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Limber Cruz: “Gobierno extenderá la mano a sector bananero”

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El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó en la provincia Valverde que el gobierno del presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para impulsar la industria bananera dominicana y mantener el país en el primer lugar en exportaciones de ese rubro.

Durante un conversatorio con miembros de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), el titular de la entidad conoció el estado actual y las propuestas para mejorar el sector.

Aseguró que, en próximos meses, acondicionará mil kilómetros más de caminos interparcelarios, muchos de los cuales serán asfaltados con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

“Estamos aquí por la importancia de este sector. El presidente Luis Abinader está diariamente interesado en saber cómo va caminando el sector bananero. Él quiere que en menos de un mes se le haga un informe sobre la realidad y las soluciones de este sector. Estamos aquí hoy porque sabemos dónde estamos, sabemos lo que hay que hacer y tenemos los conocimientos para impulsar este sector que tanto lo necesita la República Dominicana”, sostuvo el ministro.

En lo que respecta a la escasez de agua que afecta a las siembras de banano en Mao y otras zonas productoras, Limber Cruz informó que el plan de Gobierno incluye la construcción de varias presas para regular el flujo del agua de los ríos y garantizar el vital líquido en tiempos de sequía.

Dijo que, como medida a corto plazo, el Ministerio adquirió tres máquinas perforadoras de pozos nuevas y otras tres están en reparación.

Adelantó que la meta es que, para el mes de marzo del próximo año, cada regional de Agricultura cuente con una de estas tecnologías para que no falte agua en los cultivos.

Agregó que “el agua es vital en la producción, por tanto, es uno de los ejes fundamentales de nuestras ejecuciones y, además, dotar de la capacitación técnica y los equipos necesarios para el mejoramiento del sector”.

En el encuentro los productores de banano plantearon al ministro los desafíos del sector, entre los que están factores internos y cambios externos de los mercados.

Indicaron como posibles propuestas la aplicación de buenas prácticas agronómicas, el acceso a créditos, facilidades técnicas para enfrentar los embates de eventos meteorológicos y cambio del régimen arancelario para mejorar la competitividad de las exportaciones.

Líder mundial
República Dominicana es el mayor productor de banano orgánico, representando más del 60 por ciento de la producción mundial, para un consumo aproximado de dos mil millones de unidades al año. En 2018, las exportaciones generaron 262 millones de dólares

La zona de producción se concentra en Montecristi, Valverde, Santiago y Azua. En la actualidad, el país destina 320 mil 736 tareas al cultivo de banano para exportación, 80 por ciento de los cuales es orgánica y 20 por ciento es convencional.

Adobanano es la entidad rectora responsable de la producción y exportación de banano de calidad. Está compuesta de mil 850 socios, 30 asociaciones, 28 empresas, 33 productores independientes, 23 exportadores y dos viveros.

En el encuentro participaron la gobernadora de Valverde, Daysi Aquino; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el senador Eddy Nolasco, empresarios, productores, agricultores, entre otros.

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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