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Los helicópteros y autos confiscados al regidor del PRM en La Vega y a su padre

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La Fiscalía de La Vega informó que en el operativo en el que fueron detenidos el regidor del PRM, José Miguel López Pilarte, su padre Miguel Lopez, su hermano Miguel Arturo López Pilarte y José Antonio Román y Ada María Pilarte también fueron confiscados dos helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles, valorados en cientos de millones de pesos y que se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad del señor Miguel López.

En las redes sociales se muestra al joven regidor exhibir al menos tres carros Porsche y un McLarens con la placa M.López y un helicóptero matrícula N130LG con el mismo letrero M. López en la parte superior.

Indica el Diario Libre que los autos expuestos en las fotos son dos Porsche 911 y un McLarens 720. En otra imagen se muestra un Porsche Panamera.

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes en La Vega a cinco personas, entre ellas a un regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a quienes acusan de lavado de activo producto del narcotráfico.

Se trata de José Miguel López Pilarte, hijo de la candidata a diputada por el PRM en La Vega, Amalia Pilarte.

Además, fue apresado el padre del edil, Miguel Arturo López, de 50 años de edad, quien, de acuerdo a lo informado por la fiscal titular de este distrito judicial, Clara Luz García Martínez, es el cabecilla de una red de lavado de activos, producto del narcotráfico y que realizó movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

Los demás detenidos son Miguel Arturo López Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte.

La magistrada García Martínez indicó que durante las pesquisas se ha podido determinar que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban además al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$3,168,764,813.00.

De igual forma, utilizaban a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales también se encuentra su otro hijo Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.

El Ministerio Público informó que a Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año, luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga. Martínez Javier permanece prófugo y fue declarado en rebeldía por orden judicial.

Con relación a la dirigente perremeísta, Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel López, se ha establecido durante las pesquisas que realizó transacciones financieras que ascienden a la suma de $2,593,377,316.00, evidenciándose que también forma parte esencial de la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

En la investigación, indicó el Ministerio Público, se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).

Además, alega que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.

El Ministerio Público informó que los imputados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y se solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción correspondiente.

FUENTE: Diario Libre

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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