RRPP
Procuraduría General-Ministerio Público RD
Miércoles, 20 de mayo de 2020.

Panorama

Caso Jet Set: Juez rechaza nueva vez reproducir testimonio de Gregory Adames

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El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó su decisión de no permitir la reproducción del testimonio como testigo de Gregory Adames durante la audiencia preliminar seguida a los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado consideró que la audiencia preliminar no puede convertirse en un «juicio anticipado», advirtiendo que permitir el interrogatorio de testigos en esta etapa desnaturaliza la función del juez de instrucción. El juez señaló que en la audiencia pueden hablar las víctimas en el momento en que sus abogados lo requieran.

Mejía explicó, en un lenguaje llano dirigido tanto a las víctimas como a los imputados, que su rol actual es realizar un juicio de valor sobre la acusación y no sobre el fondo de las pruebas testimoniales.

«La norma establece que el juez debe velar para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones propias del juicio. Si se reproducen los testigos, se está convirtiendo en un juicio anticipado», acotó el juez, citando el artículo 305 del Código Procesal Penal.

El magistrado recordó que la jurisprudencia dominicana y la Corte de Apelación han sido reiterativas al establecer que la valoración de testimonios y cuestiones de fondo le corresponden exclusivamente al tribunal de juicio, no a la etapa preparatoria.

Un proceso en «tiempo récord»
Ante las quejas sobre la duración del proceso, el magistrado aclaró que, al tratarse de un caso de tramitación compleja, los plazos se duplican.

Afirmó que, a pesar de la cantidad de personas involucradas, el tribunal ha avanzado con celeridad desde que fue apoderado en enero.

Calificó el ritmo actual como un «tiempo récord» para este tipo de expedientes, que suelen durar hasta dos años en la fase de instrucción.

Tras analizar los planteamientos de la defensa y la querella, el tribunal rechazó el recurso en cuanto al fondo, confirmando la decisión de no escuchar testimonios en esta fase.

Finalmente, el magistrado recordó que el señor Adames, quien figura tanto como víctima como testigo, tendrá su oportunidad de declarar en calidad de víctima si sus abogados así lo estiman, pero nunca bajo las reglas de producción de prueba testimonial propias de un juicio de fondo.

Vía Listín Diario
Ramón Cruz Benzán

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Panorama

Dictan tres meses de prisión preventiva a 7 motoristas por muerte de chofer en Santiago

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El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Rafael De Azis Burgos, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción para los siete motoristas imputados en el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada.

La víctima, quien fue atacada con un arma blanca hasta infrigirle una puñalada, que provoco su muerte tras ser perseguida hasta el parqueo del Palacio de Justicia de esa ciudad.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Estos fueron enviados a diferentes cárceles del país mientras se desarrolla las disitintas fase del proceso judicial

La decisión del juez se basó en el pedido del Ministerio Público, que le imputa a los implicados de formar parte de una «manada criminal» de motoristas.

Se les imputa la asociación de malhechores, persecución y asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue atacado con un cuchillo de caza de 12 pulgadas.

La víctima, conductor de un camión recolector de basura, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, luego de intentar refugiarse en el Palacio de Justicia de Santiago para salvar su vida, lo cual resultó infructuoso.

Pruebas clave del Ministerio Público
El Ministerio Público de Santiago cuenta con más de 50 pruebas que incluyen testimonios, documentos y materiales, entre los que destaca un cuchillo de caza de 12 pulgadas, presuntamente utilizado por el prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, quien estaría vinculado directamente al crimen. Según las investigaciones, este cuchillo fue utilizado para asestar las fatalidades a la víctima.

La Fiscalía también presentó pruebas como el acta de inspección en el lugar del crimen, donde fue encontrada una motocicleta de propiedad del prófugo, que coincide con las imágenes de los videos de seguridad durante la persecución.

Además, el acta de levantamiento del cadáver confirma que las heridas fatales fueron provocadas con un arma blanca tipo cuchillo.

El prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz sigue sin ser capturado
El principal implicado en este crimen, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, sigue prófugo.

Se le señala como propietario de la empresa Inversiones Metz, con la que la víctima habría tenido un primer incidente tras un roce entre la motocicleta de Metz Cruz y el camión recolector de basura que conducía Abreu Quezada.

Este incidente desencadenó la persecución mortal en la que participaron otros motoristas.

El Ministerio Público ha argumentado que desde el inicio de la persecución existió un «concierto de voluntades» entre los imputados con el propósito de asesinar a Deivy Carlos Abreu Quezada, lo que hace corresponsables a todos los implicados.

Solicitudes de medida de coerción
La medida de coerción fue pospuesta previamente, debido a que algunos abogados defensores alegaron no haber recibido el expediente completo, lo que retrasó el análisis del caso.

El juez Rafael De Azis Burgos había previsto originalmente conocer la solicitud este lunes, pero accedió a extender el plazo para permitir que los abogados estudiaran el caso y prepararan sus defensas.

El Ministerio Público continúa trabajando en la recopilación de evidencias que fortalecen su acusación, mientras que las autoridades siguen en la búsqueda del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz.

Investigación continúa en el caso de la «manada criminal» de motoristas
Este caso ha generado gran atención en la región, pues se ha calificado como un ataque brutal y organizado por parte de una «manada criminal» de motoristas.

La Fiscalía de Santiago insiste en que todos los implicados deben ser considerados responsables por su participación activa en los hechos que llevaron a la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.

Vía Eldia.com.do

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