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Panorama

Ministra de la Juventud denuncia es víctima de supuesto chantaje

Robiamny Balcácer dice condena a esa institución por deuda se encuentra en revisión y que está en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016

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El Ministerio de la Juventud acusó a la empresa Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT) de tener una supuesta actitud chantajista con el proceso del cobro de una deuda y cuya condena está en revisión en el Tribunal Superior Administrativo.

Afirma que los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana, representantes de Elby-Ramón Cabrera Herrera, propietario de la citada compañía, intentan obligar al Ministerio de la Juventud a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que lo enfrenta con esa institución en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016.

“El presidente de la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados vienen realizando una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la Ministra como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente”, indican.

En una comunicación de prensa, explica que este contexto, la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, anuncia, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de la Ministra de la Juventud, con el burdo interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, y de paso intentar que la Ministra ceda a sus pretensiones, afectando su reputación.

El Ministerio de la Juventud desmiente que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica.

Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados.

Para edificación de la opinión pública, el Ministerio de la Juventud aclara que este caso es contra la institución, no contra la Ministra Robiamny Balcácer, como ellos han colocado en algunos medios.

Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013.

Empero en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.

Con la intención de dar solución a la reclamación, tal como ha sido la práctica de esta gestión de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno.

En base al principio de Continuidad del Estado, y luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago de la misma, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos.

En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, por una cesión de créditos al Banco del Progreso, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.

El Ministerio de la Juventud y su ministra han actuado apegados a las leyes y en defensa del patrimonio público.

Nunca se ha tenido la intención de no pagar, sino que, como manda la Ley, el pago se realice en base al soporte irrefutable del servicio prestado.

El caso en cuestión está en manos de la Justicia y allí hemos acudido, para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión.

Panorama

Caso Jet Set: Juez rechaza nueva vez reproducir testimonio de Gregory Adames

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El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó su decisión de no permitir la reproducción del testimonio como testigo de Gregory Adames durante la audiencia preliminar seguida a los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado consideró que la audiencia preliminar no puede convertirse en un «juicio anticipado», advirtiendo que permitir el interrogatorio de testigos en esta etapa desnaturaliza la función del juez de instrucción. El juez señaló que en la audiencia pueden hablar las víctimas en el momento en que sus abogados lo requieran.

Mejía explicó, en un lenguaje llano dirigido tanto a las víctimas como a los imputados, que su rol actual es realizar un juicio de valor sobre la acusación y no sobre el fondo de las pruebas testimoniales.

«La norma establece que el juez debe velar para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones propias del juicio. Si se reproducen los testigos, se está convirtiendo en un juicio anticipado», acotó el juez, citando el artículo 305 del Código Procesal Penal.

El magistrado recordó que la jurisprudencia dominicana y la Corte de Apelación han sido reiterativas al establecer que la valoración de testimonios y cuestiones de fondo le corresponden exclusivamente al tribunal de juicio, no a la etapa preparatoria.

Un proceso en «tiempo récord»
Ante las quejas sobre la duración del proceso, el magistrado aclaró que, al tratarse de un caso de tramitación compleja, los plazos se duplican.

Afirmó que, a pesar de la cantidad de personas involucradas, el tribunal ha avanzado con celeridad desde que fue apoderado en enero.

Calificó el ritmo actual como un «tiempo récord» para este tipo de expedientes, que suelen durar hasta dos años en la fase de instrucción.

Tras analizar los planteamientos de la defensa y la querella, el tribunal rechazó el recurso en cuanto al fondo, confirmando la decisión de no escuchar testimonios en esta fase.

Finalmente, el magistrado recordó que el señor Adames, quien figura tanto como víctima como testigo, tendrá su oportunidad de declarar en calidad de víctima si sus abogados así lo estiman, pero nunca bajo las reglas de producción de prueba testimonial propias de un juicio de fondo.

Vía Listín Diario
Ramón Cruz Benzán

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Dictan tres meses de prisión preventiva a 7 motoristas por muerte de chofer en Santiago

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El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Rafael De Azis Burgos, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción para los siete motoristas imputados en el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada.

La víctima, quien fue atacada con un arma blanca hasta infrigirle una puñalada, que provoco su muerte tras ser perseguida hasta el parqueo del Palacio de Justicia de esa ciudad.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Estos fueron enviados a diferentes cárceles del país mientras se desarrolla las disitintas fase del proceso judicial

La decisión del juez se basó en el pedido del Ministerio Público, que le imputa a los implicados de formar parte de una «manada criminal» de motoristas.

Se les imputa la asociación de malhechores, persecución y asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue atacado con un cuchillo de caza de 12 pulgadas.

La víctima, conductor de un camión recolector de basura, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, luego de intentar refugiarse en el Palacio de Justicia de Santiago para salvar su vida, lo cual resultó infructuoso.

Pruebas clave del Ministerio Público
El Ministerio Público de Santiago cuenta con más de 50 pruebas que incluyen testimonios, documentos y materiales, entre los que destaca un cuchillo de caza de 12 pulgadas, presuntamente utilizado por el prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz, quien estaría vinculado directamente al crimen. Según las investigaciones, este cuchillo fue utilizado para asestar las fatalidades a la víctima.

La Fiscalía también presentó pruebas como el acta de inspección en el lugar del crimen, donde fue encontrada una motocicleta de propiedad del prófugo, que coincide con las imágenes de los videos de seguridad durante la persecución.

Además, el acta de levantamiento del cadáver confirma que las heridas fatales fueron provocadas con un arma blanca tipo cuchillo.

El prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz sigue sin ser capturado
El principal implicado en este crimen, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, sigue prófugo.

Se le señala como propietario de la empresa Inversiones Metz, con la que la víctima habría tenido un primer incidente tras un roce entre la motocicleta de Metz Cruz y el camión recolector de basura que conducía Abreu Quezada.

Este incidente desencadenó la persecución mortal en la que participaron otros motoristas.

El Ministerio Público ha argumentado que desde el inicio de la persecución existió un «concierto de voluntades» entre los imputados con el propósito de asesinar a Deivy Carlos Abreu Quezada, lo que hace corresponsables a todos los implicados.

Solicitudes de medida de coerción
La medida de coerción fue pospuesta previamente, debido a que algunos abogados defensores alegaron no haber recibido el expediente completo, lo que retrasó el análisis del caso.

El juez Rafael De Azis Burgos había previsto originalmente conocer la solicitud este lunes, pero accedió a extender el plazo para permitir que los abogados estudiaran el caso y prepararan sus defensas.

El Ministerio Público continúa trabajando en la recopilación de evidencias que fortalecen su acusación, mientras que las autoridades siguen en la búsqueda del prófugo Jhovanny de Jesús Metz Cruz.

Investigación continúa en el caso de la «manada criminal» de motoristas
Este caso ha generado gran atención en la región, pues se ha calificado como un ataque brutal y organizado por parte de una «manada criminal» de motoristas.

La Fiscalía de Santiago insiste en que todos los implicados deben ser considerados responsables por su participación activa en los hechos que llevaron a la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada.

Vía Eldia.com.do

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