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Los helicópteros y autos confiscados al regidor del PRM en La Vega y a su padre

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La Fiscalía de La Vega informó que en el operativo en el que fueron detenidos el regidor del PRM, José Miguel López Pilarte, su padre Miguel Lopez, su hermano Miguel Arturo López Pilarte y José Antonio Román y Ada María Pilarte también fueron confiscados dos helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles, valorados en cientos de millones de pesos y que se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad del señor Miguel López.

En las redes sociales se muestra al joven regidor exhibir al menos tres carros Porsche y un McLarens con la placa M.López y un helicóptero matrícula N130LG con el mismo letrero M. López en la parte superior.

Indica el Diario Libre que los autos expuestos en las fotos son dos Porsche 911 y un McLarens 720. En otra imagen se muestra un Porsche Panamera.

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes en La Vega a cinco personas, entre ellas a un regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a quienes acusan de lavado de activo producto del narcotráfico.

Se trata de José Miguel López Pilarte, hijo de la candidata a diputada por el PRM en La Vega, Amalia Pilarte.

Además, fue apresado el padre del edil, Miguel Arturo López, de 50 años de edad, quien, de acuerdo a lo informado por la fiscal titular de este distrito judicial, Clara Luz García Martínez, es el cabecilla de una red de lavado de activos, producto del narcotráfico y que realizó movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

Los demás detenidos son Miguel Arturo López Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte.

La magistrada García Martínez indicó que durante las pesquisas se ha podido determinar que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban además al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$3,168,764,813.00.

De igual forma, utilizaban a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales también se encuentra su otro hijo Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.

El Ministerio Público informó que a Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año, luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga. Martínez Javier permanece prófugo y fue declarado en rebeldía por orden judicial.

Con relación a la dirigente perremeísta, Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel López, se ha establecido durante las pesquisas que realizó transacciones financieras que ascienden a la suma de $2,593,377,316.00, evidenciándose que también forma parte esencial de la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

En la investigación, indicó el Ministerio Público, se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).

Además, alega que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.

El Ministerio Público informó que los imputados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y se solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción correspondiente.

FUENTE: Diario Libre

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Procuraduría dice indaga supuestas irregularidades en allanamiento realizado a oficina de Abel Martínez

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento realizado la mañana de este viernes en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que opera la oficina política delalcalde de esa ciudad.

El inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El allanamiento se realizó con una orden expedida por Cirilo Salomón, juez de la instrucción de este distrito judicial.

El alcalde Abel Martínez Durán denunció supuestas irregularidades en el procedimiento, una denuncia que busca esclarecer el inspector Medina de los Santos.

El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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